Enrique Peña Nieto se acaba de iniciar su etapa de fascismo al más puro estilo mexicano reglamentando el artículo 29 de la Constitución para la suspensión de garantías o el establecimiento de un estado de excepción por orden de él mismo.
Como cualquier dictatorzuelo, Peña Nieto quiere pasar a la historia manipulando la Constitución a su antojo bajo el pretexto de que su nueva medida autoritaria, es por si México sufre una “invasión, perturbación grave de la paz pública o bien un grave peligro o conflicto’’.
Analicemos las posibles “invasiones” que México pueda sufrir. Empecemos por Estados Unidos. ¿Le interesaría invadir nuestro país? Tal vez, le interese nuestro petróleo, pero no creo que le interesen los ciudadanos mexicanos, por lo tanto queda descartado.
El delirio suele confundir a los hombres enfermos de poder. La pregunta es pertinente: ¿Ha entrado Peña Nieto en un estado de delirio? Todo parece indicar que el señor inquilino de Los Pinos, siente pasos en la azotea y cree que una potencia extranjera invadirá México.
Tal vez, el verdadero argumento no está dicho en esa solicitud de Peña Nieto enviada al Congreso de la Unión para que sea aprobada ipso facto la suspensión de garantías. Tal vez, lo que realmente quiere el inquilino de Los Pinos es controlar la protesta social, apaciguar el enojo de los mexicanos que ya en una ocasión quemaron la puerta de Palacio Nacional por el caso de la desaparición forzada de los 43 normalista de Ayotzinapa.
Peña Nieto está asustado. Y cree que es mejor legislar el estado de excepción, la suspensión de garantías individuales y la posterior instauración de un régimen dictatorial. ¿Será capaz de dar ese paso tan decisivo en su carrera política a punto de extinguirse luego que deje Los Pinos?
Por si acaso, la reforma al artículo 29 determinará que en caso de que exista una “perturbación grave de la paz pública u otros actos que pongan a la sociedad ‘‘en grave peligro o conflicto’’, el tendrá la facultad de dar un golpe de estado para controlar a la chusma, a la prole, pues.
Los niveles de popularidad de Peña Nieto son tan bajos que ya nadie en Presidencia de la República se atreven a medirlos. Anda por los suelos. Le llueven las críticas. Los mexicanos están hartos de tanto aumento y de sobrevivir con los minisalarios; están hartos de la violación constante a los derechos humanos, del desempleo, la pobreza, el hambre, la corrupción de sus funcionarios, del saqueo de los políticos, de los gobernadores rateros, de la podredumbre del sistema.
Tal vez por eso, Peña Nieto convenció a todas las fuerzas política a aprobar semejante atentado a la libertad de los mexicanos. Y así la comisión avaló sin cambios y con los votos de PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal la legislación que apenas en diciembre envió el Ejecutivo para obtener los votos del Senado.
A los que si no pudo convencer fue a las diputadas de Morena Rocío Nahle García y Sandra Luz Falcón, quienes valientemente hablaron en contra de la iniciativa presidencial y votaron en contra.
Los que francamente si fueron exhibidos en su real dimensión fueron los legisladores del Movimiento Ciudadano como el legislador Salomón Tamez, quién al final se abstuvo, mientras que el coordinador de esta bancada, Clemente Castañeda, cobardemente no se presentó a la votación.
Después de esto, los mexicanos debemos saber que la represión gubernamental ya es legal. Ahora si que reprimir las protestas será bajo el imperio de la ley, como en las famosas dictaduras del Cono Sur.
Tal vez por eso, Peña Nieto prefirió no definir lo que se entiende por “perturbación grave de la paz pública”. Tampoco nos explica que significa eso de la existencia de un “conflicto’’, para justificar la represión.
Esta iniciativa de ley, otorga al Ejecutivo un alto margen de maniobra. Finalmente nadie podrá impugnar su autoridad.
Lo más grave, es que parece que todos están de acuerdo. Supuestamente hasta la ONU, porque según la presidenta de la comisión, Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), cuentan con “el aval” del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
El otro silencio ensordecedor es el de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que como de costumbre no ha dicho ni pío. El Ombudsman Luis Raúl González Pérez, anda ocupado y no puede contradecir a su patrón, al que le paga el extraordinario sueldo que gana.
Finalmente, Peña Nieto se decidió a legalizar el estado de excepción que vivimos con el ejército y la marina en las calles. Los mexicanos padecemos un estado criminal, cuyas autoridades que se supone deben protegernos, se dedican a torturar, desaparecer y ejecutar ciudadanos. Institucionalizar vía la Constitución, es solo un paso al fascismo.
La ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución solo viene a consolidar la masiva violación a los derechos humanos que padecemos. El sistema está rebasado, el sistema no funciona, el sistema gubernamental , el sistema político mexicano está podrido.
Con esta ley México deja de ser una democracia. Tal vez, nunca lo fue. Pero está claro que ahora es una partidocracia donde impera la corrupción de los partidos, las instituciones, los funcionarios, los políticos, los gobernadores, los alcaldes, los diputados, los senadores…
Es evidente que el acuerdo unánime se debe a que estos señores pretenden seguir cometiendo todo tipo de fechorías gozando de una patente de corso, ahora bajo el nombre de ley reglamentaria del artículo 29. No por nada, México ocupa el lugar 58 de 59 países con mayor impunidad.
¿Quién se atreverá a interponer un recurso de inconstitucionalidad? Nadie. Los ciudadanos no estamos representados realmente en ninguna de las instituciones que componen el gobierno, ni siquiera en las que supuestamente nos representan en la Cámara de Diputados y la de Senadores, convertidos en simples borregos a las órdenes del Ejecutivo. ¿Dónde quedó la separación de poderes?
En fin, más nos vale irnos preparando. Un país sin derechos humanos, sin libertad, sin estado de derechos, esta encaminado al abismo… ¿Qué sigue?
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANJUANA MARTÍNEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/opinion/04-04-2016/47796