Trece años en los que el líder ultraconservador –financiado desde la Cámara de Diputados con recursos de la Secretaría de Salud (Ss)– siguió haciendo mal uso de los fondos públicos en total impunidad, a través de sus Centros de Ayuda para la Mujer (CAM), clínicas en las que se disuade a las mexicanas de ejercer su derecho al aborto legal.
En 2004, Cimac difundió los resultados de una auditoría ciudadana elaborada por seis grupos civiles al ejercicio de 30 mdp que Provida recibió de manera irregular de parte de la Ss en 2003.
En la revisión realizada por Equidad de Género, Salud Integral para la Mujer (Sipam), Fundar, Letra S, Consorcio para el Diálogo Parlamentario, y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) se documentaron –a partir de información de la propia Ss– los malos manejos que Provida hizo de los 30 mdp que recibió para la construcción de 10 CAM.
Entre las irregularidades descubiertas, las organizaciones civiles destacaron que 81.53% de los 30 mdp se destinó a “publicidad”, “mobiliario y equipo médico”, y sólo 3.53% de lo previsto (37 mil 825 mil pesos) fueron para “ayudar” a las mujeres.
En ese gasto se documentó la compra de plumas de lujo, ropa para caballero y dama en tiendas de prestigio (las polémicas tangas que captaron en su momento la atención de los medios de comunicación).
Pero ya desde 2003 se sospechaba del mal uso del presupuesto público por parte de la organización ultraconservadora.
Los mismos grupos civiles que realizaron la auditoría denunciaron ese año el contubernio de la Ss con la organización antiabortista, al considerar que desde el gobierno del entonces presidente panista Vicente Fox se evitaba que las mujeres ejercieran su derecho al aborto legal por violación.
También acusaron que Provida, además de atentar contra el derecho de las mexicanas a elegir libremente sobre su maternidad, lucraba desde entonces con recursos del erario que fueron aprobados por la Cámara de Diputados para atender el VIH/Sida.
Las organizaciones ciudadanas pusieron en la mira por su presunta complicidad al panista Luis Pazos, quien como presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara baja habría sido el artífice de un desvío de recursos públicos con fines privados, en clara violación a las disposiciones legales.
Hasta el entonces secretario de Salud federal, Julio Frenk, fue severamente cuestionado por el respaldo presupuestal a una organización contraria a las políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mexicanas.
Incluso otras investigaciones periodísticas advirtieron la posibilidad de que Provida estuviera involucrada en tráfico de niñas y niños producto de violencia sexual y abandonados por sus madres.
Y la mata dando
El escándalo desatado se quedó en denuncia mediática y ninguna instancia de gobierno se comprometió formalmente a esclarecer los hechos. Tanto Serrano Limón como Luis Pazos y la Ss se deslindaron de los señalamientos y desestimaron que se hubiera cometido algún desvío de recursos.
Por ello la Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó por 15 años a Jorge Serrano Limón, tras encontrar suficientes elementos que comprobaron el manejo irregular de recursos del erario.
En 2005, la SFP también ordenó al líder de Provida pagar como sanción económica 13 millones 237 mil 377 pesos, como parte del desvío de recursos que debían ser destinados a los CAM y que fueron utilizados para adquirir otros insumos.
Además, la dependencia anunció que tres funcionarios de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública, organismo desconcentrado de la Ss, habían sido destituidos.
Serrano Limón se amparó y el caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que un año después ratificó lo ordenado por la SFP.
No obstante, tras esos fallos en su contra, Serrano Limón volvió a estar en la mira judicial por otros desfalcos al erario con el argumento de “ayudar” a las mujeres.
En 2012, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Distrito Federal condenó a cuatro años de prisión a Serrano Limón, al hallarlo culpable de desviar 2 millones 496 mil 157 pesos, entregados como donación federal para el equipamiento de una decena de CAM administrados por Provida.
De acuerdo con la sentencia del proceso 156/2010, en lugar de adquirir aparatos de ultrasonido y ecosonido, Serrano usó el dinero para pagar una impresora térmica, un modular portátil, cables, galones de gel, rollos de papel, transporte, viáticos, teléfonos, luz, componentes, “cintas y confirmaciones”.
Se le impuso una multa por 14 mil 535 pesos y la reparación del daño, pero no fue encarcelado.
¿Justicia?
Se llegó así a la detención la víspera del dirigente de Provida, luego de que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales (SEIDF), dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), ejecutó una orden de aprehensión en contra de Serrano Limón por su presunta responsabilidad en el delito de peculado por 25 millones 764 mil 539.71 pesos.
Al revisar la ASF las cuentas de esa organización, detectó diversas irregularidades y faltas graves en el ejercicio de recursos que el gobierno federal le asignó para el equipamiento de los CAM.
Ante el presunto desvío de recursos públicos se inició la averiguación previa correspondiente por el delito de peculado, previsto en el artículo 223, fracción I, del Código Penal Federal.
Derivado de las indagatorias de la PGR, el 21 de octubre pasado se obtuvo la orden de aprehensión correspondiente que fue cumplimentada ayer en esta ciudad por efectivos de la Agencia de Investigación Criminal. El inculpado quedó a disposición del juez de la causa, y ya fue ingresado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte en esta capital.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: RAFAEL MAYA.
LINK: http://www.proceso.com.mx/430612/trece-anos-de-impunidad-de-jorge-serrano-limon
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