“Siendo que aparece en una lista como esa es muy claro, la autoridad inicia auditorías y de eso determina créditos y con ello el contribuyente tiene que pagar los impuestos”, indicó.
Refirió que del caso que se conoció el año pasado, se tienen más de 54 inicios de auditorías con igual número de personas que incluso van más allá de los nombres que se conocieron públicamente, en donde hubo saldos desde 25 dólares hasta más de cinco millones de dólares.
“Las personas que hoy estamos revisando son aquellas que tuvieron saldos mayores y que en su momento tienen que aclararlo en una auditoría que puede durar hasta dos años, tratándose de operaciones en el extranjero, para ver si pagaron o acumularon correctamente esos ingresos y así va a suceder con este caso, para efectos de que agotemos los procedimientos”, puntualizó.
El jefe del SAT aclaró que ser ciudadano mexicano y tener recursos en el extranjero no es ilegal, ni que tenga su dinero en un paraíso fiscal, lo que sí, es que tenga una utilidad, rendimiento o intereses por los cuales acumule ingresos y no pague los impuestos correspondientes en México.
En este sentido, consideró que será de suma importancia el Acuerdo de Intercambio Automático de Información, que tiene como fin combatir la evasión fiscal, conocido como FATCA por sus siglas en inglés, que se firmó en octubre de 2014 con 50 países y que hoy ya se sumaron 80 naciones.
Este acuerdo que ya opera con Estados Unidos, pero que con el resto de los países iniciará en 2017, permite que los firmantes envíen información al gobierno de la República sobre los ciudadanos mexicanos con cuentas en el exterior, para saber si cumplen con sus obligaciones fiscales.
El titular del SAT aseguró que se aplicará la ley sin ninguna distinción para aquellas personas que evadan impuestos, con multas que pueden ir desde sanciones económicas hasta el encarcelamiento.
Esto luego de que se filtraran documentos de un despacho panameño, los llamados “Papeles de Panamá”, que implican a personas públicas y privadas de diversas partes del mundo, incluidas mexicanas, en los que presuntamente arrojan que aprovecharon los llamados paraísos fiscales para evadir impuestos.
“La ley no distingue ni funcionarios de alto peso ni de bajo peso, ni de mediano peso, ni empresarios de bajo peso o mediano peso tampoco”, señaló el jefe del SAT, Aristóteles Núñez.
Aseguró que esos documentos son muy valiosos y se tendrán que revisar con objetividad, de acuerdo con la información que tiene el organismo recaudador, aunque las auditorías podrían durar hasta dos años.
Sin embargo, de comprobarse algún ilícito, continuó, las sanciones que se aplicarían son el pago de impuestos correspondientes (una tasa de entre 30 y 35 por ciento, según el año que se trate), un recargo por esa cantidad no pagada y una multa de casi ciento por ciento del monto que se evitó cubrir.
Además, en caso de acreditarse que se cometió algún delito fiscal, según el monto, el involucrado puede tener prisión de tres meses a nueve años, explicó el funcionario federal, entrevistado en el marco del “Foro Recinto Fiscalizado Estratégico, propuesta de ampliación de beneficios”.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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