Ciudad de México, 17 de abril (SinEmbargo).– Eruviel Ávila Villegas ha dado muestras de que su Gobierno no tolerará las manifestaciones en contra de las decisiones que se tienen tomadas desde el Gobierno federal, pese a la oposición y la protesta ciudadana.
Muestra de ello es la destrucción del “Campamento de Paz y de la Digna Resistencia” y de varias casas en la comunidad otomí de San Francisco Xochicuautla, municipio de Lerma, realizada por trabajadores al servicio de Grupo Higa, corporativo al que le fue concesionada la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan.
El lunes pasado, elementos de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) desalojaron a golpes y amenazas al los opositores al proyecto carretero privado y decretado por el Presidente Enrique Peña Nieto.
Durante dos días, los efectivos de seguridad estatales resguardaron los trabajos de la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa.
Tras desatarse el escándalo por las agresiones a las propiedades y miembros de la comunidad indígena, los afectados, autoridades del Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob) firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometen a suspender los trabajos de la autopista en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.
Al respecto, el Gobierno mexiquense dijo en un comunicado que “fue respetuoso en todo momento de todos los procesos jurídicos interpuestos acerca de la construcción de la autopista Toluca-Naucalpan”.
A la par de los trabajos en Xochicuatla, comuneros de San Salvador Atenco denunciaron que un camión del Ejército mexicano, que escoltaba a un grupo de personas con material de medición topográfica, irrumpió en el cerro de Huatepec que se ubica a dos kilómetros de los terrenos donde ahora se construye el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
“Eran alrededor de unos 10 militares y comenzaron a entrar en el ejido de Atenco. Entre varios compañeros –15 ó 20– acudimos al encuentro de la tanqueta. Y lo único que se nos dijo fue que no teníamos por qué estar aquí”, dijo César del Valle, representante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Este caso no es menor si se considera que en el sexenio de Vicente Fox Quesada y la administración de Peña Nieto como Gobernador, ejidatarios de esta comunidad fueron reprimidos en 2006 por oponerse a la creación de un nuevo aeropuerto internacional; el resultado fueron 200 detenidos y mujeres abusadas sexualmente por efectivos policiacos. El caso llegó incluso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Desde que en febrero pasado el Congreso del Estado de México avaló la iniciativa enviada por Eruviel Ávila –con la que se avala el uso de la fuerza policial durante manifestaciones públicas– organizaciones de la sociedad civil alertaron con ello se justificaba de facto la represión a los ciudadanos inconformes.
Este situación fue reiterada esta misma semana por parte de José Antonio Lara Duque, coordinador del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, organización que asesora jurídicamente a la población otomí:
“Les están agrediendo para justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”.
Las relaciones del Gobierno de Eruviel Ávila con grupos directamente relacionados con el gobierno federal no es nuevo.
SinEmbargo dio a conocer que Apolinar Mena Vargas, involucrado en el escándalo de presunta corrupción con la empresa Obrascon Huarte Lain (OHL) en el Estado de México, recientemente regresó a la administración deEruviel Ávila como Secretario Técnico de su Gabinete.
El funcionario dejó su cargo tras darse a conocer audios que los exhibían solicitando pago en especie, vacaciones en Navidad para él y para su familia en el hotel de lujo Fairmont Mayakoba, propiedad de la constructora y ubicado en la Riviera Maya; en otra se le escucha en un acuerdo para dar sobreprecio a una carretera.
Fuente: Sin Embargo
Autor: Antonio Henández Hernández
http://www.sinembargo.mx/17-04-2016/1648919