El pasado miércoles 28 de enero se dieron a conocer los reportes de Transparencia Internacional (TI) en materia de percepción de corrupción, y de Freedom House (FH) en materia de libertades, libertad de prensa y libertad en internet. Todos reprueban a México.
De acuerdo con informe de TI, el país apenas alcanza una calificación de 35 puntos, en una escala de 0 a 100, donde 0 significa “altamente corrupto” y 100 “muy limpio”. Esto convirtió al país en el peor evaluado de los 34 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
El comunicado de prensa enfatiza: “Los países en las primeras posiciones presentan características comunes que son clave: altos niveles de libertad de prensa; acceso a información sobre presupuestos que permite al público saber de dónde procede el dinero y cómo se gasta; altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos públicos, y un poder judicial que no distingue entre ricos y pobres y que es verdaderamente independiente de otros sectores del gobierno.”
Y, en contrapartida, al establecer las constantes en los países que ocupan las últimas posiciones, además de las guerras y conflictos, “se caracterizan por su gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles como la policía y el poder judicial, y falta de independencia en los medios de comunicación”.
Para corroborar las razones por las que México se encuentra entre estos últimos, el informe de FH ubica a México como un país “parcialmente libre” en general y en libertad en internet, pero “no libre” en relación con los medios de comunicación. Para respaldar esta calificación en materia de libertad de prensa se hace referencia al despido de Carmen Aristegui y todo su equipo de MVS Radio tras haber revelado la historia de la Casa Blanca de Las Lomas, propiedad de la esposa del presidente Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera; y, desde luego, al frecuente asesinato de periodistas, especialmente aquellos que investigan temas policiacos, de tráfico de drogas y corrupción oficial.
Sin embargo, previamente habían sido la OEA y la ONU –organismos internacionales de los que México forma parte– y sus convenciones en materia de derechos humanos –que fueron firmadas por el Ejecutivo y avaladas por el Senado mexicanos– las que habían emitido informes alarmantes respecto a diversos temas vinculados con estos derechos fundamentales.
En marzo del año pasado, Juan Méndez, relator especial de la ONU contra la tortura, presentó ante el pleno del Consejo de Derechos Humanos de dicha organización el informe de una visita que realizó al país entre el 21 de abril y el 2 de mayo de 2014, y en su primer párrafo señaló: “La tortura y los malos tratos durante los momentos que siguen a la detención y antes de la presentación son generalizados en México y ocurren en un contexto de impunidad”.
Posteriormente, entre el 14 de septiembre y el 2 de octubre del mismo 2015, durante la Trigésima Sesión Ordinaria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el grupo de trabajo que revisó los avances en la implementación de las recomendaciones que dicha instancia hizo a México en 2011 en cuanto a desapariciones forzadas avaló la afirmación del Comité en la materia respecto a que “la información recibida por el Comité ilustra un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio del Estado, muchas de las cuales podrían calificarse como desapariciones forzadas”.
También en octubre, Zeid Ra’ad Al Hussein, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, destacó lo impactante que resulta el hecho de que en un país no inmerso en un conflicto bélico hubiesen sido asesinadas 151 mil 233 personas entre diciembre de 2006 y agosto de 2015, y desaparecido al menos 26 mil desde 2007.
A su vez, Rose-Marie Belle Antoine, al dar a conocer el informe preliminar tras la visita del pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estableció que estos problemas “son resultado de una situación estructural que México padece desde hace décadas” (Proceso 2043).
Los politólogos identifican cinco dimensiones que cualquier democracia debe cumplir para ser considerada como tal: elección democrática de autoridades; sensibilidad y capacidad de respuesta de éstas a las demandas ciudadanas; vigencia del estado de derecho; mecanismos eficaces y eficientes de rendición de cuentas, y vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales.
Los informes citados en los párrafos precedentes evidencian que al menos las tres últimas no rigen en México. Los informes de la OEA y la ONU constatan la ausencia del estado de derecho al revelar un índice de impunidad de los casos criminales de 98% y la generalización de las prácticas de la tortura y la desaparición forzada por parte del mismo Estado mexicano.
Si a estos documentos se agrega el de FH, queda claro que tampoco se cumple con la vigencia de los derechos civiles, políticos y sociales. Y el de TI revela la inexistencia de la rendición de cuentas en el país.
La mala evaluación del desempeño de los partidos políticos en general y la mala calificación de los gobernantes de las distintas instancias en todas las encuestas de opinión pública permiten suponer que tampoco se atienden las demandas ciudadanas. De acuerdo con una encuesta de septiembre de 2015 sobre la confianza en las instituciones realizada por Consulta Mitofsky, los partidos políticos son los peor evaluados, con una calificación de 4.9 puntos sobre 10. La encuesta de diciembre del año pasado de Reforma indica que el 58% de los encuestados desaprueban la actuación del presidente mexicano y únicamente 39% la aprueba; y de los 21 miembros de su gabinete ampliado únicamente aprobó, con apenas 6 puntos sobre 10, el secretario de Marina.
Así que, en el mejor de los casos, de las cinco dimensiones irreductibles de la democracia, en México únicamente se cumple con la elección democrática de las autoridades. Esta es la realidad de la tambaleante democracia mexicana.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JESÚS CANTÚ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/429198/un-pais-reprobado-en-casi-todo
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