• Auditoría Superior de la Federación (ASF).
• Banco de México (Banxico).
• Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
• Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
• Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
• Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
• Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
• Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
• Instituto Nacional Electoral (INE).
• Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).
• Tribunales Agrarios (TA).
• Universidades Públicas (UNAM y UAM).
La euforia por las autonomías y el abuso que se ha hecho de ellas representan un serio peligro para la estructura y estabilidad del Estado mexicano, el cual se constituye de tres grandes poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. La creación de tantos órganos autónomos ha dado la pauta para pensar en la existencia de un nuevo poder, grande y todopoderoso, constituido por los mismos.
Si seguimos por ese camino está en riesgo el funcionamiento y equilibrio del Estado mexicano, pues significaría quitarle a éste responsabilidades sustantivas y debilitar la estabilidad y el equilibrio de los tres Poderes de la Unión.
Si desmembramos la estructura originalmente creada para la formación del Estado, ésta podría ser afectada por un conglomerado de órganos autónomos especializados, agrupados en una nueva forma de organización política, lo que crearía una enorme confusión en la concepción de aquél, en su organización, en sus límites de acción y en sus pesos y contrapesos.
Ante esta situación surge un gran cuestionamiento: ¿Los órganos autónomos han cumplido razonablemente con los objetivos para los que fueron creados? La respuesta no es simple, es compleja, ya que la evaluación de su desempeño debe ser individual e independiente.
Los órganos en cuestión deben evitar, o erradicar si ya existen, las malas prácticas que desvirtúan la razón de su creación y ponen en entredicho su permanencia. A continuación se señalan de forma enunciativa, pero no limitativa, una serie de malas prácticas, a saber:
Malas prácticas
1.- Dictaduras personales en lugar de democracia y liderazgo.
2.- Elaborar códigos de ética profesional laxos y permisivos.
3.- Favorecer a políticos, partidos y empresarios poderosos por el simple hecho de serlo.
4.- Ocultar, modificar y manipular los resultados derivados de la actividad institucional a cambio de un conveniente intercambio de complacencias.
5.- Acordar indebidamente apoyos con partidos políticos, legisladores y servidores públicos para ser elegidos o reelegidos, a cambio de generar acciones laxas que los beneficien.
6.- Colusión con otras personas para cometer delitos que afecten el patrimonio institucional.
7.- Negociar los resultados derivados de las actuaciones institucionales autónomas por favores, prebendas y dinero.
8.- Aprovechar el prestigio institucional para favorecer negocios y concesiones irregulares de carácter profesional y personal.
9.- Hacer negocios indebidos con recursos públicos de la institución con el fin de beneficiar a políticos, partidos, servidores públicos, empresarios, familiares, amigos y cómplices.
10.- Realizar construcciones de obra pública innecesarias, buscando el prestigio personal y el beneficio económico.
11.- Vender la eliminación de observaciones y de resultados negativos resultantes de las revisiones de las materias especializadas.
12.- Obtener por medios ilícitos la firma de dictámenes, evaluaciones e informes favorables de los revisores.
13.- Nombrar a los contralores internos y a los auditores externos por amiguismo, recomendación, influencia o componenda.
14.- Adquirir bienes y pagar servicios personales propios con recursos públicos de las instituciones.
15.- Despedir al personal que no acepta cometer actos indebidos y ser cómplice de delitos.
16.- Convertir las oficinas en fortalezas inexpugnables que reflejan inseguridad personal y temor a la interrelación con las personas de la organización y de la población en general.
17.- Invertir en blindajes innecesarios de oficinas y vehículos para mandos superiores y familiares.
18.- Contratar seguridad personal y familiar injustificada pagada con recursos públicos.
19.- Utilizar a la institución como agencia de colocaciones o bolsa de trabajo para dar empleo a amigos, familiares y recomendados.
20.- Relaciones sentimentales personales que se incorporan o forman parte de la organización y que son favorecidas con cargos, niveles, viajes y prestaciones económicas injustificadas, que violentan las normas y crean un flagrante conflicto de intereses.
¿Cuáles y cuántos órganos autónomos pueden sostener que no tienen alguna o algunas de las malas prácticas señaladas? Creo que muy pocos o ninguno. Una evaluación realizada con independencia, con rigor y con la metodología pertinente arrojaría luz sobre la realidad de sus comportamientos.
El cumplimiento de los objetivos de creación de los órganos autónomos no debe depender de concesiones graciosas ni de voluntades discrecionales de sus miembros, sino de mecanismos de evaluación permanentes que vigilen su desempeño y su rendición de cuentas. Para ello, se requiere que el Poder Legislativo apruebe políticas públicas en materia de vigilancia y evaluación del cumplimiento y desempeño de las instituciones autónomas. El caso de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación en la Cámara de Diputados es un buen ejemplo de mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas de un órgano autónomo, que podría ser replicado para la vigilancia de todas las instituciones autónomas.
Todos los órganos autónomos y sus miembros deben entender que no son una casta divina apartada o ajena al sistema político mexicano, alejados de las prioridades del Estado y de las necesidades de la población. Deben tener siempre presente que su camino, comportamiento, actuación y desempeño tendrán que estar regidos por las políticas y los principios siguientes: la rendición de cuentas será pública, porque públicos son los recursos que se manejan y pertenecen a todos los mexicanos; la transparencia y la rendición de cuentas no son concesiones graciosas de los gobernantes, sino una responsabilidad ética y moral que nadie puede eludir; no deben trabajar por consigna, con menú a la carta, para favorecer o afectar intereses personales o de grupo; y por último, habrán de aceptar que el país es de todos y no patrimonio particular de nadie.
El único compromiso de los órganos autónomos debe ser con México y con la verdad, porque México lo exige, porque México lo necesita y porque México se lo merece.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ARTURO GONZÁLEZ DE ARAGÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429268/organos-autonomos-malas-practicas
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