La propuesta que presentó el mandatario estatal y que será votada en el Congreso local antes del 4 de mayo, incluye disposiciones en el artículo Noveno transitorio que servirían al mandatario para evadir la máxima publicidad de asuntos controversiales de su administración.
En primer término, dicho artículo señala que los sujetos obligados cuentan con un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la Ley, para cumplir con las obligaciones de transparencia referidas en el Título Quinto, que es donde se enumera toda la información que deberá publicitarse en los sitios web de los entes gubernamentales.
Cuando este plazo se cumpla sólo restarán poco más de dos meses para el término del sexenio morenovallista.
Más aún, el mismo artículo señala que “las nuevas obligaciones establecidas en la presente Ley no contempladas en la Ley anterior, serán aplicables respecto de la información generada desde la entrada en vigor de la Ley General; es decir, desde el 5 de mayo de 2015”.
Rafael Hernández García Cano, presidente en Puebla de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), advirtió que esto podría ser utilizado como “excusa” por el gobierno de Puebla para mantener los candados en información controversial que hasta ahora mantiene en la opacidad.
Es el caso del Fideicomiso que firmó la administración de Moreno Valle en 2012 con la empresa Evercore, propiedad del exsecretario de Hacienda, Pedro Aspe, para depositar todos los ingresos obtenidos por el Impuesto sobre Nómina y supuestamente garantizar con ello el pago de los Proyectos de Prestación de Servicios.
Aunque la iniciativa presentada por Moreno Valle considera sujetos obligados a los fideicomisos, al haber sido generado antes del 5 de mayo de 2015, cuando se aprobó la Ley federal, el manejo de esos recursos en el período morenovallista podría quedar sin transparentarse.
El documento presentado por el mandatario poblano propone aumentar de 24 a 49 las obligaciones de transparencia y aumenta los sujetos obligados para incluir fideicomisos, fondos públicos, instituciones autónomas y cualquier persona física o moral que reciba recursos públicos.
Sin embargo, con el candado incluido en el transitorio noveno, este incremento de obligaciones y sujetos sólo sería obligatoria para información generada a partir de mayo de 2015.
Hernández García Cano recordó que esta iniciativa fue presentada apenas este 27 de abril, sin que la sociedad civil fuera convocada previamente para presentar propuestas y ya con pocos días para que las organizaciones civiles puedan estudiarla y proponer modificaciones antes de que se someta a su aprobación en el Congreso local.
Juan Bosco Rosillo, también integrante del Nodo de Transparencia, comentó que hasta ahora ha detectado varios puntos regresivos en la propuesta morenovallista, como es el hecho de que antes en Puebla se establecía un período de 10 días hábiles para entregar respuestas a solicitudes de información y ahora ese plazo se amplió a 20 días.
Indicó que las organizaciones ciudadanas que conforman el Nodo de Transparencia trabajan “a marchas forzadas” en el estudio del documento, para que, a más tardar el lunes, puedan fijar una postura conjunta sobre la iniciativa.
FUENTE: PROCESO.
AUTRO: GABRIELA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/439041/busca-moreno-valle-evadir-la-ley-transparencia