Así lo advierte el informe “La otra justicia, reporte sobre la operación de la justicia alternativa en México”, realizado por investigadores del Centro de Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC), que será presentado este martes 29 de marzo.
Tras la reforma penal de 2008, que obliga a todos los estados a implementar el nuevo sistema penal acusatorio a más tardar el 18 de junio de 2016, se establecieron Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos Penales (MASCP), que permiten a la víctima y el ofensor, conseguir una resolución de conflictos para la reparación del daño, reconstrucción del tejido social y quitar carga de trabajo al sistema de justicia penal.
Sin embargo, el estudio coordinado por Carlos de la Rosa, señala que la ausencia de recursos económicos y humanos en los Centros de Justicia Alternativa “comprometen el cumplimiento de la ley”. Por ejemplo, la falta de personal obliga a desarrollar funciones adicionales, lo que “pone en riesgo el éxito de los Mecanismos Alternativos”.
Hasta el momento el modelo ha tenido avances en los años de implementación. De acuerdo con el INEGI, durante el 2014 hubo 168 mil 553casos presentados en los Centros de Justicia Alternativa del país, lo que representa 30% más que en 2013 (139 mil 602 casos). Los asuntos solucionados también aumentaron de 130 mil 193 a 138 mil 758, respectivamente. Sin embargo, el número de asuntos pendientes se duplicó al pasar de 6 mil 373 en 2013 a 12 mil 315 en 2014.
Esto puede explicarse por la falta de personal, pues, por ejemplo, en el proceso existe una figura clave: los facilitadores, quienes están encargados de mediar entre la víctima y el ofensor. Prácticamente se hacen cargo de los casos pues tienen que organizar los encuentros entre los involucrados e incluso con la comunidad, además debe hablar con policías y medios de comunicación y debe conocer a detalle los servicios y las redes sociales de soporte.
Sin embargo, el estudio advierte que las entidades carecen de una definición de perfiles por competencias para los operadores del área de justicia alternativa, lo que “resulta preocupante dado que los facilitadores requieren del desarrollo de competencias particulares para garantizar el desempeño de sus funciones”.
De acuerdo con el Censo de Procuración de Justicia Estatal de 2015, sólo hay 674 facilitadores en todo el país, con magras condiciones laborales. Tienen plazas como Ministerio Público o auxiliares, con un sueldo promedio de 10 mil pesos mensuales y compensaciones de 2 mil a 7 mil pesos.
Pero las malas condiciones afectan a todos los Centros de Justicia Alternativa. En Oaxaca, por ejemplo, ni siquiera hay funcionarios administrativos para la justicia alternativa. En Chihuahua sólo hay tres secretarias, un ayudante de archivo, un notificador, dos policías que fungen como notificadores. En el Estado de México sólo hay dos personas administrativas de apoyo y Morelos es el más holgado, pues cuenta con 25 funcionarios administrativos de apoyo.
De acuerdo con los investigadores Mireya Moreno, Paulina Sánchez y Karen Silva, “gran parte del éxito de la justicia alternativa depende de las capacidades de los operadores y de su compromiso con los mecanismos”. Incluso, si la justicia alternativa opera de forma efectiva, “afectarán una serie de cotos de interés, influencias profesionales y esferas de poder y de control”.
¿Por qué apostar por la justicia alternativa?
Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal establece tres mecanismos: conciliación, mediación y junta restaurativa. Los primeros dos son similares pues implican la participación del requerido y el solicitante, más un tercero imparcial (llamado por la ley “facilitador”).
Entre las críticas a estos tópicos es que tanto la mediación como la conciliación no necesariamente implican un enfoque restaurativo, sino que se limitan a buscar un acuerdo por medio de negociación de manera similar a lo que ocurre en la materia mercantil o civil.
El modelo de justicia alternativa no aspira a ser justicia de pequeñas causas o para delitos cometidos por menores, ni un proceso abreviado, sino como un mecanismo que “transforme y sane la relación lastimada entre la comunidad y las instituciones del sistema de justicia”.
A partir de la revisión de diversos códigos penales locales, los delitos que son susceptibles a la justicia alternativa son: homicidio culposo, lesiones, aborto, manipulación genética, delitos contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, discriminación, amenazas, allanamiento de vivienda, robo, abuso de confianza, fraude, entre otros.
Además, evitar que los infractores lleguen a la cárcel por este tipo de delitos también significa un menor costo para el sistema penitenciario, pues los penales están a 130% de su capacidad en promedio. Esto representaba un gasto aproximado de 213 pesos diarios por interno, lo cual implica que solo para mantener a las personas en prisión preventiva se invierten 22 millones 970 mil pesos al día y 8 mil 269 millones de pesos al año.
El impacto económico también se observa entre las familias. De acuerdo con una encuesta realizada a familiares de internos de prisiones en el estado de Morelos y en la Ciudad de México más de 70% de los entrevistados gastó entre 10 mil y 50 mil. En contraste, con la justicia alternativa, 23% los usuarios entrevistados gastó 100 pesos; 30% afirmó haber gastado hasta 500 pesos y 24% hasta 5 mil pesos.
Además, una vez que una persona está en la cárcel, los gastos continúan: 20% de los familiares de internos en prisiones gastan entre 501 y hasta mil pesos mensuales en insumos y protección para su familiar, pero el pago puede llegar hasta cinco mil pesos.
El estudio incluyó encuestas a 458 usuarios de los mecanismos alternativos en Morelos, Estado de México y Oaxaca. Del total, 44% dijo sentirse muy satisfecho, 25% algo satisfecho, 3% ni mucho ni poco, 14% poco satisfecho y 12% nada satisfecho y 3% no sabe o no contestó.
Al preguntarles sobre el tipo de acuerdo fijado en los casos, 42% refirió que se trató de un arreglo de tipo monetario. De acuerdo con la Ley Nacional, los acuerdos también incluye la realización u omisión de determinada conducta, la prestación de servicios a la comunidad o cualquier otra forma lícita como la inscripción a programas o actividades destinadas a la no repetición de la conducta.
Los mecanismos alternativos, afirman los investigadores, representan una forma innovadora de hacer justicia de forma transparente y horizontal, lo que deja satisfechos a los usuarios con el resultado, no por el sentido de la resolución, sino por que perciben que hubo un proceso justo y que participaron de forma activa.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: NAYELI ROLDÁN.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/03/la-falta-de-personal-pone-en-riesgo-el-exito-de-la-justicia-alternativa-estudio/