CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Según el gobierno federal, el Centro Federal de Prevención y Readaptación Social (Cefereso) número 1, El Altiplano, es una fortaleza impenetrable donde los presos permanecen bajo los más estrictos códigos de seguridad y control, pero se respetan sus derechos humanos.
No obstante, una vez que el recién internado recibe el número que lo identificará en el penal, se vive otra realidad. Los responsables de la administración, vigilancia y custodia encabezan una red de corrupción y abusos, revela a Proceso un interno que hace días salió libre tras cinco años de reclusión.
En El Altiplano, afirma, un teléfono celular, un gramo de cocaína, viagra, antidepresivos, medicinas y hasta una cucharada más de arroz tienen precio, y sus principales vendedores y distribuidores son empleados de la prisión. En cambio, la vida de un reo no vale nada.
Durante el tiempo que él estuvo interno, asegura, murieron al menos cuatro reclusos: dos por negligencia médica, uno por la brutal golpiza que recibió de autoridades federales en su traslado de otro cefereso al Altiplano, y el último fue Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, líder zeta a quien, según el testigo, los directivos del penal dejaron morir en su celda.
“Desde que vas ingresando, te suben a una camioneta en la que te sientan con las piernas abiertas y te doblan por completo los custodios. Te van golpeando, insultando; te van diciendo que no vas a salir de ahí, que jamás vas a salir, que ahí llegaste para quedarte.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 2054, ya en circulación
Fuente: Proceso
Autora: Anabel Hernández
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