Con dicha norma, cuyo proyecto se mantuvo en la opacidad por varios meses y fue aprobada por el Congreso local el pasado 18 de marzo, añadieron, el gobierno de Eruviel Ávila pretende “legalizar la represión y blindarse jurídicamente ante los atropellos que prepara contra quien se organice y manifieste pacíficamente en el estado de México”.
Y debido a que fue en el gobierno actual en el que se aprobó, bautizaron la norma como “Ley Eruviel”. Integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, de la Administración Autónoma del Agua Potable de Coyotepec, de la Alianza Única del Valle, de Apaxco Comunidades por la Vida y de la Coordinación de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, entre otros, advirtieron que lucharán política y socialmente para echar abajo la “Ley Eruviel”. En rueda de prensa informaron que acudirán ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la nacional (CNDH), para pedirles que promuevan una acción de inconstitucionalidad contra la “Ley Eruviel” porque “violenta garantías constitucionales”.
De acuerdo con Antonio Lara, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, la nueva ley permite, entre otras opciones, el uso de esposas rígidas, de armas de fuego contra manifestantes y espionaje e intervención oficial en asambleas públicas de los pueblos organizados. Los inconformes afirman que si el jefe de seguridad pública de una región considera “ilegal” alguna manifestación en un lugar público, la “Ley Eruviel” permitirá a los policías actuar contra los manifestantes, y si intentan escapar, se podría disparar contra ellos.
La ley “no precisa alguna sanción administrativa, civil ni penal contra elementos que cometan excesos en el uso de la fuerza pública, y se rompe la cadena de mando, eximiendo así de responsabilidad alguna al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos.
Los diputados y diputadas locales montaron un andamiaje perfecto para la impunidad”, acusaron. Por ello adelantaron que, de manera conjunta, miles de habitantes de la entidad tramitarán amparos contra la nueva norma.
También anunciaron una serie de movilizaciones durante abril y mayo para echar abajo la “Ley Eruviel”. En abril realizarán una campaña de denuncia y concientización entre la ciudadanía sobre la norma, visitarán pueblos de todo el estado para explicar los alcances e implicaciones de la misma, acudirán a la CNDH para solicitar la acción de inconstitucionalidad, e irán también a organismos internacionales para darles a conocer el contenido de la ley.
El 29 de ese mes realizarán una movilización en Texcoco. En mayo, en el marco de los 10 años de la represión contra los habitantes de San Salvador Atenco, hechos por los que responsabilizaron al exgobernador y hoy presidente Enrique Peña Nieto, pondrán en marcha la campaña #MayoRojo, con una marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo. Llevarán a cabo foros y conferencias, así como el Encuentro de la Digna Resistencia en fecha aún por definir.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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