La estrategia es muy variada, descalificar a quienes ponen en duda la narrativa oficial (miembros del GIEI o Juan Méndez), criticar la metodología utilizada (CIDH, Comité contra las desapariciones forzadas de la ONU, Relator de la ONU contra la tortura), guardar silencio ante la evidencia mostrada (Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Freedom House, Artículo 19, Centro Pro), sacar de los medios a las voces críticas (Aristegui y muchísimos otros), utilizar a columnistas, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil a modo para desacreditar o negar la realidad (sobran ejemplos, el más reciente es el ataque a la CMDPDH y varios de sus miembros), propaganda burda (ya chole con sus quejas) y la oposición en un silencio cómplice.
Sin embargo, la realidad está a la vista, las víctimas se acumulan, el dolor crece.
Los informes seguirán llegando, ¿la discusión debe seguir centrándose en la negativa del gobierno federal? Hay mucho que hacer para abordar los temas de fondo y no seguir en el desgaste de argumentos. Los medios responsables deben seguir en la denuncia y el periodismo de investigación, las organizaciones de la sociedad civil continuar documentando y representando casos en instancias nacionales e internacionales, la academia debe asumir su responsabilidad y las instituciones autónomas del Estado cumplir su mandato.
Solo le lanzaría un reto al gobierno federal. Si todos los diagnósticos están equivocados que ofrezca narrativas reales a los casos de violencia, que garantice la no repetición, que acabe con la impunidad y que repare integralmente a las víctimas. La ciudadanía lo exige, quedamos a la espera.
No hay costos jurídicos ni políticos, no los habrá mientras no haya una oposición responsable, una ciudadanía enterada y medios de comunicación libres y plurales.
En tanto esto se construye hay mucho que hacer. Se ha hablado sobre iniciar procesos de justicia transicional, en las condiciones actuales solo es posible realizar parte de ellas. En palabras de Theodor Adorno “Solo se puede abordar el pasado cuando las causas que lo provocaron han sido removidas”. ¿Cómo ofrecer justicia sin aceptar la realidad? ¿Cómo transitar sin lograr el fin de la violencia y sin la posibilidad de ofrecer garantías de no repetición? Es como querer cambiar la llanta con el coche en movimiento.
Lo que se puede iniciar es la búsqueda de la verdad y la reparación integral de las víctimas. En la mayoría de las experiencias internacionales (Guatemala, Colombia, Argentina, Perú, etc.) la justicia llegó años después que la verdad, la reparación y los procesos de memoria.
En esta materia es central el papel que pueden jugar la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión ejecutiva de atención a víctimas (CEAV) como instituciones autónomas o descentralizadas del Estado mexicano.
Habrá que seguir de cerca el proyecto anunciado por la CEAV y El Colegio de México para iniciar investigaciones que buscan esclarecer hechos violentos del pasado reciente (San Fernando, Tamaulipas y Allende, Coahuila) y ofrecer información que abone al derecho de las víctimas a la verdad, la reparación integral, los procesos de memoria y las garantías de no repetición. Estas investigaciones estarán coordinadas por Sergio Aguayo y recibirán las sugerencias de Mariclaire Acosta, Javier Sicilia, Juan Villoro y Rubén Aguilar. Sobre este proyecto sugiero consultar la explicación que da Sergio Aguayo.
Las respuestas están en el Estado mexicano y no solo en el gobierno federal. La responsabilidad es compartida entre sociedad, gobierno, academia, medios, organizaciones y empresas. Claro, sin la voluntad del ejecutivo el camino será largo y difícil, para esto habrá que esperar algunos años.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: JACOBO DAYÁN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0803/mexico/si-el-gobierno-niega-que-explique-haga-justicia-y-repare-articulo-de-jacobo-dayan/
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