La denuncia señalaba a Álvarez Icaza como responsable de haber malversado recursos que el Estado mexicano otorgó al organismo internacional para financiar su intervención, a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en el caso Ayotzinapa.
En un escueto comunicado, la PGR indicó:
“En relación con la averiguación previa iniciada el día 15 de marzo del presente año en contra de Emilio Álvarez Icaza Longoria, por el supuesto delito de fraude, la Procuraduría General de la República informa que en vista de que no se cumplieron los requisitos de procedibilidad, se ha determinado la Consulta de No Ejercicio de la Acción Penal”.
Asimismo explicó que la notificación de esta determinación le fue hecha formalmente a la Secretaría de Gobernación, en su carácter de representante del Gobierno Federal, el lunes pasado.
El anuncio de la PGR, se da días después de que el presidente de la CIDH, James L. Cavallaro, se quejó en una entrevista publicada en la edición de la revista Proceso que circula esta semana, de que el gobierno mexicano no haya desechado esa denuncia.
Carvallo aseguró que hay una campaña de desprestigio contra la CIDH y una vez más, reiteró que en México existe una “muy grave” crisis de derechos humanos.
También afirmó que el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, no tiene facultades para decidir de manera unilateral la permanencia del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes (GIEI), sino que es facultad de la Comisión.
El 15 de marzo, José Antonio Ortega Sánchez, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, presentó la denuncia contra el ombudsman por el presunto delito de fraude en perjuicio de la Federación, por un monto aproximado de dos millones de dólares.
Según Ortega Sánchez, el Código Penal Federal tipifica como fraude la conducta antisocial consistente en que alguien “engañando a uno o aprovechándose del error en que éste se halla, se hace ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido”.
Para el abogado en este caso las “víctimas del engaño” son el gobierno federal y contribuyentes mexicanos al fisco.
El monto del supuesto fraude, indicó, corresponde al dinero que el gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del GIEI, cuyos integrantes apoyan al gobierno de México en la localización de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.proceso.com.mx/435886/desecha-la-pgr-denuncia-fraude-contra-alvarez-icaza