Desde principios de febrero, antes de la emisión de la convocatoria del PRI, los aspirantes más fuertes a las presidencias municipales de Namiquipa, Bachíniva, Urique, Uruachi, Guazaparez, Guachochi, Batopilas y Buenaventura recibieron mensajes intimidatorios, presuntamente del crimen organizado, ordenándoles no participar en los procesos internos porque sólo habría un candidato.
En Bachíniva, en el noroeste del estado, pistoleros identificados con Arturo Quintana, El 80, se encargaron de hacer llegar la advertencia. Para ese municipio sería postulada por el PRI Silvia Mariscal Estada, suegra del líder criminal que desde hace seis años tiene el control territorial en ese y otros municipios.
En Namiquipa, Arturo Quintana aplicó el mismo método para respaldar la candidatura de Ramón Alonso Enríquez Mendoza.
En Chínipas, municipio de la baja Tarahumara, el precandidato que registró el PRI es Juan Miguel Salazar Ochoa. Semanas antes, a cuatro varones que tenían intenciones de buscar la candidatura del PRI les advirtieron: “Más vale que se calmen; el presidente municipal va a serJuanito. Nadie más se apuntó, ni en el PRI ni en el PAN”, declararon a La Jornada habitantes de esa localidad, a condición del anonimato.
Abogado de profesión, Juanito es hijo de Joel Salazar Zamorano y sobrino de Crispín Salazar Zamorano, quien heredó el control del grupo criminal Los Salazares, tras la detención, en noviembre de 2012, de su hermano Adán Salazar Zamorano y su sobrino Jesús Alfredo Salazar Ramírez.
En 34 de los 67 municipios de la entidad, la Comisión Estatal para el Proceso Interno del PRI decidió que las candidaturas serían por designación directa; además entre 33 y 34 mujeres deberán ser abanderadas a las presidencias municipales. Ello ocasionó que esposas, hermanas, cuñadas y hasta suegras de ex alcaldes o de personajes identificados con los grupos criminales fuesen postuladas.
Así, la designación de Míriam Caballero Arras en Buenaventura estuvo antecedida de presiones hacia sus adversarias internas, desde que dicha comisión anunció que allí designaría directamente a una mujer en cumplimiento de la paridad de género, contemplada en la Ley Electoral. Ella es propietaria de huertas nogaleras, pero los pobladores la ubican como prestanombres de personajes ligados al crimen organizado.
Es también el caso Gran Morelos, Uruachi y Urique, tres municipios serranos, donde el PRI postulará a familiares de ex alcaldes presuntamente relacionados con grupos criminales. También es el caso de Adriana Campos, abanderada del PAN en Uruachi.
Guillermo Dowell, dirigente estatal del PRI, aseguró que los delegados designados especialmente para hacer consultas en las localidades y elaborar los perfiles de hombres y mujeres antes de ser postulados actuaron de buena fe.
Estamos en el proceso de revisión; en cada municipio se creó un órgano interno que está validando las propuestas, seguimos revisando los perfiles de los candidatos. No hemos detectado problemas en la gente que ha solicitado su registro; si hubiera algún dato que indique riesgo tomaremos medidas, hasta ahorita hemos validado gente que es querida en sus municipios, pero estamos en disposición de revisar todo, adelantó.
Mario Vázquez, presidente del Comité Estatal del PAN, indicó que se tienen identificados al menos seis municipios de riesgo, entre ellos Chínipas, Bachíniva, Namiquipa, Buenaventura, Rivapalacio, Balleza, por la injerencia directa de grupos criminales en el proceso electoral para renovar alcaldías.
Estamos conscientes de la interacción que existe en muchos municipios de Chihuahua con los grupos criminales; por eso estamos dispuestos a revisar cualquier situación que nos hagan saber sobre los candidatos que estamos eligiendo. Revisaremos con cuidado cada caso. No queremos competir con gente que tiene relaciones sospechosas, recalcó el presidente del PAN.
Fuente: La Jornada
Autora: Miroslava Breach Velducea
http://www.jornada.unam.mx/2016/03/04/estados/028n1est
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