La vigilancia en "El Amate" es de apenas 120 elementos de seguridad (varonil y femenil) en ambas guardias, ante una población de 2 mil 520 reclusos, señala.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) instó al gobierno de Chiapas a elevar el número de custodios en el penal El Amate y clasificar a los presos de acuerdo con el artículo 18 constitucional, entre otras medidas para erradicar las condiciones de “autogobierno” que aseguró hay en el lugar.
En un comunicado informó que ha emitido la recomendación 04/2016 dirigida al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, por la muerte en 2014 de un reo de origen tzotzil.
Recordó que el 4 de agosto de ese año el convicto fue encontrado muerto en un baño del segundo piso del Centro Estatal para la Reinserción Social de Sentenciados 14 (CERSS 14) “El Amate”, ubicado en el municipio de Cintalapa.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) inició una investigación por ese suceso, que posteriormente fue atraída por el organismo nacional.
La CNDH concluyó que “la autoridad penitenciaria no tomó las medidas para garantizar una debida seguridad y custodia en los módulos, en particular en el lugar donde fue encontrada la víctima, lo que incidió en una afectación en su integridad física sin que el personal se hubiere percatado oportunamente”.
Ello debido a “la falta de cuidado, deficiencia en la seguridad, vigilancia y control por parte de las autoridades penitenciarias”, expresó el organismo autónomo.
La autoridad penitenciaria incumplió, entre otros aspectos, lo establecido en el artículo nueve del Código de Ejecución de Sanciones Penales y Medidas de Libertad Anticipada para el Estado de Chiapas.
Entre sus observaciones, la CNDH destacó que el número de agentes de seguridad del penal –120 divididos en dos turnos para las áreas varonil y femenil- es insuficiente para cubrir las necesidades de los dos mil 520 presidiarios.
Para garantizar efectivamente el “derecho a la integridad personal” de los reclusos, la CNDH recomendó al gobierno chiapaneco incrementar el personal de seguridad y la vigilancia en los módulos del penal, erradicar el autogobierno, evitar que internos ejerzan funciones de mando que le competen al personal de seguridad y custodia .
Asimismo sugirió llevar a cabo “la clasificación de la población penitenciaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 18 de la Constitución federal”.
La Comisión Nacional solicitó además una colaboración más amplia en el procedimiento administrativo “que se inicie contra los servidores públicos responsables, derivado de la queja que se presente ante la Secretaría de la Función Pública del estado de Chiapas”.
También pidió al gobierno brindar capacitación, de manera periódica, al personal técnico de seguridad y custodia en materias penitenciaria y de derechos humanos.
Todas las acciones que se emprendan deberán acatar los principios que rigen en el servicio público en materia de seguridad, con el objetivo de garantizar la no repetición de actos similares a los que dieron origen a la recomendación.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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