Los documentos de una audiencia judicial del caso realizada a finales de marzo, de los que Animal Político tiene copia, evidencian que los agentes de la Procuraduría fabricaron las acusaciones con mentiras. También exhiben como el Ministerio Público quiso frenar la confesión de las víctimas, argumentando incluso que no se encontraban bien sicológicamente.
Esta audiencia se realizó luego de tres ocasiones en que fue postergada, ya que aunque las personas señaladas como víctimas acudían al juzgado, el Ministerio Público se iba del lugar lo que impedía que se llevara a cabo.
Las revelaciones se suman a otras pruebas que en el último año han reunido los abogados de los policías encarcelados. Este medio ya publicó que existen fotografías que prueban que uno de los mandos acusados, junto con sus elementos, estaban en un operativo en el momento en que se le señala de participar en el secuestro.
Además existe el testimonio por escrito de una primera víctima supuestamente rescatada en flagrancia que negó también que fuera extorsionado o secuestrado por los agentes, y al contrario, señaló que colaboraba con ellos.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas ya inició una revisión de este caso tras las denuncias de los encarcelados de violaciones al debido proceso y a Sus garantías individuales.
Cabe señalar que sobre este tema, La Procuraduría de Tlaxcala declinó hacer cualquier comentario a Animal Político, y solo dijeron que serán respetuosos de la determinación que se tome en el juicio.
La noche del 21 de enero de 2015 la procuradora de Tlaxcala Alicia Fragoso anunció que ella, junto con agentes de Investigación, había detenido a policías estatales implicados en caso de secuestro exprés y extorsiones. Entre los detenidos estaban dos mandos: el Director de esa corporación José López Pérez (segundo e jerarquía solo debajo del comisionado), y el delegado de la Policía estatal en Apizaco, Juan Carlos Yáñez.
Inicialmente la Procuraduría consignó a los agentes solo por el caso de una persona rescatada en flagrancia pero después, envió al juez dos casos más para reforzar la acusación: el de Ramón Cortes Ramírez y el de Leocanida Leónides Miranda, ambos vecinos del municipio de Apizaco Tlaxcala.
Según el expediente, estas dos personas denunciaron la noche del 21 de enero (misma fecha de la detención de los policías) que una semana antes habían padecido un secuestro exprés.
Posteriormente, el 24 de enero, ampliaron su denuncia para señalar que supuestamente habían visto en el periódico El Sol de Tlaxcala a los policías detenidos, y los reconocieron como los mismos que “los secuestraron”.
Con esas declaraciones, el juez del caso dictó auto de formal prisión en contra de los siete agentes por varios casos de privación ilegal de la libertad.
El 14 de marzo Ramón Cortes y Leocanida Leónides se presentaron ante el juzgado para responder las preguntas de los abogados defensores. Fue la cuarta cita en tres meses, luego de que el Ministerio Público frustró los intentos pasados al ausentarse de la sala. En esta ocasión, el juez había apercibido al personal de la Fiscalía para que estuvieran presentes.
El primero en comparecer esa mañana fue Cortes. Los abogados arrancaron el interrogatorio cuestionándolo si había acudido coaccionado, lo que el negó diciendo que estaba ahí por “su propia voluntad”
Luego se le preguntó si reconocía la declaración que le atribuyó la Fiscalía en contra de los policías presos. Antes de que pudiera responder el agente del Ministerio Público le solicitó al juez que no autorizara esa pregunta al considerarla “insidiosa” pues la declaración inicial era clara y servía de base del caso.
El juez desestimó la objeción del Ministerio Público al subrayar que la declaración de la víctima era un indicio y no podía obstaculizarse. En su contestación, Ramón Cortes reveló que la acusación contra los policías presos era falsa.
“Nunca he hecho una declaración ya que nunca he sido privado de mi libertad por estas personas (los policías estatales) ni las conozco” dijo Cortes.
Al cuestionársele después si era su firma la que aparecía en la acusación que la Fiscalía presentó, (pregunta que el Ministerio Público intentó frenar otra vez sin éxito también) Ramón Cortés admitió que si era su firma y explicó cómo fue engañado.
“Llegaban a mi domicilio personas que decían ser policías de investigación y que firmara esos papeles, pero no me dejaban leerlos (…) me decían que había una investigación de robo en la colonia y que firmara yo y que eso era solo como investigación de lo que estaba pasando en la colonia y era todo lo que me decían” dijo Cortes.
Tras reiterar que nunca ha sido secuestrado Ramón Cortés termino su testimonio. Luego, el Ministerio Publicó solicitó permiso para “interrogarlo”, lo que el juez rechazó al recordarle que las víctimas no pueden ser sometidas a interrogatorio y que además no lo pidió previo al arranque de la audiencia.
Finalmente en un último intento de desacreditar los dichos de la supuesta “víctima” el agente ministerial pidió que se le sometiera a un examen sicológico para demostrar que había sido coaccionado o no se encontraba bien emocionalmente
Cuestionado sobre este punto por el juez, Ramón Cortes rechazó que se le aplicara una prueba sicológica pues recordó que en todo caso el figuraba en el caso como “víctima” no como acusado.
La audiencia continuó con la comparecencia segunda víctima Leocanida Leónides. Al igual que Ramón, ella dijo que firmó los papeles que le llevaban los policías a su domicilio con los mismos argumentos de que indagaban un robo, y que nunca los leyó.
Tras los fallidos intentos del Ministerio Público de obstaculizar nuevamente las preguntas, la señora subrayó que nunca había visto a los policías detenidos, que no los conocía, y menos que hubiera sido secuestrada.
ONU dará seguimiento
Con las confesiones de las falsas víctimas y otros elementos que se han presentado en el juicio, la defensa de los policías encarcelados consideró que ya se ha evidenciado que los hechos que imputó la Procuraduría de Tlaxcala no son ciertos.
No obstante, la fase de pruebas aún no se cierra porque los abogados de la defensa están esperando que se complete el llamado “Protocolo de Estambul” para verificar que los policías detenidos además fueron torturados. En casos como el del comandante Juan Carlos Yáñez, el peritaje sicológico ya confirmó los maltratos pero está pendiente el examen físico.
En ese contexto, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México de Naciones Unidas inició un expediente de investigación de este caso, luego de la denuncia que formalmente interpusieron los familiares de los expolicías encarcelados.
Araceli Gómez, esposa del comandante Juan Carlos Yáñez, dijo en entrevista que dicha instancia internacional aceptó verificar las irregularidades.
“Fuimos a solicitar su ayuda y después de seguir el protocolo que nos pidieron ya están dándole seguimiento y ya se comunicaron con el juzgado para hacerles mención de todas las violaciones que advierten y de la posible tortura y enviarán oficios a las autoridades para solicitar que esto se investigue” dijo Gómez.
Confiables… entre comillas
De acuerdo con datos oficiales a los que tuvo acceso la organización ciudadana Causa en Común la policía de investigación de Tlaxcala es una corporación relativamente confiable, toda vez que el 95 por ciento de elementos ya fueron evaluados en el proceso de control de confianza y menos del tres por ciento se encuentran reprobados.
Sin embargo, las leyes en materia de Seguridad Pública detallan que cada prueba de control de confianza pierde validez transcurrido un periodo de dos años y debe volverse a aplicar.
En ese renglón el balance del estado no es positivo. De acuerdo con los datos, el 25 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a los mandos de la Fiscalía de Justicia ya caducaron y no se han renovado. Esto significa prácticamente que la cuarta parte de los jefes policiales no han sido evaluados nuevamente y por tanto no están certificados.
Las dudas respecto a la confiabilidad de los policías es aún mayor en la Secretaría de Seguridad Pública de los estados, pues ahí el 38 por ciento de las evaluaciones que se hicieron a mandos y personal operativo ya caducaron.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: ARTURO ANGEL.
LINK: http://www.animalpolitico.com/2016/04/la-procuraduria-de-tlaxcala-simula-investigacion-por-robo-para-inventar-victimas-de-secuestro/