La iniciativa plantea que se obligue a funcionarios a presentar su declaración patrimonial pública, las declaraciones de pagos de impuestos y la declaración de posibles conflictos de intereses.
La Arquidiócesis de México respaldó la iniciativa ciudadana conocida como “Ley 3 de 3”, que acumula casi 300 mil firmas y fue presentada al Senado la semana pasada.
En el editorial de Desde la Fe, reconoció: “La corrupción es el mal lacerante y secular de la sociedad mexicana pues toca, particularmente, los sanos procesos de nuestro desarrollo, la credibilidad y la confianza de las instituciones; corrupción implica la deshonestidad de funcionarios públicos y de particulares al actuar fuera de los estándares de la ley, privilegiando la mezquindad personal a cambio de recompensas, prebendas, beneficios onerosos; son comportamientos ilegales justificados como “normales”, fenómenos culturales relativamente inocuos, donde las transas son lo justo, lo que afianza los entramados de la corrupción que no serían posibles si se vieran sometidos a los dictados de la ley”.
Y apuntó: “Nos hemos convertido en un sistema cleptocrático, donde la corrupción es una forma de influir en las decisiones públicas e intervenir en los distintos órdenes de gobierno por el pago de favores como moneda corriente, a cambio de fueros e influyentismo”.
Recordó que México es uno de los países más corruptos del mundo, “a pesar de las promesas en discursos políticos, corrupción e impunidad son los brazos más fuertes de un Estado, que se niega a cumplir con su cometido social, que no logra deshacer el nudo de las iniciativas oficiales de mentados sistemas anticorrupción; sin embargo, la sociedad civil viene ocupando un papel fundamental, sumando sus esfuerzos y logrando mayor transparencia en funcionarios públicos, condición ineludible para vencer la opacidad y procurar la justicia sin distinción alguna”.
Ante este escenario, consideró que “la iniciativa ciudadana 3 de 3 representa una oportunidad novedosa y loable en el cambio de paradigmas sobre la imagen que tenemos de los responsables de la cosa pública; la propuesta es ambiciosa pues busca elevar a rango de ley la rendición de cuentas a través de declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscales, además del endurecimiento de las sanciones por responsabilidad de los servidores públicos”.
Agregó que “a esta impostergable iniciativa se han sumado los obispos de México, específicamente la Comisión Episcopal para la Pastoral Social al apoyar la participación de la sociedad civil en la rehabilitación ética de la política redundante del fortalecimiento de las instituciones y de los mecanismos legítimos de los que se vale la ciudadanía. La intervención de la Iglesia en este cambio de mentalidad es inédito al activar el interés sobre la erradicación de este mal, ante el cual no puede permanecer neutral ni como simple observadora”.
“Esta iniciativa es el resultado del empoderamiento de la ciudadanía; sin embargo, hemos llegado a un punto en el que la ley se puede quebrar, así el corrupto aparece como impoluto funcionario, intocable e incorruptible cuando, en la realidad, testaferros se prestan para ocultar el flujo de la corrupción y del tráfico de influencias que jamás serán reportadas en sitios de transparencia, generando el autoengaño con apariencia de franqueza y honradez“, señaló la Arquidiócesis.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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