Y es que el laberíntico y tortuoso camino para lograr que la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) activen la AVG, deriva en el recrudecimiento de la violencia feminicida, que según datos oficiales pasó de cuatro a siete mujeres asesinadas cada día en tan sólo una década.
Concebida desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (promulgada en 2007) como un conjunto de acciones gubernamentales de urgencia para salvar la vida de las mujeres, la alerta prevé que una vez activada, los gobiernos estatales implementen acciones preventivas, de seguridad y justicia, y asignen los recursos necesarios.
Para salvar la vida de las mexicanas, desde 2010 en 15 estados del país, activistas solicitaron la activación de la AVG, pero hasta ahora –seis años después– sólo se ha logrado en tres entidades y en algunos municipios.
En 2009, el Centro Las Libres de Guanajuato hizo una petición de AVG pero no por feminicidio, sino por “agravio comparado” (cuando una legislación atenta contra los Derechos Humanos de las mujeres), luego de que en esa entidad se aprobó una reforma a la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, lo que –a decir de la organización– agraviaba los derechos reproductivos de las guanajuatenses.
Los primeros intentos para implementar la AVG sacaron a flote las trabas burocráticas. En su momento, Pablo Navarrete Gutiérrez, coordinador jurídico del Inmujeres, reconoció que el trámite para decretar la alerta –por medio de la votación de 32 instancias estatales de la Mujer y nueve secretarías de Estado, entre otras instancias federales– era “burocrático, partidista y con la intervención de los gobiernos”.
La justificación oficial sobre la falta de reglas claras para aplicar la AVG desató un cabildeo que duró dos años para reformar el Reglamento de la Ley General, y modificar el procedimiento, así como los plazos de la declaratoria, supuestamente con el fin de hacerla efectiva.
La realidad es que hoy sólo se ha implementado en 27 municipios de tres estados: en 11 de un de un total de 125 municipios mexiquenses; en ocho de 33 en Morelos, y en ocho de 125 municipios de Jalisco, bajo el argumento de la “focalización del feminicidio”.
Obstáculos
Lograr la declaración de la AVG no ha sido un proceso fácil. Desde la primera petición de Las Libres en 2009, la tarea titánica ha sido derribar obstáculos.
Antes de las reformas de 2013 al Reglamento de la Ley General, el primer procedimiento exigía que cada petición se sometiera a votación. Así, con la negativa de las instancias de gobierno no se declaró la alerta en ninguna entidad.
Con la modificación de ese año, ahora las reglas dicen que los grupos civiles que pidan la AVG deben señalar la presunción de violencia, o una ley o norma que provoque desigualdad o discriminación hacia las mujeres, y es tarea de las instituciones crear grupos de personas de la Academia y funcionarias que verifiquen la denuncia, y determinar si procede la petición.
Pese a contar con estudios nacionales e internacionales –retomados y divulgados por las organizaciones ciudadanas–, las autoridades insisten en comprobar los datos aun cuando ellas mismas han documentado la violencia feminicida.
Un ejemplo es el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios 1985-2009”, realizado por el Inmujeres, ONU-Mujeres y la Cámara de Diputados, el cual reveló que entre 1985 y 2009 fueron asesinadas 34 mil 176 mujeres en todo el país.
Ese dato, obtenido de información oficial, arroja que en 24 años, cada día –en promedio– fueron asesinadas cinco mujeres, la mayoría de manera brutal y sin que los crímenes fueran castigados.
Una evidencia más del incremento de asesinatos se documentó en 2006 cuando la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados publicó el estudio “Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana”, que determinó que en 2004 fueron asesinadas mil 205 mujeres.
La conclusión fue contundente: “En México hay feminicidio. No se respeta el derecho de las niñas y las mujeres a una vida libre de violencia”.
Y la violencia extrema contra las mujeres va en aumento: si bien para 2004 se asesinaba a cuatro mujeres al día; para 2014 la cifra llegó a siete casos de feminicidio cada 24 horas, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Al transcurrir de los años, ese conjunto de acciones diseñadas para actuar de inmediato ante una contingencia feminicida sólo se ha aplicado en tres entidades. En todas, la AVG se activó por presiones ciudadanas y políticas, más que por el interés de los gobernantes para salvar la vida de mujeres y niñas, señalaron las organizaciones civiles.
Así, la declaratoria de alerta en el Estado de México se dio tras un largo proceso judicial de cinco años, tiempo en el que pasó a último término la protección de la vida de las mexiquenses con tal de no afectar al entonces gobernador Enrique Peña Nieto, quien ya aspiraba a la Presidencia de la República.
En el caso de Morelos, la activación respondió al desinterés del propio gobierno local y de su Instituto de las Mujeres, que incluso aseguraron que ya habían realizado acciones a favor de las morelenses cuando en realidad no tenían avances, lo que orilló a que la Segob, Conavim y el Inmujeres dieran paso a la AVG.
Jalisco, por otra parte, fue un caso singular, pues antes de que el movimiento feminista denunciara el feminicidio en la entidad ante las instancias federales, fue el propio Ejecutivo estatal el que optó por mostrar (aunque aún sin resultados) “un compromiso” por los derechos de las mujeres.
Estado de México
En cinco años, de 2005 a 2010 –con Peña Nieto en la gubernatura–, los homicidios dolosos de mujeres sumaron 922 en la entidad. Las agrupaciones civiles contaron entonces que los cuerpos eran abandonados en la vía pública, que las mujeres eran apuñaladas, asfixiadas, quemadas o que presentaban huellas de golpes y hasta de torturas. Estas historias –como sigue ocurriendo hoy– no llegaron a los tribunales de justicia.
Con ese panorama, en 2010 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) demandaron la AVG en la entidad.
Pero la solicitud fue negada y funcionarios estatales, como la ahora presidenta del Inmujeres, Lorena Cruz Sánchez, y el entonces procurador Alfredo Castillo Cervantes, dieron todo tipo de argumentos, desde que “era un golpe político” para Peña Nieto, que “no eran tantos crímenes” si se tomaba en cuenta el total de la población mexiquense, hasta que allí no mataban a las mujeres, “sólo arrojaban sus cadáveres”.
Las activistas recurrieron a un amparo para insistir en la activación de la AVG, y lograron que un juzgado federal ordenara la investigación solicitada. La orden judicial fue impugnada por las autoridades, pero el 28 de abril de 2014 se admitió la solicitud y se anunció el inicio de una indagación por parte de un grupo conformado sólo por funcionarios y sin la presencia de académicas.
En julio de ese año, el gobernador Eruviel Ávila Villegas decidió solicitar la declaratoria para mostrar el “compromiso” de su gestión con la vida de las mujeres, pero fue hasta un año después –el 28 de julio de 2015– cuando la AVG se decretó oficialmente en los municipios de Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla, Toluca, Chimalhuacán, Naucalpan, Tultitlán, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Cuautitlán Izcalli y Chalco.
Entre las obligaciones del gobierno local están definir una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública; garantizar las órdenes de protección, la búsqueda y localización de niñas y mujeres desaparecidas; elaborar protocolos de búsqueda e investigación; y recuperar espacios públicos.
Las recomendaciones son similares a las propuestas presentadas por los grupos de trabajo en el resto de las entidades donde aún no hay alerta. En todos los estados, personal académico y funcionarios coinciden en recomendar acciones que ya deberían ser realidad, pues están estipuladas desde 2007 en la Ley General, como crear o alimentar un banco de datos sobre violencia de género.
Morelos
Entre el año 2000 y junio de 2013, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) registró 530 casos de feminicidio en esa entidad, e incluso informó que las víctimas estuvieron en cautiverio, quedaron aisladas y desprotegidas, fueron agredidas y violentadas hasta la muerte, y que algunos de sus cuerpos fueron maltratados aun después de haber sido ultimadas.
Ante la evidencia, con los números, gráficas y nombres de algunas de las víctimas, el 27 de mayo de 2014 la CIDHM presentó ante el Inmujeres la solicitud para declarar una alerta.
En junio de ese año se conformó el Grupo de Trabajo y aunque las 4 personas de la Academia se eligen por convocatoria, a nivel local nadie se postuló y la Conavim designó a dos investigadores del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
El 28 de agosto de 2014, el grupo entregó su análisis y recomendaciones, similares a las del Edomex, mismas que fueron aceptadas por el gobernador Graco Ramírez.
Meses después, el 23 de marzo de 2015, en el plazo para responder sobre el cumplimiento, el mandatario estatal entregó un informe en el que aseguraba que había realizado todas las recomendaciones.
Pero de la valoración del informe del gobierno de Morelos, tanto la Academia como personas funcionarias federales consideraron que no se habían tomado en cuenta todas las recomendaciones, así que el 10 de agosto de 2015 la Conavim decretó la AVG en los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Temixco, Xochitepec, Yautepec y Puente de Ixtla.
En este caso, donde el gobernador presumió que había cumplido, las autoridades federales decretaron la alerta y pidieron que la divulgara, lo cual no ha hecho; además de implementar una estrategia para la recuperación de espacios públicos; tramitar órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; así como integrar un banco de datos de violencia, entre otras que por ley ya deberían existir.
Al cumplirse seis meses de la AVG para los ocho municipios, Juliana Quintanilla, coordinadora de la CIDHM, afirmó que faltan medidas de emergencia, como acciones de coordinación entre las secretarías y las investigaciones para encontrar y castigar a los culpables de feminicidio.
Jalisco
La entidad fue un caso particular porque antes de que el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) solicitara la activación de la AVG, en agosto de 2015 el gobernador Aristóteles Sandoval Díaz decidió pedirla al Instituto Jalisciense de las Mujeres.
En ese estado el gobernador puede solicitar la activación porque la ley local lo faculta para ello. Una vez que dio la indicación al instituto, al igual que a nivel federal, se formó un grupo de trabajo para investigar la situación e integrar recomendaciones que le serían entregadas.
Una vez con las recomendaciones, el pasado 7 de febrero fue el mismo Sandoval Díaz quien anunció que se activaba el mecanismo en ocho municipios: Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco, El Salto, Puerto Vallarta y Ameca. El mandatario local declaró que las acciones deberían permear en el resto del territorio estatal.
En opinión de Alejandra Cartagena López, integrante de Cladem, si bien el Ejecutivo jalisciense se adelantó, en realidad los grupos civiles ya llevaban tiempo tratando de visibilizar esta problemática, y por tanto la activación de la AVG no fue un “regalo”, sino una acción necesaria que no se podía postergar. Por ahora, el gobierno estatal está en la ruta de implementar las acciones.
Recomendaciones
En las tres entidades donde se ha decretado la alerta, así como en las otras 12, los grupos de trabajo han realizado recomendaciones similares que incluso deberían de ser parte de la política para erradicar la violencia de género, ya que están en las leyes federales y son parte de señalamientos de mecanismos internacionales.
Por ejemplo una de las recomendaciones es integrar un banco de información, cuando la Ley General desde 2007 establece la obligación de publicar semestralmente la información general y estadística sobre los casos de violencia de género, para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres.
Otra recomendación es garantizar que se otorguen órdenes de protección a las víctimas de violencia, tema que también está en la Ley General, que dice que éstas son medidas de protección y de urgente aplicación, que pueden ser desde entregarle a una mujer sus documentos de identidad hasta sacarla de su domicilio para evitar violencia de su agresor.
Por otra parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su sentencia de 2009 contra el Estado mexicano que México fue responsable por no proteger la vida de ocho mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, ni garantizarles justicia. En este fallo el organismo hizo recomendaciones que las autoridades ya debieron haber implementado.
Entre estas medidas de reparación están: un plan de búsqueda y localización de mujeres desaparecidas; actualizar bases de datos de estas personas; estandarizar protocolos de investigación, ministeriales y periciales para combatir la violencia de género; y capacitar con visión de género a funcionarios, recomendaciones que también ahora se hacen en las entidades con solicitud de AVG.
Mientras en tres entidades se activó la alerta y en otras 12 se investiga la presunción de violencia feminicida, continúa el letargo de las instituciones, y a las mujeres y niñas las siguen asesinando.
En Puebla, por ejemplo, se registraron cuatros crímenes del 15 al 21 de febrero de este año, y en Oaxaca ya van 20 casos de feminicidio en 2016, por lo que organizaciones civiles plantean solicitar la AVG en estos estados.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ANAYELI GARCÍA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/432796/alerta-genero-en-pais-salvaria-a-siete-mujeres-ninas-dia
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