El reciente anuncio del gobierno mexicano sobre los resultados del nuevo análisis forense en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, donde se estableció que existía la posibilidad de que cuerpos hubieran sido quemados en el basurero de Cocula, no prueba nada y sólo juega con el sufrimiento de las familias, negándoles su derecho a la verdad y la justicia, aseguró hoy la organización Amnistía Internacional.
“El gobierno ha presentado un peritaje forense sobre fuego que no prueba absolutamente nada en este caso crítico y, aún peor, se ha atrevido a llamar estos hallazgos ‘conclusivos’”, dijo en un comunicado Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.El pasado 1 de abril, la Procuraduría General de la República (PGR) y el Vocero del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, Ricardo Damián Torres, presentaron el nuevo peritaje del basurero de Cocula, el cual determinó que sí hubo un evento de fuego a gran escala y controlado en ese lugar, como apuntaba la llamada “verdad histórica”, pero no se sabe si allí se quemaron o no 43 cuerpos.
“Lo único que este peritaje de fuego prueba es que, en algún punto en la historia, hubo un fuego o una serie de fuegos en el basurero de Cocula. Durante meses se ha sostenido que en ese lugar habrían sucedido eventos de fuego durante casi una década. Maquillar esos resultados para presentarlos como algo innovador es un enfoque totalmente burdo”, añadió.
Este peritaje de fuego fue llevado acabo por las autoridades después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentara resultados que sólidamente refutaron la teoría gubernamental de que los cuerpos de los estudiantes habrían sido incinerados en el basurero de Cocula.
Ese mismo día, el GIEI acusó a la PGR de romper el acuerdo de confidencialidad del proceso sobre el nuevo peritaje en el basurero de Cocula, así como los criterios establecidos en las bases del estudio. Los expertos dijeron además que la información difundida públicamente sobre el estudio no les fue explicada previamente ni es el “consenso de los expertos de fuego”.
El GIEI señaló además que las declaraciones hechas por Torres “no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional”.
En respuesta, la PGR expresó por medio de un comunicado, que sí respetó el acuerdo de confidencialidad y que los resultados del tercer peritaje de fuego sobre lo acaecido en el basurero de Cocula entre los días del 26 y 27 de septiembre de 2014 fueron abiertos en presencia de Carlos Martín Beristáin, integrante del GIEI.
Asimismo, la dependencia expresó haber respetado la independencia del GIEI y reiteró su compromiso con la transparencia “dada la relevancia del asunto y considerando el interés público en torno a él”.
Ayer, el Gobierno Federal reiteró que no habrá una extensión del mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes que trabajan en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y negó que exista un rompimiento con ellos.
“El trabajo de este grupo de expertos terminará el próximo 30 de abril, tal y cual se había estipulado”, señaló en conferencia de prensa el Vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez Hernández.
A su vez, Ana Paola Barbosa, jefa de la oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que no existe un rompimiento con los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):
“Tenemos un diálogo estrecho con el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y seguiremos colaborando con ellos y apoyando las investigaciones. No hablamos nosotros de ningún tipo de ruptura, todo lo contrario”.
Sánchez también negó la ruptura y puso como ejemplo la reunión que sostuvo el miércoles Ángela Buitrago, integrante del GIEI, con la fiscal mexicana, Arely Gómez González.
Previamente, el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de México, Miguel Ruiz Cabañas, justificó desde Washington la decisión del Gobierno de no renovar el mandato del GIEI, con el argumento de que fue el plazo que el grupo pidió para terminar su trabajo.
Por su parte, el Embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos, Emilio Rabasa, dijo a AP que es innecesario prolongarlo y agregó que la decisión debe ser adoptada de manera conjunta por el Estado, las familias de las víctimas y la CIDH.
Sin embargo, el presidente de la CIDH, el estadounidense James Cavallaro, indicó a la misma agencia de noticias que el organismo “va a escuchar a las partes y tomar una decisión. El Estado no tiene decisión en este tema, sino insumos”.
En entrevista radiofónica, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres, informó que recibió por parte del Instituto de Medicina Legal de Innsbruck, en Austria, los resultados de las muestras que fueron enviadas a ese instituto en en septiembre y diciembre pasados, mismos que, dijo, se darían a conocer en presencia los padres de los normalistas desaparecidos, del GIEI y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
EN EUROPA RECHAZAN VISITA DE EPN
También este viernes colectivos integrados por mexicanos y personas de diversas partes del mundo rechazaron la vista que realizará el Presidente Enrique Peña Nieto a Alemania, Dinamarca y Países Bajos los meses de abril y mayo. Destacaron los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Apatzingán y Tierra Blanca como ejemplo de que las autoridades están involucradas en diversos delitos.
En un posicionamiento, los colectivos de activistas en Europa condenaron que esos países otorguen legitimidad a la forma de gobernar de Peña Nieto cuando bajo su mandato, México “se ha hecho más pobre, violento, injusto y corrupto”.
“Durante el periodo presidencial de Peña Nieto han desaparecido alrededor de 26 mil 500 personas y ha habido más de 57 mil homicidios dolosos; 22 periodistas han sido asesinados y han aparecido 125 fosas comunes por todo el país”, destacó el posicionamiento.También destacaron que de los 34 países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ostenta el primer lugar en el índice de percepción de la corrupción, “lo cual es demostrable con el nuevo caso de los Panama Papers, en los que se descubrió el uso de empresas offshore por parte del contratista Juan Armando Hinojosa, el vicepresidente ejecutivo de Grupo Televisa, Alfonso de Angoitia Noriega y del presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, tres empresarios muy ligados a la Presidencia y a Enrique Peña Nieto”.
“Repudiamos el trato preferencial, motivado por intereses económicos, con el que fue recibido el mandatario en Londres y París, exigimos un posicionamiento público y oficial por parte de la Unión Europea respecto de la situación en México”, puntualizaron los colectivos.Además, demandaron que en apego a lo estipulado en los tratados comerciales, las naciones europeas aborden los temas de derechos humanos, corrupción y justicia en México durante las visitas de Estado.
“Los invitamos a comparar los discursos del presidente Peña Nieto con los datos duros de la realidad mexicana”, expresaron.
Los colectivos firmantes son: Catalunya contra la impunitat (Catalunya), Latir por México (Francia), Bordamos por la paz Paris (Francia), Colectivo Ciudadanos Belgicanos (Bélgica), Nodo MXM (Madrid, España), Colectivo Saving Mexico (Países bajos), Casa del Corazón. Voten Etxea (Euskal Herria, Estado Español), Manchester for Ayotzinapa (Reino Unido), Justice Mexico Now (Reino Unido), Mexico Sheffield Solidarity (Reino Unido), Alerta! Lateinamerika Gruppe Düsseldorf (Alemania) y Solidaritè Pour le Mexique (Strasbourg, Francia).
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/08-04-2016/1645781