Protegidos por cientos de granaderos, tres trascabos de Autovan continuaron desmantelando el campamento Por la Paz y la Digna Resistencia que habitantes de Xochicuautla instalaron en junio pasado para impedir las obras. También siguieron abriendo brecha para la carretera y amenazaron con derribar una pequeña capilla en el paraje de El Zopilote, donde ayer demolieron una casa.
Cuatro mujeres y un hombre entraron en la capilla para impedir que la maquinaria la derribara. Los dos enviados de la ONU se pusieron frente al inmueble y pidieron tolerancia a los policías antimotines.
Los abogados del movimiento explicaron al personal de la ONU que cuentan con dos suspensiones que no están siendo respetadas y anunciaron que denunciarán a la empresa por incurrir en desacato, con apoyo de la policía estatal.
El comandante que estaba al frente de los granaderos dijo desconocer la existencia de las suspensiones y manifestó que sus superiores no le notificaron.
En el paraje Los Zopilotes se reunieron más de 100 habitantes que pidieron con gritos y llanto a los policías y a los ingenieros de Autovan que pararan la destrucción del bosque y sus viviendas. En el trazo de la carretera hay seis viviendas más que podrían ser demolidas.
La mayoría de la población de Xochicuautla se opone a la construcción de la autopista desde 2008, cuando se inició su construcción, pues aseguran que este proyecto es punta de lanza para que la zona se urbanice y se arruine el llamado Bosque de Agua, principal punto de recarga del acuífero del Lerma, que abastece a la Ciudad de México.
Los pobladores han retrasado ocho años el proyecto que se concesionó a Juan Armando Hinojosa Cantú, propietario de Higa, que construyó la llamada Casa Blanca en Las Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México al gusto de Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.
El año pasado el Ejecutivo expropió 37 hectáreas del núcleo comunal de Xochicuautla para terminar la autopista, pero habitantes promovieron amparos y aseguran que nunca se realizó la consulta a la que estaban obligadas las autoridades antes de emitir el decreto expropiatorio.
Apoyo de normalistas
A la zona de conflicto también llegaron representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quienes tomaron nota. Pasadas las 15 horas, policías y personal de Autovan se retiraron cuando arribaron normalistas de Tenería en apoyo a la comunidad.
En tanto, el presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, invitó a las partes a que en la disputa por este proyecto priven el diálogo, el respeto a la ley y los derechos humanos.
Durante la presentación del Diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2015, en la Ciudad de México, el ombudsman dijo que el organismo a su cargo analiza el expediente.
FUENTE: LA JORNADA.
AUTOR: ISRAEL DÁVILA.
LINK: http://www.jornada.unam.mx/2016/04/13/estados/026n2est