“Es evidente que el gobierno de Jaime Rodríguez no ha podido controlar la seguridad y mucho menos mantener el orden en los penales. Es importante que el Ejército tome el control. Lo estaremos solicitando al secretario de Seguridad Pública Cuauhtémoc Antúnez; serían las acciones más contundentes”, puntualizó el coordinador de la bancada panista en el Congreso local, Arturo Salinas.
De igual manera, demandó la destitución inmediata de la directora de reclusorios estatales, Gregoria Salazar, por no haber prevenido la tragedia.
“Queremos solicitar al responsable de los penales de Nuevo León, Manuel González (secretario general de Gobierno), la renuncia de Gregoria Salazar López. Es importante también pedirle al subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales, que inicie una investigación contra la misma funcionaria y los encargados de la seguridad y penales en la entidad, para determinar si hubo omisiones, complicidad o participación de ellos”, apuntó.
Por su parte, Marco González Valdez, coordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, exigió a ‘El Bronco’ que deje de hacer proselitismo en otras entidades y se concentre en evitar nuevos brotes de violencia como el que se registró en Topo Chico.
“Yo le pediría que por el bien del estado deje esas giras que está haciendo los fines de semana para promocionar cosas que no son inversiones para Nuevo León. No es para promocionar al estado, sino para autopromocionarse. Le pediría que sea gobernador y deje de ser candidato”, enfatizó.
El secretario general del Partido Verde en la entidad, Edgar Salvatierra, quien también demandó el regreso del Ejército a los penales, destacó que sucesos como el de hoy “deben hacer reflexionar al gobernador Jaime Rodríguez sobre la necesidad de atender la administración estatal de manera permanente y profesional, dejando de lado los viajes a otros estados para alardear sobre agendas personales que están muy alejadas de lo que verdaderamente le preocupa a los nuevoleoneses”.
Por separado, la hermana Consuelo Morales Elizondo, presidenta de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), pidió al gobierno estatal claridad en la aportación de datos sobre los cruentos hechos de esta madrugada, porque los familiares se mantienen en angustia permanente. Hasta ahora no tienen certeza sobre el destino de sus seres queridos, sostuvo.
“Es muy importante que el discurso de las autoridades vaya acompañado con hechos que puedan verificarse, donde la legalidad y el respeto a los derechos humanos sea el eje de todas estas acciones. Vale la pena recordar que la seguridad de las personas privadas de su libertad es responsabilidad total de las autoridades estatales, y por lo tanto corresponde a ellos una investigación y reparación del daño por todas estas vidas perdidas y lesiones infringidas”, añadió en conferencia de prensa.
A su vez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos dio a conocer que abrió una carpeta para determinar si las autoridades penitenciarias incurrieron en violación de las garantías individuales de los reos muertos y heridos.
La presidenta del organismo, Catalina Teresa Rivera Díaz, acudió al penal para realizar acciones urgentes de apoyo a los familiares de los internos afectados e inspeccionó el lugar donde ocurrieron los hechos.
Tras su visita a Topo Chico, Rivera Díaz tuvo que huir del lugar después de que un grupo de personas en el exterior intentó agredirla mientras le exigían información sobre los hechos.
Posteriormente se informó que los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Miguel Ángel Osorio Chong y Renato Sales Heredia, respectivamente, se han mantenido en contacto con el gobierno de Nuevo León y ofrecieron el apoyo necesario tras los “lamentables hechos” ocurridos en la penitenciaría de Topo Chico.
Por la mañana el gobernador Jaime Rodríguez informó que hubo 52 muertos en la riña que se suscitó al interior del reclusorio estatal. Sin embargo, en la tarde el jefe de la oficina del Gobierno, Miguel Treviño de Hoyos, precisó que la cifra había descendido a 49.
Anteriormente la masacre más numerosa ocurrió el 19 de febrero de 2012 en el penal de Apodaca, cuando 44 internos fueron asesinados. En esa ocasión otros 37 aprovecharon para fugarse.
En la pasada administración el Ejército tomó control de los tres centros penitenciarios estatales, luego de la depuración que se hizo entre los policías que cuidaban esos confinamientos, sin embargo, en fechas recientes los militares se retiraron y dejaron la tarea al gobierno estatal.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: LUCIANO CAMPOS GARZA.
FECHA: 12 FEBRERO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429796/piden-legisladores-que-el-ejercito-retome-control-de-penales-en-nuevo-leon
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