Con el voto a favor de las bancadas de PRI, del Verde, del PAN y del PRD en el Congreso mexiquense –los legisladores de Morena votaron en contra– se aprobó el 19 de marzo una iniciativa enviada por Eruviel Ávila para facultar el uso de “armas letales” a los agentes policiacos en casos “estrictamente inevitables”.
La modificación al artículo 8 de este ordenamiento señala:
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de terceros, en casos de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.
La modificación deja al libre arbitrio de los propios agentes policiacos o de la autoridad definir qué es peligro inminente de muerte, la comisión de un delito particularmente grave o determinar cuándo, cómo y ante quiénes son insuficientes las medidas menos extremas.
Toda esta parrafada ambigua se relaciona con otro artículo que autoriza a los agentes policiacos estatales a usar la fuerza pública en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos.
Algo muy similar a la represión que ejerció el gobierno de Enrique Peña Nieto en mayo de 2006 en San Salvador Atenco y que fue presumida por el actual presidente en aquel “viernes negro” de su visita a la Universidad Iberoamericana, en mayo de 2012. Ahora, su sucesor Eruviel Ávila va más allá y legaliza ese uso excesivo de la fuerza.
La misma iniciativa permite también el uso de esposas rígidas, semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos, así como armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También avala el uso de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de bala para los agentes antimotines.
Todo el catálogo de la ley se constriñe a atacar las manifestaciones sociales y no las causas, la auténtica criminalidad y la falta de un sistema de justicia que ha provocado en los últimos años una gran irritación social en el Estado de México. Mucho menos se propone frenar la ola de secuestros, robos, feminicidios, abusos sexuales y narcotráfico que se han disparado en los municipios conurbados a la Ciudad de México.
Una vez más, la formación conservadora de los gobernantes del Estado de México aflora: les preocupan más las expresiones, marchas, asambleas y mítines de protesta social que los hechos criminales que no se expresan en plazas públicas ni en consignas antigubernamentales, sino en delitos amparados en la impunidad y en la ola de corrupción que asfixia a los municipios mexiquenses, especialmente Ecatepec, “bendecido” por el Papa Francisco y epicentro del poder de Eruviel Ávila. En Ecatepec se han incrementado las protestas por la falta de agua. Imaginemos la #LeyAtenco aplicada para frenar cualquier expresión de irritación social.
En el reino de las formas, la única que se conoce en el Estado de México es la forma de la mano dura con los disidentes o los descontentos y la forma de la mano oculta con los criminales. Esa es la verdadera crisis que atraviesa a la entidad más poblada del país.
El lunes 28 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de Atenco, encabezó una reunión con decenas de otras organizaciones sociales, como la Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, de Apaxco, así como Comunidades de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, entre otros, para derogar la #LeyAtenco, que ellos rebautizaron como #LeyEruviel. Anunciaron movilizaciones para los próximos 3 y 4 de mayo, bajo la denominación #MayoRojo o #MayoenFuego.
Ese mismo día, el secretario general de Gobierno mexiquense, José Manzur Quiroga, así como el presidente del Congreso estatal, Cruz Juvenal Roa Sánchez, afirmaron que las protestas y críticas contra la #LeyAtenco son resultados del “golpeteo político” y tuvieron la ocurrencia de señalar que responden a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presurosa y “autónoma” Comisión de Derechos Humanos del Estado de México anunció que dará su opinión ante la #LeyAtenco en 15 días. Seguramente necesitan deliberar mucho para determinar si es violatoria o no a las garantías individuales y, en especial, a la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Astuto como suele ser cuando se ve acorralado por las críticas en los medios de comunicación, Eruviel Ávila afirmó este martes 29 que le pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el visto bueno a la #LeyAtenco y, “si fuera el caso, hay voluntad para ajustarla”.
El mandatario priista dijo “ajustarla”, no derogarla o desecharla.
Eruviel Ávila sueña con presentarse como el candidato de la “mano dura eficaz” para las elecciones presidenciales del 2018. Cuenta con el apoyo del sector más conservador de la Iglesia católica, gracias al padrinazgo de personajes como Onésimo Cepeda, y de grupos empresariales que creen que se necesita mayor violencia policiaca contra los manifestantes.
En el delirio por presentarse como un gobernante eficaz, el priista puede acabar peor que Rafael Moreno Valle y su #LeyBala.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: JENARO VILLAMIL.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435102/leyatenco-los-delirios-eruviel
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