Al respecto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, indicó que Tlatlaya “es una de las violaciones graves de derechos humanos de nuestro México contemporáneo, estamos hablando de una masacre encubierta por autoridades federales y estatales, el 30 de junio de 2014 hay un primer enfrentamiento entre militares y civiles, se rinden el mayor número de civiles y ya estando a disposición del Ejército, proceden a ejecutarlos”.
Los hechos ocurrieron en “una bodega, en la madrugada, entendemos que hay un patrullaje militar, se da en breves minutos un enfrentamiento, se rinden los civiles, y posteriormente los proceden a ejecutar, hay tres mujeres en la bodega, que son las víctimas sobrevivientes”, explicó en entrevista para Aristegui CNN.
“Una de ellas (Clara) declara y da a conocer la verdad de lo sucedido que es distante a la verdad oficial. Ese mismo día, 30 de junio de 2014, la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), emitió un comunicado en donde refiere que abatieron a 22 civiles, repeliendo una agresión”, expuso.
En días posteriores, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, “hace un reconocimiento a la labor heroica del Ejército por los hechos, y con posterioridad el propio procurador del Estado de México, una vez que la revista Esquire y Associated Press sacan el reportaje con el testimonio de una de las víctimas sobrevivientes, vuelven a negar los hechos de que estemos frente a una ejecución extrajudicial”.
Pero “la Comisión de Derechos Humanos, en octubre de 2014, emite la recomendación, establece que por lo menos de 12 a 15 personas fueron ejecutadas”.
Como consecuencia de la recomendación, la Procuraduría General de la República “hace su primera consignación, acusando a siete militares, de los cuales, a tres los acusa del homicidio de ocho personas. Hay una discrepancia clara (con la CNDH)”.
Recordó que “el Centro Prodh representa a una de las víctimas sobrevivientes, a Clara Gómez González, no se le reconoce la calidad de víctima, ella recurre al juicio de amparo, y es a través del juicio de amparo que por primera vez tenemos acceso al documento que dimos a conocer en nuestro informe: Tlatlaya un año, la orden fue abatir, que es la orden general de operación, en donde en la orden número siete se envía a los militares a actuar en horas de oscuridad, para abatir delincuentes. Esa es la frase, por eso nosotros decimos que en Tlatlaya, la orden fue abatir, y se tiene que investigar la responsabilidad institucional y la responsabilidad por cadena de mando”.
Comentó que “han pasado más de nueve meses que solicitamos a la PGR que se investigara y hasta el día de hoy no hay ni un sólo militar comparecido a declarar, ni siquiera en calidad de testigo, no sólo eso, sino que damos a conocer junto con organizaciones de la sociedad civil que el fuero militar absolvió a seis de los siete militares en la investigación de delitos contra la disciplina militar, es una resolución muy importante”.
Debido a que “en noviembre de 2014 se acota el fuero militar para que violaciones a derechos humanos donde estuvieran involucrados civiles, no fueran conocidas por el fuero militar, sino por el ordinario civil, sobre todo por la independencia y la imparcialidad en las investigaciones”.
La PGR ha informado que Clara debe ratificar lo que ha declarado, sobre ello Patrón señaló que “jurídicamente eso es falso”.
“No tendría por qué ir a ratificar, la PGR está investigando delitos graves, que son consecuencia de una recomendación por violaciones graves de derechos humanos”, apuntó. Ella ha “declarado tres veces en total“.
Denunció que “hasta la fecha no hemos tenido acceso a las órdenes de cumplimiento (militar), las cuales la Sedena, claramente al aceptar las medidas cautelares, debe de asegurar que estas órdenes no se vuelvan a repetir”.
“La respuesta oficial del gobierno primero fue que abatir no era matar, el significado. Nosotros nunca dijimos que era sinónimo, lo que dijimos es que en la disciplina y operación castrense, abatir se asemeja a privar de la vida, muestra clara es que el propio boletín oficial soobre los mismos hechos, muestra la palabra abatir”, indicó.
La segunda respuesta fue de Salvador Cienfuegos, titular de la Sedena, quien dijo que había sido “un error de transcripción”.
La tercera respuesta, recordó Patrón, “del gobierno Federal ha sido bajo la omisión de la PGR”.
Por su parte Santiago Aguirre, abogado del Centro Prodh, aseveró que “cuando fue reformado el fuero militar, muchas organizaciones señalamos que era un avance importante en la medida en la que restringía los alcances de esta jurisdicción, gracias a esa reforma es que Clara puede declarar ante una instancia civil y no ante una instancia militar”.
Sin embargo, “muchas de las organizaciones que emitimos un boletín, señalamos que era una reforma incompleta, que generaba el riesgo de que se pudieran conducir investigaciones y juicios paralelos sobre unos mismos hechos, lo que podría generar que se arribara a conclusiones contradictorias, pensamos que es lo que puede pasar en el caso Tlatlaya”.
Porque “al absolver el juez militar a los soldados, y considerar que no cometieron ninguna infracción a deberes militares, el juez llega a decir que los soldados únicamente actuaron repeliendo una agresión, es un pronunciamiento jurídico sobre el fondo de los hechos… genera la posibilidad de que los militares que están siendo juzgados por los homicidios en la justicia civil, puedan utilizar esta resolución como un elemento de su defensa”.
“Sólo con investigaciones exhaustivas se puede revertir la crisis de derechos humanos que hay en México”, finalizó.
El testimonio de Clara
En julio de 2015 la periodista Carmen Aristegui entrevistó a la señora Clara Gómez para CNN, a continuación reproducimos la entrevista:
Julia, como se le conocía a Clara Gómez González, habló para Aristegui CNN, luego de que había ocultado, por seguridad, su identidad.
“Yo fui a rescatarla (a su hija) tuve una llamada, de ella… No estaba de forma voluntaria. Ya tenía unos meses desaparecida, que no sabíamos nada de ella. (Dijo) Que ella venía a San Pedro Limón (en Tlatlaya), yo me trasladé para traerla, yo llegué a esa bodega… dialogué con ella, pero como los muchachos se molestaron me subieron a la camioneta y me llevaron a la bodega el día 29 (de junio) ahí pasé unas horas, cuando se vino la balacera“, contó la testigo de los hechos del 30 de junio de 2014, por los que perdieron la vida 22 personas, entre ellas su hija, Érika.
-¿A qué hora empezó la balacera?-, le preguntó Aristegui.
“Como de 4 a 5 de la mañana, dormidos todos, la mayoría. Yo la verdad no dormí esa noche por miedo, por temor a que me fueran a hacer algo. Estaban unos tabiques, ahí permanecí sentada”, indicó.
“Yo alcancé a escuchar que se metió un muchacho a la bodega, dijo: ‘nos cayeron los contras’. Se metió corriendo. Se regresa la camioneta de militares, empiezan a aluzar, ven la gente armada y empiezan a disparar. No fue como dicen ellos que fue según que se agarraron los militares con la delincuencia organizada, un enfrentamiento, no fue así. Empezaron los militares. De afuera hacia adentro“, abundó.
Adentro, “la mayoría estaban dormidos y otros estaban parados”.
Después reaccionaron. “Cuando todos se empezaron a parar, entonces hubo otro fuego para acá”, agregó.
“Nada más escuchamos que ya había caído uno, que ya había muerto uno, pero la mayoría de todos estaban vivos”, apuntó Clara.
La balacera termina cuando los soldados le dicen a las personas de adentro de la bodega “ríndanse. Somos el Ejército, salgan, ríndanse. Y ya todos salieron rendidos, la mayoría”.
“Después cuando aluzaron, me vine caminando ( a la bodega) me agarró un militar y le digo: la que está ahí es mi hija, está herida. Estaba otro muchacho que tenía otro balazo en su mano, también estaba herido, cayeron boca abajo, en ningún momento como dice el gobierno que ella tenía armas, que ella disparó, eso no es cierto. Ella cayó boca abajo, tenía un balazo en su pierna. Ella, mi hija, y el otro muchacho, menor de edad que ejecutaron los militares, cayeron boca abajo”, refirió sobre las fotografías en la que las personas muertas aparecen con armas y boca arriba. (Ver: Fotos: Los muertos en Tlatlaya; así quedaron los cuerpos)
“Ella estaba herida, yo me vine y le toqué el pulso, ella todavía estaba viva. Ella nada más se quejaba, entonces yo le dije que me la llevaba, ellos me dijeron que no que porque era de la delincuencia organizada y me dijeron retírese, váyase para allá”, relató.
Cuando salen, “se los llevan a otro cuartito, que está de un lado, ahí metieron a todos los muchachos, ahí los tuvieron, cuando a mí me llevan del otro lado de la esquina, veo a otras dos muchachas que ahí estaban y a otros dos muchachos que estaban con vida”, narró.
Les decían los militares “¿no que muy machitos, hijos de su…?, y ya les daban un balazo. Estaba muy feo la verdad”.
Clara Gómez dijo que alcanzó a ver las ejecuciones, pues “ellos tenían una lámpara” que les ponían a las personas. Entre 10 y 15 eran los detenidos que pudo contar. Los tenían hincados. “De uno por uno” los ejecutaron.
“Yo platiqué con el (militar) que estaba con nosotros… ya no lo hagan, ya no les estén matando, ¿por qué lo hacen? Dijo (un militar) porque esos perros no merecen vivir. Así. Yo siento feo, ahí está mi hija, déjenme salir”, mencionó.
Dijo que no narró todos estos hechos ante el Ministerio Público “porque a nosotros nos amenazaron (funcionarios del Estado de México) desde un principio que estábamos en la bodega. Nos dijeron que no dijéramos nada. Nos decían que no les servían esas declaraciones. Querían que diéramos una falsa declaración. Que nosotros dijéramos que también éramos de la delincuencia organizada”.
Sobre el caso, el abogado del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Santiago Aguirre, sostuvo que el informe presentado el cual revela que la orden militar era “abatir delincuentes”- “es una orden que podría haber propiciado los hechos de Tlatlaya”.
Añadió que en este caso no se ha investigado la cadena de mando y pidió garantizar la seguridad de la testigo.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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