Esa fue la respuesta que la dependencia encabezada por Rodolfo Ríos dio a un particular que le solicitó –vía transparencia de la información– datos sobre el protocolo de atención a las víctimas de delito violento, entre los que destacan el tipo de apoyo que les otorgan a estos y a sus familias.
A través de un comunicado, el Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFODF), explicó que la PGJ dijo al solicitante que no era posible revelar los montos de la ayuda porque son de acceso restringido en su modalidad de reservada por seguridad de los involucrados.
El particular interpuso un recurso de revisión ante el organismo por considerar que la respuesta de la Procuraduría era “parcial e incompleta”. Entonces, ésta tuvo que revelar los montos solicitados.
En su edición 2048, la revista Proceso publicó un reportaje sobre el trato de revictimización que la Procuraduría capitalina dio a Mirtha Pérez, madre de Nadia Vera Pérez, una de las cinco personas asesinadas en la colonia Narvarte el 31 de julio de 2015.
La investigación reveló las malas condiciones higiénicas y de seguridad del hotel donde la dependencia dio hospedaje a la mujer –así como a la madre de Yesenia Quiroz, otra de las víctimas– durante el inicio de la investigación sobre el crimen.
De acuerdo con el reportaje, se trata de un inmueble ubicado en la colonia Doctores, a escasas tres cuadras de la sede central de la dependencia, donde “lo mismo llegan parejas por un par de horas de pasión y turistas con bajo presupuesto, que víctimas de trata y agresión sexual o familiares de quienes fueron brutalmente asesinados”.
Las condiciones físicas y del entorno del hotel de inmediato fueron rechazadas por la madre de la víctima y su defensa. Y es que, cuando Mirtha Pérez y su abogada particular entraron a la habitación asignada en la recepción del hotel, la primera exclamó: “¡Esto es una coartada, aquí nos van a matar a nosotros también!”.
Más: El 9 de noviembre de 2015, durante la presentación de la Plataforma de Seguimiento del Caso Narvarte, Pérez aseguró que el hotel donde la PGJDF aloja a los familiares de las víctimas presenta “un ambiente de pánico e inseguridad a propósito para amedrentarlos y hacer que cejen en su empeño de exigir el derecho a una investigación”.
Según la Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito para el DF y el reglamento de la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas de los Delitos en materia de Trata de Personas en el DF, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas del Delito (Adevi) de la Procuraduría capitalina debe ofrecer hospedaje y transporte al lugar de origen a las víctimas directas o indirectas ofendidas o testigos de feminicidio, como fue el caso de Nadia y las otras tres mujeres asesinadas en la colonia Narvarte.
En el reportaje publicado, Héctor Alberto Pérez Rivera, coordinador de la Clínica contra la Trata de Personas y el Centro de Acceso a la Justicia del ITAM, aseguró que la atención victimal de la PGJDF “está en la calle, está por los suelos”.
En entrevista, aseguró que para la Procuraduría “la víctima en el proceso no es una persona, es una evidencia que les sirve para sancionar a una persona”.
Puso como ejemplo el caso que lleva de una mujer víctima de trata: “Las pruebas que le hacen no sirven para acreditar la violación a un derecho, sino para acreditar la culpabilidad de un sujeto. Ese es el patrón: mientras les sirve, a la víctima la tratan como una prueba, por eso no le dan un lugar digno, por eso no acceden a la reparación del daño, por eso no acceden a la verdad, por eso las pruebas psicológicas no están orientadas a atender su dolor, sino a probar el delito”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: SARA PANTOJA.
FECHA: 16 DE MARZO 2016.
LINK: http://www.proceso.com.mx/433756/paga-pgjdf-hospedaje-200-a-familiares-victimas-delito-violento
