Y un día después, lo que parece una contundente confirmación…
Los problemas más significativos de México relacionados con los derechos humanos involucra a sus fuerzas de seguridad y a militares, envueltos en abusos serios, tales como asesinatos, tortura y desapariciones.
Así lo dice, sin rodeos, un informe presentado ayer por el Gobierno de Estados Unidos en el que dibuja un México aterrador, donde las fuerzas de seguridad (policías y militares) no son distintas a los grupos criminales: torturan, desaparecen, matan.
Justo hoy, horas después del informe, fue difundido un video en el que pueden observarse a militares torturando a una ciudadana. Ella, descalza y sentada sobre el piso de tierra, no para de llorar bajo la prenda amarilla que cubre su cabeza. El sollozo crece cuando se escucha que la soldado a su lado corta cartucho y le pone el cañón del fusil en el cráneo. No dispara, pero no ha pasado lo peor.
Unos segundos después, la soldado le quita la prenda amarilla y deja que una Policía Federal ponga en su lugar una bolsa de plástico, que ajusta de un lado y comienza a asfixiar a la mujer. La deja respirar y luego repite la tortura. “¡Vieja dramática!”, se alcanza a escuchar a la policía cuando le quita nuevamente la bolsa, mientras la mujer queda tendida en el suelo respirando con dificultad, en una escena grabada en un video que muestra algo que han denunciado por años organizaciones sociales y activistas: el uso de la tortura y los malos tratos por parte de las fuerzas federales.
En el video, que no se sabe quién ha filmado, se observa a un tercer militar que sólo testifica lo que la soldado y la policía hacen a la mujer. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dio este jueves validez al video y señaló que detuvo a los dos militares que participaron: un capitán y la soldado. Ambos enfrentan cargos en la justicia militar por desobediencia y su caso también fue girado a la justicia civil para que determine otros posibles delitos, añadió la dependencia en un comunicado.
La Comisión Nacional de Seguridad (CNS), a cargo de la Policía Federal, no ha informado si la mujer que aparece con el uniforme de la corporación ya fue detenida.
“La tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes siguen siendo los métodos tradicionales de castigo e ‘investigación’ policial y judicial en México”, señaló José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de la organización Human Rights Watch. “En la medida que los responsables directos de esta práctica y quienes la encubren no rindan cuentas por sus delitos, no habrá posibilidad de combatirla y mucho menos erradicarla”, añadió a The Associated Press.
Un funcionario de la Procuraduría General de la República (PGR), no autorizado a ser identificado por ser un caso abierto, dijo a la misma agencia que investigan el caso desde enero para determinar los delitos en que incurrieron los militares. La Defensa Nacional aseguró que el video corresponde a hechos ocurridos el 4 de febrero de 2015 en Ajuchitlán del Progreso, una municipalidad del estado sureño de Guerrero, pero que las autoridades se enteraron el 10 de diciembre y que el 5 de enero detuvieron a un capitán y a la soldado, quienes permanecen en una prisión militar.
El Ejército y la Policía Federal han sido señalados en varios momentos de incurrir en abusos a los derechos humanos, en particular en los últimos años en que han tenido una amplia participación en el combate al narcotráfico a lo largo del país.
UN INFORME ATERRADOR
El Departamento de Estado norteamericano consigna en su informe anual sobre derechos humanos los “numerosos reportes” que denuncian cómo “el gobierno [de México] o sus agentes cometieron arbitraria o ilegítimamente asesinatos, a menudo con impunidad”.
En las 31 páginas del apartado sobre México, contenido en el reporte mundial de 2015 que explora la situación de los derechos humanos, el Gobierno de Estados Unidos dijo que también existen numerosos informes de desapariciones forzadas por parte de las fuerzas de seguridad, como existen casos relacionados al crimen organizado.
También indica que aunque la Ley prohíbe la Tortura y otros Crueles, Inhumanos o Degradantes y estipula que las confesiones obtenidas por estos medios no son admisibles como prueba en los tribunales, “hubo informes de que funcionarios de Gobierno las emplean”.
Washington alertó que lo mismo sucede con los arrestos y detenciones arbitrarias, que pese a estar penadas por la Ley, “el gobierno a menudo falló al atender estas prohibiciones”.
El reporte menciona precisamente que los problemas más significativos relacionados con los derechos humanos involucran a cuerpos de seguridad y a militares envueltos en abusos serios, tales como asesinatos, tortura y desapariciones.
También destaca que la impunidad y la corrupción en estas corporaciones así como en el sistema judicial aún representan serios problemas.
“La impunidad en los abusos de derechos humanos persiste como uno de los problemas en todo el país con índices de procesamiento extremadamente bajos para todos estos crímenes. Tampoco existe información general acerca de las investigaciones gubernamentales en casos sobre derechos humanos ni información específica a la que puede tener acceso el público”, refiere el documento.
El documento menciona que aunque la Ley mexicana prohíbe la tortura y los malos tratos para obtener confesiones e incluso estipula que si éstas son obtenidas por tales vías son inadmisibles en un proceso legal, autoridades federales las utilizan a menudo.
El Gobierno de Estados Unidos dice que no existe un registro nacional de casos de tortura, y hay una falta de datos específicos sobre estos casos en el ámbito estatal. Refiere que de enero al 31 de octubre de 2015, la CNDH recibió 587 quejas por “trato inhumano o degradante” y 49 denuncias de tortura.
Refiere que en Jalisco la Comisión local de Derechos Humanos reportó 89 quejas por tortura desde el primero de enero al 29 de julio, después de reportar un total de 24 casos en 2014. El 26 de abril del años pasado, el Congreso de Jalisco aprobó una Ley que incrementó las sentencias para aquellos acusados por tortura. Posteriormente, el pasado 25 de septiembre, un juez dictó la primer sentencia por esta práctica a dos policías locales acusados de torturar hasta la muerte a una persona.
El 12 de noviembre, agrega el reporte, el Gobierno de la Ciudad de México reconoció que policías locales habían cometido actos de tortura y tratos crueles e inhumanos en contra de 90 ciudadanos que participaron en protestas en la Ciudad de México durante 2013 y 2014. El Gobierno aceptó todas las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), que incluyó documentación de las acciones policiales que resultaron violatorias de las leyes locales y federales. Se trató de la primera ocasión que el gobierno de la capital mexicana admitió actos de tortura.
DESAPARICIONES
El informe anual del Gobierno norteamericano sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, dice que en México hay numerosos reportes sobre desapariciones forzadas cometidas por fuerzas de seguridad. Recuerda que en septiembre del año pasados el Gobierno reconoció que existen 25 mil 230 personas registradas como desaparecidas.
“De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, 24 mil 812 de los casos están bajo la jurisdicción de los estados, mientras que 418 casos están bajo la jurisdicción federal”, añade el texto.
El reporte hace referencia también a las deficiencias en la investigación que el Gobierno ha hecho sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el asesinato de otras seis personas ocurridos el 26 de septiembre de 2014. Detalla que el grupo de expertos de la CIDH ha encontrado deficiencias en las diligencias hechas por la PGR.
El documento también expone que el pasado 18 de junio un juez federal, con sede en Nuevo León, emitió la primera condena civil del país de un militar por la desaparición de un ciudadano. El tribunal removió al Subteniente Danny Hernández Sánchez de su rango y lo condenó a 31 años y tres meses de prisión por la desaparición forzada en 2012 de una víctima en el municipio de Los Herreras en esa entidad.
“El secuestro persiste como un serio problema para las personas de todos los niveles socioeconómicos, existen informes creíbles de la participación de distintas instancias de la Policía en secuestros, a menudo a nivel estatal y local. La agencia de estadísticas del Gobierno (el Inegi) estima que el 94 por ciento de los crímenes no son denunciados o investigados por lo que el subregistro [la cifra negra] del secuestro es aún mayor”, dice el informe.Agrega que el 7 de mayo pasado, un periodista de ABC Radio de Guerrero y otras personas que viajaban con él fueron secuestradas. El vehículo de Cano Torres fue encontrado abandonado en un camino entre Iguala y Teloloapan. Las cuatro personas aún están desaparecidas y el caso continúa siendo investigado por las autoridades estatales.
EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES
“El reporte de la CNDH encontró que la Policía Federal era responsable de graves violaciones a los derechos humanos en seis de las muertes, al menos una de las cuales fue clasificada como una ejecución extrajudicial”, dice el documento.
El Gobierno estadounidense agrega que integrantes del Ejército Mexicano también están implicados en detenciones ilegales y en daños contra ciudadanos por los hechos ocurridos en Michoacán.
Recuerda además lo ocurrido el 22 de mayo de 2015, cuando agentes federales mataron a 44 presuntos criminales durante un enfrentamiento cerca de Tanhuato, también en Michoacán. En esa ocasión, un agente perdió la vida.
“Las autoridades federales dijeron que la Policía estaba en una búsqueda cuando los criminales atacaron, y los agentes respondieron al fuego para someter al grupo. Sin embargo, familias de las víctimas y fuentes de la sociedad civil, dijeron que los cuerpos mostraban signos de tortura”, dice el informe que da cuenta de las investigaciones realizadas por las autoridades federales y locales además de las presiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para conocer lo que ocurrió en esa comunidad.
El informe documenta también que el 7 de julio del año pasado, el comandante del 97 Batallón de Infantería fue acusado de haber ordena y participado en la detención ilegal y posterior ejecución de siete presuntos integrantes del crimen organizado en Calera, Zacatecas. Consigna que el 31 de julio un juez federal con sede en Zacatecas ordenó el arresto del comandante y de tres oficiales militares acusados de desaparición forzada y homicidio agravado.
“Al final del año los cuatro militares estaban detenidos en una prisión militar de Mazatlán, Sinaloa. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que proporcionó asistencia forense y judicial para la investigación civil, dio parte a la PGR de sus hallazgos”, refiere el texto.El reporte indica que los procedimientos penales civiles continuaron en relación a lo ocurrido en junio de 2014 con los asesinatos de 22 supuestos criminales en Tlatlaya, Estado de México. En junio pasado, agrega el texto, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) y la PGR confirmaron que 11 de los 22 civiles fueron ejecutados, y que al menos la mitad, cuando ya se habían rendido.
“En noviembre de 2014 la PGR procesó formalmente a tres soldados asignados al 102 Batallón de Infantería de la Sedena por homicidio, manipulación de pruebas y abuso de autoridad y presentó cargos menor en contra de otros cuatro soldados. A principios de octubre, un juez federal de distrito retiró los cargos en contra de los cuatros soldados ante la falta de evidencia. La PGR apeló el fallo”, agrega el texto.
Adicionalmente, menciona el reporte, siete oficiales de Policía del Estado de México fueron acusados en julio por torturas a tres mujeres que eran testigos de las ejecuciones.
Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos también da seguimiento a la masacre contra migrantes ocurrida en San Fernando. Dice que después de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos ordenó a la PGR a revelar información sobre lo sucedido se supo que policías municipales estaban relacionados en la matanza de los 72 migrantes de 2010.
“Los documentos también mostraron que los policías estaban relacionados en la muerte de otras 193 víctimas encontradas en una fosa clandestina en Tamaulipas en 2011”, refiere el reporte.
También se da cuenta de la sentencia emitida el pasado 20 de julio por un juez federal con sede en Nuevo León en contra del elemento del Ejército Juan Ortiz Bermudez acusado del homidio de dos personas desarmadas en 2010. “Esta fue la primera vez que un juez civil proceso a un oficial militar en Nuevo León”.
El dos de marzo de 2015, refiere el documento, un juez federal de Sinaloa sentenció a nueve años y cuatro meses de prisión a cuatro soldados por el homicidio de civiles desarmados ocurrido en 2008.
FUENTE: SINEMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/14-04-2016/1648157