Ante este hecho, diversas organizaciones de la sociedad civil repudiaron la decisión, y consideraron que forma parte de la simulación que existe en el estado de Tlaxcala. Señalaron que el avance que representaba el llamar a comparecer a una servidora pública quedó truncado con esta decisión de los legisladores.
Al respecto, Karla Michel Sala, abogada integrante del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, apuntó que de mantener esta postura, se perdería una oportunidad para que la funcionario rinda cuentas y explique el porqué ha avanzado tanto el fenómeno y sobre todo, la actuación omisa de la dependencia a su cargo.
Cabe recordar que la comparecencia de la procuradora se detonó luego del caso de desaparición de la niña de once años, Karla Romero Tezmol, en donde la PGJ de la entidad a más de 60 días no tiene líneas de investigación, de manera tardía aplicó protocolos de búsqueda y se ha negado a abrir una averiguación previa a pesar de los indicios que la menor puede ser víctima de trata.
“El 3 de marzo, el pleno del Congreso decide adoptar un punto de acuerdo a través del cual se solicita la comparecencia de la procuradora. En la legislatura es la segunda vez que se aprueba un punto de acuerdo con estas características.
“Este era un hecho histórico porque permitía un ejercicio democrático de rendición de cuentas, no sólo para el caso de Karla Romero Tezmol, sino para todos los casos de desaparición de Tlaxcala, que como se sabe es una de las violaciones graves a DDHH que se están presentando en la entidad, dicho por la propia ONU que tiene a Tlaxcala identificado como la capital de la trata”, dijo.
En lo referente, la abogada señaló que esta oportunidad para “sentar a la procuradora a que informe cual es el estado que guarda cada una de las investigaciones se ha perdido con la decisión que tomó la Junta de Gobierno y de Concertación Política”, en donde “decide que en la reunión sólo estarán los diputados, sin medios de comunicación, sin OSC, sin familias, es decir no vamos a enterarnos exactamente que van a discutir y cuál es la información que le van a solicitar a la procuradora”.
De mantener esta actitud, dijo Salas, se está tirando por la borda la posibilidad de que las familias puedan conocer de voz de la procuradora cuáles son los motivos que han llevado a que “de forma sistemática la PGJ se niegue a iniciar averiguaciones previas y que por tanto no se investigue”.
Asimismo, la jurista señaló que esta actitud forma parte de una política de simulación que se ha dejado ver en el estado. Dijo que el hecho “es preocupante en términos de acceso a la justicia para las familias y el derecho a conocer que está ocurriendo en Tlaxcala con estas desapariciones, que pueden estar vinculadas a las redes de trata, que operan desde hace varias décadas”.
Ante este panorama, el aboga David Peña, integrante del grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, señaló que este viernes 17 de marzo, se entregó al Congreso del Estado una misiva firmada por 100 organizaciones nacionales en donde se pide a los legisladores cambiar el acuerdo y permitir que la comparecencia sea abierta al público.
Enfatizó que resulta importante que la comparecencia sea abierta como una medida de rendición de cuentas, sobre todo ante el contexto de desapariciones y trata de mujeres y niñas que se vive en Tlaxcala y el llamado corredor de la trata formado por varios municipios, entre ellos San Pablo del Monte.
“Si no tenemos una respuesta y una modificación del acuerdo, lo que vamos a hacer es una comparecencia pública a las afueras del Congreso, en donde les expresamos a los diputados la verdadera situación de las desapariciones en Tlaxcala.”
El jurista reiteró que este hecho es parte de una simulación. No obstante, dijo, si continúa la decisión se realizará a la 9:00 horas el acto afuera del recinto de los diputados.
“Decimos que es un acto de simulación adentro del Congreso, pero si no hay cambio en donde se nos permita participar, nosotros daremos nuestra competencia a las afueras, en donde señalemos la problemática, la forma en que opera las redes de trata para contrarrestar y presentarles a los diputados la otra realidad sobre la desaparición de niñas y mujeres”, dijo.
Por último, la abogada Miriam Pascual, integrante de la Red Retoño -que ha acompañado el caso de Karla Romero Tezmol- llamó a los diputados a rectificar. Manifestó que el la situación es grave, sobre todo por la actuación de las autoridades. Recordó que el caso de Karla Romero, que han acompañado desde el mes de enero, demuestra la omisión de las PGJ para dar seguimiento a este tipo de casos.
“Siendo Tlaxcala un estado con una cifra alarmante de desapariciones de mujeres, y niñas, solicitamos que el Congreso llamara a comparecer a la procuradora del Estado para que diera explicación por estas irregularidades, que explicara porque en Tlaxcala las redes de trata trabajan con tanta facilidad”, concluyó.
Fuente: Revolución 3.0
Autor: Edgar Rosas
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