Uno de los principales motivos del paro de labores de los jornaleros agrícolas hace un año fue la demanda de aumento del salario a 300 pesos diarios, cantidad que se redujo hasta llegar a los 180 pactados en uno de los 13 acuerdos del 14 de mayo de 2015 en la mesa de negociación entre el Gobierno federal, representado por David Garay Maldonado, Jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (Segob); el Gobierno del estado; el representante legal de los dueños de los ranchos y los campesinos.
“Queremos denunciar la falta de cumplimiento de las demandas que llevaron al paro del 17 de marzo de 2015, pese a los acuerdos del Gobierno Federal, Senadores de la República y hasta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos [CNDH]. Uno de ellos fue el tema del salario, que no nos permitió aumentarlo, nos quedamos atorados, no lo pudimos mover”, dijo Fidel Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la Justicia Social del Valle de San Quintín.La propuesta del Gobierno federal el 14 de mayo del año pasado fue subsidiar el salario a los productores para garantizar el pago de 200 pesos el jornal a los trabajadores del campo, con ello pagaría el diferencial que los dueños de los ranchos no estaban dispuestos a sufragar.
Varios expertos en derecho laboral y economistas dijeron a SinEmbargo que la medida era una “aspirina” que sólo solucionará el problema a corto plazo y que podía generar una reacción adversa en un futuro.
“El Estado no puede incidir sobre los empresarios para que establezcan un salario por encima de mínimo, pero la solución al problema no es subsidiar el salario, eso es sólo una aspirina, alivia, pero no cura. El diferencial se pagará a partir de los ingresos de gobierno, que ahora tiene problemas por la caída del precio del petróleo. Se tiene que hacer un análisis más profundo del agro mexicano”, dijo Jesús Amador Valdés Díaz de Villegas, profesor e investigador del Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana.
Valdés Villegas explicó que el caso de San Quintín era el primero en la historia reciente, donde el gobierno propone subsidiar al salario.
En Estados Unidos, por ejemplo, el gobierno le entrega subsidios al productor para estimular la producción y que incremente su competitividad. En ocasiones interviene en la colocación de los productos con un mejor precio en el mercado, pero no subsidia el salario.
“El subsidio siempre es negativo, porque te introduce una variable que nos distorsiona las tendencias al equilibrio dentro de una economía. Tenemos que hablar de un estudio más profundo, de una reforma que favorezca a las dos partes. Establecer mecanismos que permitan un incremento sistemático de la competitividad de las empresas agrícolas”, expuso.
Entonces el Gobierno mexicano reculó y durante una reunión realizada en junio del año pasado, descartaron subsidiar el salario a los productores y acordaron realizar una “categorización de las empresas” del Valle de San Quintín para determinar el jornal, dependiendo de su capacidad económica.
“Se propusieron tres categorías: la categoría A que pagaría 180 pesos; la B, 165 y la C, 150. La alianza de organizaciones revisamos la posibilidad que tiene cada empresa y encontramos que sólo tiene que haber dos categorías: A y B, pero no se ha hecho nada”, explicó Fidel Sánchez.
Los jornaleros, dijo, ganan actualmente un 15 por ciento más que hace un año. El jornal ronda entre los 180 y 150 pesos, con un incremento en un 20 por ciento de trabajo:“sí subieron un poco el salario, pero el incremento de trabajo a los compañeros es evidente”.
En la mesa de negociación del 14 de mayo del año pasado, las autoridades acordaron con los jornaleros iniciar de inmediato una campaña de afiliación y credencialización de todos los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Asimismo se pactó que sus salarios no serán retenidos por ningún motivo o circunstancia.
El Gobierno federal y el de Baja California se comprometieron a identificar y atender las necesidades de una mejor vivienda, alimentación y condiciones de higiene que han exigido los trabajadores. Otros de los acuerdos fue el garantizar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores agrícolas.
Otro punto pactado fue que las empresas deberán certificar que están libres de trabajo infantil. Asimismo se dio a conocer la creación de un fideicomiso de inversión para el desarrollo de la zona, formalizado en un plazo no mayor a 60 días.
Entre los acuerdos se pactó la revisión de los programas sociales para que los jornaleros no perdieran su carácter de beneficiarios por su desplazamiento a los campos agrícolas. Se informó que se otorgaría el registro sindical a la Alianza por la Justicia Social del Valle de San Quintín, además de que se garantizará su autonomía sindical.
EL LLAMADO AL BOICOT
“El boicot internacional se mantiene firme, el llamado es no sólo en Estados Unidos, también en nuestro país, porque ninguna de las 130 empresas ha cumplido. Ya empezamos con una y queremos seguir con el Agricultura del Noroeste, el rancho de los hermanos Rodríguez”, dijo Fidel Sánchez.
El vocero se refirió particularmente a los hermanos Antonio y Rafael Rodríguez, dueños del rancho Los Pinos, uno de los más grandes de la región. Antonio Rodríguez, además de ser un empresario exportador de Baja California, es ex Diputado local y ex Secretario de Fomento Agrario de Baja California con el panista José Guadalupe Osuna Millán. En 2013 el Presidente Enrique Peña Nieto otorgó el Premio Nacional a la Exportación a la familia Rodríguez.
El vocero de los jornaleros también ha denunciado que los productores poseen yates y vehículos de lujo.
Si el boicot propuesto como una acción global por los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California, a organizaciones campesinas de Estados Unidos y Canadá da resultado, los productores de la región perderán alrededor de mil millones de dólares anuales, advirtió en mayo del año pasado Víctor Suárez Carrera, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC).
“Esto no significa nada, comparado con las pérdidas de vida por enfermedades, de dignidad, salud y derechos de los jornales que han sido de muchos miles de millones de dólares en todos estos años que lleva el Tratado de Libre Comercio [TLCAN]”, expuso.
Las ganancias anuales de los productores de agroalimentos en México son extraordinarias, gracias a que los empleadores y dueños de los campos agrícolas se ahorran en salarios justos y prestaciones de ley a los trabajadores. Es decir, el pago del jornal y las condiciones en las que viven los jornaleros, es similar al trabajo de “esclavo”, denunció.
“En el Valle de San Quintín se ha generado un vacío del poder, porque el Estado mexicano se ha ausentado ausente y es cómplice de las grandes empresas. No hay cumplimientos de las leyes laborales, no se pagan salarios dignos, no hay condiciones higiénicas de trabajo. La Secretaría de Salud y la Cofepris [Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios] han permitido la utilización de pesticidas que están prohibidos en otras partes del mundo y que representan un peligro para los trabajadores”, explicó.
Las ganancias libres de costos de producción en la exportación de agroalimentos, principalmente a Estados Unidos y Canadá, ascienden a 500 millones de dólares al año en el Valle de San Quintín, precisó.
Estas ganancias son posibles gracias a que la mayoría de los campos agrícolas en San Quintín son empresas extranjeras o compañías locales que perecen a funcionarios y ex funcionarios del gobierno de Baja California.
“También son empresas de productores de Sinaloa y de Jalisco, que han encontrado en San Quintín condiciones de generar ganancias extraordinarias”, afirmó.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SHAILA ROSAGEL.
LINK: http://www.sinembargo.mx/15-03-2016/1635886