Abogados de las víctimas dijeron en conferencia de prensa que el pasado 18 de abril el Décimo Sexto Juzgado de Distrito en Materia Penal otorgó este amparo, que obligará a las autoridades de justicia a sentarse nuevamente con las familias y aceptar el rol que pueden tener de coadyuvancia en las investigaciones.
“No se ha agotado la línea de investigación que lleva a Veracruz”, dijo la abogada Karla Micheel del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
La sentencia de amparo permitiera que el asesinato de cinco personas hace ocho meses en un departamento de la colonia Narvarte continúe abierto:
“Aunque en principio el caso no está cerrado, las autoridades no han hecho por esclarecer lo que sucedió el 31 de julio”, dijo el abogado David peña del Grupo de Acción.Los familiares lamentaron que fuese un Juez el que tuviera que obligar a las autoridades de justicia a realizar su trabajo.
“El sentido de este amparo va en una serie de hechos. Revisar una serie de aspectos, o diligencias que nos parecen importantes para esclarecer el crimen que la Procuraduría de la Ciudad de México no las quiso revisar. Ahora tienen que hacerlo, o sino justificarlo legalmente” , dijo Héctor Pérez, representante de la clínica contra la trata del ITAM.
David Peña sostuvo que habrá acciones negadas anteriormente que ahora se podrán realizar como la ampliación de indagaciones en la mecánica de los hechos, realización de un peritaje de criminología para saber si esto corresponde a un homicida ordenado, mostrar los videos completos y sin edición de los alrededores del lugar de los hechos.
Así como indagar sobre los objetos que presuntamente se utilizaron para asesinar a las víctimas y una pisada de sangre: el ADN encontrado en estos últimos no ha coincidido con el de los tres detenidos y presuntos culpables.
“Las investigaciones sobre actividad periodística de Rubén Espinoza, o del activismo de Nadia Vera, se tiene que agotar. Hay otros casos, y esto se tiene que hacer en honor a la derecho a la verdad”, explicó el abogado.
Con este amparo ganado por las víctimas, la Procuraduría capitalina tendrá que informarles puntualmente que avances realiza.
Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén Espinoza, apuntó que el manejo del caso de las autoridades ha sido como una “telenovela”. “No entendemos porque no se ha investigado la línea de Veracruz, por el trabajo periodístico de mi hermano”, apuntó.
Otra hermana de Rubén, Alma Espinosa, apuntó: “El dolor que sentimos es muy grande. Y queremos que se investigue”, reclamó.
En contra de un acuerdo de los familiares con la PJGDF, la institución rechazó pruebas que las organizaciones civiles que asesoran legalmente a las familias presentaron. La última reunión con las autoridades, informaron, fue en septiembre del 2015.
“Esto representó en su momento una violación a los derechos de las víctimas y del derechos de coadyuvancia, pero sobre todo, a la verdad”, dijo Peña.
Los familiares apuntaron al Jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera por falta de compromiso en el caso:
“El llamado es a todas las autoridades, al Procurador por supuesto, pero sobre todo a MIguel Ángel Mancera, porque se comprometió. De qué nos sirve que esté abierta el caso, sino van a investigar. Él está en el Gobierno y no hemos visto que suceda absolutamente nada”, dijo Patricia Becerril, hermana de Rubén.
La abogada Karla Micheel apuntó que los elementos del caso llevan a presuponer que hay otras personas que participaron en el evento del 31 de julio, que no están detenidas.
“Cuatro de las víctimas presentaron signos de tortura. Eso es lo que pericialmente se puede prever, y eso está justo vunculado con el móvil. Es absurdo, como ha dicho la Procuraduría, de que iban a contra dos personas, y las otras tres estaban ahí. Entonces, para qué torturarlas”, dijo.
FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/21-04-2016/1651324