“Yo ofrecí lo que ellos quisieran, y si querían yo me entregó con tal de que ellos regresen. Si nos debemos de entregar los cinco padres, lo haremos. Ya lo hemos platicado, sin remordimiento a nada ni a nadie, y lo que ellos (los captores) quieran. Si quieren a los cinco padres, los cinco nos entregamos”, narra vía telefónica Bernardo Benítez, padre de Bernardo Benítez Arroniz y tío de José Benítez, dos de los jóvenes desaparecidos.
Señala, asimismo, que ante el estado de anarquía y la falta de resultados que vive el estado, “tenemos que acudir a cualquier cosa”, por lo que si el “cambio” resuelve la aparición de sus muchachos, no dudaría en “entregarse”.
El pasado 27 de enero la Fiscalía General del Estado (FGE) y su directora de investigaciones ministeriales, María del Rosario Zamora, informaron a los padres que hubo una inspección ocular en el rancho “El Limón” de Tlalixcoyan –de donde se extrajeron vestimentas que están siendo analizadas–; que se realizó otra diligencia de la Gendarmería Nacional en la comunidad de Vicente en Oaxaca, muy cerca de Tuxtepec, y que el fin de semana “se peinó” el municipio de Tierra Blanca, sin resultados concretos.
“El jueves ya nadie llamó. El viernes ni el MP (agente del Ministerio Público) llegó. Desgraciadamente no tenemos ninguna información, ya nadie se comunica, ya no sabemos ni qué pensar, hay momentos en que sentimos que empiezan a bajar los brazos o que no nos quieren decir”.
Bernardo Benítez asegura que el ambiente en las afueras del Ministerio Público de Tierra Blanca –donde permanecen resguardados los padres de los cinco jóvenes ‘levantados por policías estatales– es cada vez de mayor desolación, desesperación, impotencia y frustración.
“Aunque pudiéramos salir de aquí, no somos investigadores, no somos ni de la ciudad de Tierra Blanca. ¿Dónde empezamos a buscar? Si solo sabemos que se los llevaron policías estatales. Créame que hay mucha impotencia y tristeza”, dice el padre de Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años de edad, quien desapareció junto con su primo José Benítez de la O, de 24; Mario Arturo Orozco Sánchez, de 27; Alfredo González Díaz, de 25, y Susana Tapia Garibo, de 16.
Destapando la cloaca…
En el primer mes de 2016 se contabilizaron 30 ejecuciones del norte al sur de Veracruz, diez de las cuales ocurrieron de forma sistemática en las inmediaciones de Xalapa (Emiliano Zapata y Banderilla) entre el sábado 23 y martes 26, sin contar los restos humanos de 12 personas localizados en una fosa-basurero del municipio de Emiliano Zapata, más las bolsas con restos humanos de tres personas halladas en el municipio de Maltrata.
Frente a ello, salta a la vista la incompetencia de los cuerpos de seguridad pública y procuración de justicia, que continúan inmersos en un proceso de depuración de sus elementos.
En la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) ya fueron dados de baja 3 mil 900 policías, según cifras de su titular, Arturo Bermúdez Zurita, pero sólo 186 de esos elementos fueron puestos a disposición de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) por presuntos vínculos con el crimen organizado, de acuerdo con la página de transparencia de la dependencia federal.
En lo que va del sexenio, en la FGE se ha reportado 370 bajas, según la solicitud de información 00124615 en poder del reportero.
Los despidos y renuncias incluyen a 44 agentes del Ministerio Público y ocho subprocuradores, 23 peritos –entre criminalistas y forenses–, 41 policías ministeriales, seis elementos de la Policía Ministerial Acreditable y 18 de la extinta Agencia Veracruzana de Investigaciones (AVI), entre ellos el jefe de grupo de la AVI y otros empleados administrativos.
A una veintena de esas personas se les fincó un Procedimiento Administrativo de Responsabilidad, y la consignación de los mismos se mantiene en secreto.
Entre las bajas mencionadas destacan las de Bertoldo Reyes Campuzano y Jorge Yunis Manzanares, presuntamente involucrados con el crimen organizado, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10 (Proceso 1881), así como la de Fernando Vázquez Maldonado, señalado por madres de desaparecidos por “entorpecer” las investigaciones.
Una renuncia “sui generis” fue la del exsubprocurador Arturo Herrera Cantillo, quien dimitió al cargo dos días después de dar parte a la prensa sobre la existencia de una narcofosa en el rancho “El Diamante” del municipio de Tres Valles, muy cercano a Tierra Blanca.
En esa numeraria, contenida en la solicitud de transparencia que hizo este reportero, se añade que cinco elementos de la FGE fueron dados de baja por presentar documentos falsos –no especificaron quienes–, 11 porque no aprobaron los exámenes de control y confianza, y 17 servidores públicos de la Fiscalía fueron despedidos porque ya no se presentaron a trabajar. Uno dio positivo en consumo de drogas.
El negro historial de Marcos Conde…
La desaparición de los cinco jóvenes oriundos de Playa Vicente se convirtió en un escándalo que acaparó la atención de la prensa nacional, pero también reavivó otras desapariciones forzadas ocurridas hace dos años en la región de La Antigua y el Sotavento, donde Marcos Conde –exdelegado de la SSP, hoy en la cárcel por su presunto involucramiento en la desaparición de los cinco jóvenes en Tierra Blanca– fungió como el máximo mando policiaco en 2012 y 2013.
El pasado 25 de enero, medio centenar de familiares de personas desaparecidas –entre ellos policías municipales ‘levantados’ por policías estatales– tomaron las instalaciones de la FGE para exigir la renuncia del titular de la SSP, Arturo Bermúdez Zurita, y para cuestionar la poca eficacia del fiscal Luis Ángel Bravo Contreras, tanto en la consignación de policías involucrados en desapariciones, como en los nulos resultados para encontrar a sus seres queridos.
Martha González, quien busca a su hijo Luis Alberto González, y Rosario Sayazo, que lucha para localizar a su esposo, Juan Carlos Montero –ambos policías municipales ‘levantados’ en la comunidad El Arenal, en Ú
rsulo Galván– exigen a la FGE “investigar” al entonces delegado de la SSP en la región, Marcos Conde.
Y es que mientras Conde estuvo a cargo de la delegación de la SSP en esa región del Sotavento, el agente del Ministerio Público Investigador adscrito al programa “Veracruz Seguro”, Pedro Huesca Barrada, fue ‘levantado’ por policías estatales en abril 2013.
Además el reportero de nota roja del ‘Diario de Cardel’, Sergio Landa, se encuentra desaparecido desde enero de ese año, y el 1 de diciembre de 2012 también se dio a conocer la “desaparición forzada” de ocho jóvenes en la comunidad El Modelo, perteneciente a Úrsulo Galván. Los familiares responsabilizaron a policías estatales, cuyo jefe era Conde.
La protesta de familiares desaparecidos fue vistosa. Con lonas, mantas y cartulinas hicieron un tendedero gigante para “sellar” los accesos a la fiscalía, y muchos empleados administrativos no pudieron entrar al inmueble, hasta que llegó el titular Luis Ángel Bravo para recibir a los inconformes.
Pese a las aristas tangibles que ilustran que más de un centenar de elementos de la Policía Estatal Acreditable de Veracruz se divide entre servir a Los Zetas y al CJNG, por encima del interés ciudadano, el gobernador Javier Duarte se centra en su discurso triunfalista y de disculpas.
Por ejemplo, en su última rueda de prensa dijo que la lamentable desaparición de cinco jóvenes que venían de un fin de semana turístico en Veracruz-Boca del Río a manos de la policía era “una cosa que salió mal” por 99 cosas que se hacen bien.
Anteriormente Duarte se había quejado de que el aparato mediático se centrara en el tema de la violencia e inseguridad en la entidad. “No lo tomen como reclamo, porque luego dicen que Duarte regañó a la prensa, pero hoy en la mañana hablé con ustedes de siete u ocho temas. Les juego doble contra sencillo de que el tema mañana va a ser la inseguridad. El tema es tan morboso, es tan atractivo y recurrentemente atrae por el morbo, por eso les pido a mis amigos (de la prensa) que ampliemos nuestros horizontes”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: NOÉ ZAVALETA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/?p=428326
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