Además, el llamado “corredor de la violencia” o “de la muerte” se prolongó desde Acapulco hasta Huitzilac, a pocos kilómetros de la Ciudad de México. Por esa zona, Los Rojos y Guerreros Unidos transportan droga, según el Atlas de la Seguridad y la Violencia (ASV) realizado por la UAEM y el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (Casede).
El 19 de enero, el gobernador Graco Ramírez se desplazó hasta la Ciudad de México para lanzar, desde ahí, el mensaje de que Morelos está tranquilo. Por alrededor de 65 mil pesos rentó un salón en el lujoso hotel St. Regis y acarreó a un numeroso grupo de reporteros de su entidad sólo para que el fiscal Javier Pérez Durón leyera una presentación –en Power Point– acerca de la investigación sobre el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota, y para que el mandatario hiciera una declaración sin permitir preguntas.
Vera Jiménez, en cambio, asienta que Morelos está muy lejos de la tranquilidad que Ramírez presume. De acuerdo con estudios realizados por la UAEM, indica, 30% de las familias morelenses desea mudarse a sitios más seguros.
Con base en un análisis de los datos y encuestas compendiados para el ASV, el académico señala que muchos de esos núcleos familiares reportan que la situación en Morelos ha empeorado durante la administración actual y que los delitos no se reportan por falta de confianza en las autoridades.
“La información que tenemos no coincide con lo que dice el señor gobernador”, zanja el rector.
Instituciones rebasadas
El doctor Vera Jiménez es el único rector de todo el país que –a su pesar, puntualiza– tiene una escolta de 10 militares que se desplazan en dos unidades artilladas. Las amenazas de muerte en su contra se han multiplicado en los últimos días, luego de que encabezara diversas protestas contra el gobierno de Graco Ramírez.
Vera Jiménez es un académico que ha denunciado la situación en Morelos. Es responsable del proyecto de investigación Diagnóstico estatal de la percepción ciudadana sobre la violencia, la delincuencia, la inseguridad y la dinámica social e institucional, financiado por los Fondos Mixtos del Conacyt.
En los últimos años ha asumido un papel importante en el movimiento ciudadano que pide un alto a la violencia y la inseguridad en Morelos. Él mismo, sus parientes y amigos han sido víctimas de múltiples ataques y amenazas de muerte.
Sólo el año pasado el académico sufrió dos atentados; una de sus hijas recibió amenazas de secuestro de gente relacionada con la Fiscalía General del Estado; María Elena Ávila Guerrero, esposa del rector, fue perseguida por un vehículo sin placas y con vidrios polarizados, que permaneció estacionado afuera de su casa, y un grupo de desconocidos irrumpió en su hogar, amedrentando a su familia, que en otras ocasiones ha sido agredida telefónicamente.
En septiembre, la procuradora general de la República, Arely Gómez, ordenó que se investigaran las agresiones contra Vera, luego de la denuncia pública que hiciera en una conferencia de prensa.
Los estudiantes y trabajadores de la universidad también han padecido la inseguridad. Se tienen registrados 11 levantones de alumnos, además del de Isaac Rivera, sobrino del secretario general del sindicato de la UAEM. Y ahí no acaba: han sido intimidados 71 miembros del Consejo Universitario.
Paralelamente, Vera Jiménez advierte que el crimen alcanzó a la fiscalía y al Mando Único, ya que elementos de ambas instituciones están involucrados en secuestros y asesinatos.
“Lo que veo es que la fiscalía ha sido la constante en todos los problemas y escándalos que se han suscitado en materia de seguridad. Por ejemplo, ya se está difundiendo la información de que un policía ministerial estuvo vinculado con el asesinato de la alcaldesa de Temixco. También comenzamos a ver cómo personal del Mando Único ha violado derechos humanos y perpetrado hechos delictivos, por ejemplo robo a cajeros de bancos y otros delitos”, sostiene en entrevista.
Explica que un ejemplo de “la fuerte descomposición en la fiscalía” se vivió en Tetelcingo, donde personal de esta institución enterró de manera irregular más de 100 cadáveres en una fosa común.
Este hecho dejó en claro los problemas en el proceder de esa institución, pues a la fecha no se sabe a cabalidad quiénes están inhumados ahí. La dependencia tampoco ha dejado que ingresen especialistas de la universidad para que ayuden en la identificación de todos los cuerpos. En una de esas fosas estaba el cuerpo del joven Oliver Navarrete, víctima de secuestro.
“Vemos una descomposición social muy fuerte, en la procuración de justicia y en los agentes policiacos. La estrategia puede ser buena con el Mando Único, pero sin que desaparezcan las policías de proximidad. El problema es que estas policías no son inmunes a las presiones, extorsiones y a las solicitudes que se hacen desde la delincuencia organizada para corromperlas y tener ciertos espacios y márgenes de maniobra.”
El rector destaca que hay un grave problema de corrupción e infiltración del crimen organizado entre los políticos locales: “Tenemos el caso del anterior presidente de la comisión de Educación (del Congreso local), Alfonso Miranda, a quien se le acusó pero no se le detuvo porque tenía fuero –y no se le quitó–. Ahora ya no lo es, pero tampoco lo han detenido y ni lo han llamado a rendir cuentas. Entonces parece ser que sólo se trata de un golpeteo político”.
Miranda ha sido investigado por presunto desvío de recursos públicos y nexos con el crimen organizado. Es primo de Santiago Mazari Miranda El Carrete, líder de Los Rojos.
–¿La gente cada vez recibe más los embates de la violencia y la inseguridad? –se le pregunta.
–Sí, hace poco vimos el caso de una persona que fue desmembrada en vida, algo que nos llena de indignación y horror. Es un acto de barbarie en donde se pierde todo lo que de humanidad tenemos, y eso circula en redes, en los medios. También está la ejecución de dos niños. Los ciudadanos nos sentimos aterrorizados.
–¿El gobierno de Graco Ramírez está rebasado?
–Yo creo que sí, era muy iluso esperar que con su llegada las cosas iban a cambiar, cuando los problemas tienen profundas raíces estructurales y se vinculan con un modelo político y económico fallido. Él puede hacer sus mejores esfuerzos, pero está claro que hoy el Estado sirve a los intereses del capital, venga de donde venga.
Y las instituciones de procuración de justicia no se salvan, expresa.
En el caso de la presidenta municipal de Temixco asesinada en su casa, el rector manifiesta su extrañeza porque no se le haya protegido pese a ser del mismo partido del gobernador, sobre todo por el antecedente de que 12 candidatos a munícipes habían sido amenazados en sus campañas.
“Por eso los ciudadanos cada vez nos sentimos más atemorizados y vulnerables. El Mando Único no tuvo la capacidad de hacer un trabajo de inteligencia para cuidar a los munícipes y dejó sola a una de las alcaldesas de una de las demarcaciones más violentas. Esto quiere decir que las instituciones encargadas de dar seguridad pública están rebasadas”, resume.
Al respecto, recuerda que fueron los familiares de Gisela quienes persiguieron a los delincuentes y los detuvieron con la ayuda de una patrulla municipal. Por esto, dice, los padres de la política están indignados, porque no es cierto que se haya puesto en acción un dispositivo de seguridad del Mando Único, sino que fueron ellos los que corretearon y agarraron a los asesinos.
El corredor de la muerte
Uno de los descubrimientos del estudio realizado por la UAEM y el Casede es el llamado “corredor de la muerte” que se inicia en Acapulco, pasa por Iguala y Cuautla y llega hasta la zona oriente de Morelos, próxima al Distrito Federal y el Estado de México. Se trata de una ruta que se disputan Los Rojos y Guerreros Unidos.
“Morelos es parte del trasiego, de las rutas de la criminalidad. Después de que cayeron los Beltrán Leyva el cártel se desmembró y las células empezaron a pelear por el control de la droga. Y también somos el paso obligado de otras bandas delictivas que vienen de otros estados”, detalla el rector.
Advierte que en ese corredor ocurrió la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, y antes de que sucediera esa tragedia, la UAEM y el Casede entregaron el ASV al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, porque Graco Ramírez se negó a recibirlo.
“Le dimos la información al gobierno del estado y lo único que hizo fue bloquearnos. El gran problema, entonces, es que se desestiman las cifras, los estudios serios, y se toma la palabra de las autoridades que dicen que todo está bien”, reitera.
Otro dato importante del ASV está relacionado con el cambio de hábitos de los jóvenes a raíz del crecimiento de la inseguridad en el estado.
“Tanto en Cuernavaca como en Cuautla, por ejemplo, 51% de los jóvenes encuestados dicen ‘evitar salir de noche’, un dato razonablemente más alto que el de la media nacional, que es de 38.3%. Además, casi 42% de los muchachos de Cuernavaca declaran que ahora saldrían con precaución, y 36.7% da esa respuesta en Cuautla. Es de llamar la atención que en Cuautla hay 2.7% de menores que, ahora, asegura ‘salir con armas’ para evitar ser víctima de la delincuencia”, se señala en el estudio.
–¿Hay mucha corrupción? –se le inquiere.
–Sí. Por ejemplo, Los Rojos y Guerreros Unidos se siguen peleando, y a pesar de que se han instalado espectaculares y dispositivos para agarrar al líder de Los Rojos, no lo hacen. La gente dice que El Carrete llegó a comer a cierto lugar o que lo vieron entrevistándose con otra gente, y lo siguen dejando libre.
–¿Hacia dónde cree que va Morelos?
–Mientras se sigan desestimando las cifras, no se le va a dar la importancia que tiene. El mensaje que dio el gobernador para difundir el Mando Único es la muestra de que la situación es grave; si no, no hubiera necesidad de sacar un decreto. La situación es delicada.
El plantón
El jueves 4 el rector inició un plantón permanente en el Zócalo de Cuernavaca en demanda de mayor presupuesto estatal para la universidad. Además, tras encabezar la Marcha de la Dignidad –a la cual asistieron miles de estudiantes, trabajadores, profesores e investigadores– lanzó una fuerte crítica a la creciente inseguridad en la entidad y calificó de fracaso la estrategia gubernamental de combate a la violencia.
Dos días después el gobierno federal le puso una escolta de 10 soldados de la 24 Zona Militar, que aceptó pues los escoltas que le había asignado el anterior gobernador (José Antonio Adame) fueron desarmados por órdenes de Graco Ramírez.
El rector explicó que aceptaba la seguridad militar –con la condición de que estuvieran lejos del plantón–, porque después del asesinato de la presidenta municipal de Temixco no puede menospreciar las amenazas de muerte que le han hecho desde hace tiempo.
Uno de estos amagos, según le confiaron al rector desde septiembre del año pasado, provino de agentes de la Fiscalía General del Estado. Ocurrió luego de que la UAEM empezó a dar asesorías a los pueblos que rechazan el Proyecto Integral Morelos, que incluye la construcción de un gasoducto, un acueducto y dos plantas termoeléctricas.
“Me hicieron saber que un escolta militar me iba a estar resguardando porque había un rumor de que algo podía sucederle a mi persona. El sábado llegó un teniente del Ejército a la reunión donde estaba, que ellos tenían un rumor y que no querían correr riesgos”, relata el único rector de todo el país que cuenta con resguardo militar.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JOSÉ GIL OLMOS.
LINK: http://www.proceso.com.mx/431651/dejar-en-borrador-lo-graco-se-niega-a-ver
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