El documento se avaló con lo general con 383 votos a favor, uno en contra y 32 abstenciones, luego de que se aprobó un adendum en el artículo cuarto transitorio.
Para su discusión en lo particular se presentaron 31 reservas, 30 de artículos y un transitorio.
La nueva ley tiene por objeto garantizar el derecho de acceso a la información pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, organismo, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.
Asimismo, de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en los términos previstos por la Constitución y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
En este sentido, el proyecto de ley establece los mecanismos necesarios, en el ámbito federal, para garantizar de forma efectiva los objetivos de las disposiciones constitucionales y generales.
Favorece el escrutinio ciudadano sobre las actividades sustantivas de los sujetos obligados, promueve una cultura de transparencia y acceso a la información pública e incentiva la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas.
Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Trasparencia y Anticorrupción, Rogerio Castro Vázquez (Morena), recordó que en febrero de 2014 se aprobó la reforma constitucional en la materia, en la que se sentaron las bases mínimas para la transparencia y el acceso a la información.
Este día, con la expedición de la nueva ley, se cierra una etapa para continuar con otras, con el fin de completar este sistema nacional de transparencia.
A nombre de la comisión y de los coordinadores de los grupos de trabajo, el diputado Castro Vázquez presentó un agregado al dictamen para que en el transitorio cuarto se incluya una modificación.
Se plantea que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INA) deberá aprobar en un plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor, los correspondientes lineamientos que regularán la forma, términos y plazos en el que los sujetos obligados del ámbito federal deberán cumplirlas.
La modificación se aprobó por mayoría, en votación económica.
Posteriormente, los grupos parlamentarios fijaron su posición a través de los diputados José Alfredo Ferreiro Velazco (PES), Luis Alfredo Valles Mendoza (NA), José Clemente Castañeda Hoeflich (MC), Ernestina Godoy Ramos (Morena), Sharon María Teresa Cuenca Ayala (PVEM), Omar Ortega Álvarez (PRD), Mayra Angélica Enríquez Vanderkam (PAN) y Edgar Romo García (PRI).
Todos ellos expresaron su apoyo al dictamen en lo general, pero los legisladores de MC y Morena adelantaron que presentarán reservas para su discusión en lo particular.
A favor hablaron: Alejandro González Murillo (PES), Francisco Javier Pinto Torres (NA), María Candelaria Ochoa Ávalos (MC), Jorgina Gaxiola Lezama (PVEM), Francisco Xavier Nava Palacios (PRD), María Guadalupe Cecilia Romero Castillo (PAN) y Pedro Luis Noble Monterrubio (PRI)
En contra lo hicieron Manuel Jesús Clouthier Carrillo (independiente) y Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena).
Posteriormente se produjo la votación y el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Zambrano Grijalva, decretó un receso de 15 minutos para ordenar la discusión de las reservas que se presentaron.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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