En el segmento revisado de un universo de cientos de miles puestos de trabajo en la burocracia, el espectro marcado por la ausencia de este documento es amplio: trabajadores con nivel salarial desde los siete mil pesos hasta los 133 mil pesos trabajan sin la cédula que emite la SEP. Los puestos que aparecen ocupados por funcionarios sin este papel fundamental son desde jefaturas de unidad, gerencias, subdirecciones, direcciones y hasta una secretaría general.
De acuerdo con lo que dispone el artículo 5 constitucional y la Ley General de Profesiones, la cédula profesional es el documento a través del cual cualquier autoridad acepta que una persona cuenta con los conocimientos suficientes para realizar tareas sujetas a registro y control. Hay algunas profesiones reguladas que no pueden ejercerse sin esta credencial (abogados y médicos); pero no es así para todas; de modo que para muchas profesiones registrarse ante la SEP es un asunto más ético que legal. Para obtenerla, se debe contar con título profesional que acredite una carrera universitaria.
Especialistas en Administración Pública y Transparencia coincidieron que el resultado de este ejercicio devela poca formalidad de los funcionarios mexicanos, lo que al final, mina la credibilidad y el prestigio del servicio público ante los ciudadanos.
“La certificación y la calidad de la administración pública guardan un vínculo muy estrecho. Y el RNP es una base amplia, con presupuesto suficiente, que podría convertirse en una plataforma para sustentar el perfil profesional de los funcionarios públicos”, expresa María del Carmen Pardo López, especialista en Administración Pública en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
En términos de combate a la corrupción, la carencia de cédula profesional en el servicio público es un indicador desalentador para Ernesto Gómez Magaña de Contraloría Ciudadana, una asociación civil que mide el avance de los programas gubernamentales.
“El cumplimiento de este tipo de normas le brinda reconocimiento a los gobiernos y los vuelve fuertes ante sus problemas de corrupción. Los países que han avanzado en el combate a este mal es porque buscaron la profesionalización de los integrantes de la administración pública. La reacción inmediata de la ciudadanía fue el respeto a la figura del funcionario público”, expone.
En el presente, no hay un mecanismo que certifique a quienes integran la burocracia mexicana. El último intento quedó entrañado en la instalación del Servicio Profesional de Carrera (SPC), decretado en 2003 por el entonces Presidente Vicente Fox Quesada, con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito.
El SPC tenía entre sus objetivos la certificación de los funcionarios públicos a través de cursos. Los resultados del programa fueron mínimos: de 37 mil puestos previstos por la Ley de Servicio Civil, sólo siete mil lograron ingresar al sistema mediante este tipo de certificación.
¿QUÍEN SE VA Y QUÍEN SE QUEDA?
Para este año, la Secretaría de Hacienda en el Presupuesto de Egresos de la Federación tiene el plan de recortar 15 mil 825 puestos de trabajo de la burocracia federal, de los cuales, siete mil 740 son plazas de mandos medios y personal sindicalizado.
Los recortes a la burocracia son parte del plan del Gobierno para reducir los gastos en unos 97 mil millones de pesos ante un escenario de menores ingresos y la desaceleración económica que ha mostrado el Producto Interno Bruto Nacional en dos años consecutivos.
No es una medida extraordinaria en la política mexicana. Cada Presidente ha tomado esa decisión con tal de ahorrar. Una revisión de esta unidad indica que de 2006 a 2011 se pasó de 87 puestos con rubro de subsecretarios a 335, y los mandos superiores pasaron de cuatro mil 095 a ocho mil 217.
Pero, ¿cómo se decide quién se queda y quién se va?
Sin controles éticos o legales, el fantasma del nepotismo ronda las estructuras de Gobierno. Roberto Moreno Espinosa, Presidente de la Academia Internacional de Ciencias Político-Administrativas y Estudios del Futuro (IAPAS), expone: “En el caso mexicano, en los tres órdenes de gobierno, se practica lo que conocemos como política de botín o compadrazgo. No dudo que varios de los funcionarios son personal de confianza. Algunos son amigos de altos funcionarios, familiares, incluso, y por tanto, más allá de sus perfiles, fueron colocados en puestos estratégicos”.
Para Gómez Magaña, de Contraloría Ciudadana, la transparencia de los perfiles profesionales podría menguar las malas prácticas.
LA MAYORÍA DEL GABINETE DE EPN, CON MAESTRÍA
En el gabinete –legal y ampliado– del Presidente Enrique Peña Nieto, hay 16 funcionarios que estudiaron una maestría, 13 que estudiaron sólo la licenciatura, siete que cuentan con doctorado, dos que tienen un título de nivel técnico y una funcionaria que no cuenta con estudios superiores. La búsqueda realizada por la Unidad de Datos de SinEmbargo arrojó que todos ellos tienen la certificación correspondiente, es decir, la cédula profesional.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: UNIDAD DE DATOS, LINALOE FLORES, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-03-2016/1638030