“La verdad es que siento mucha tristeza por no haber podido decirle a los familiares dónde están sus hijos, pero también hay una satisfacción y una tranquilidad de conciencia, de haber hecho todo lo que se pudo”, mencionó Francisco Cox, del GIEI, en entrevista con la cadena Radio Fórmula.
“Creemos que dejamos un documento que puede ser útil y que puede guiar algunas transformaciones legales para que mejore de manera más eficiente la investigación, en casos de alta complejidad”, agregó respecto a los informes que presentó el Grupo sobre el ataque contra normalistas de Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre, en Iguala.
Cox dijo que les hubiera gustado continuar con la investigación, pero no existieron las condiciones necesarias.
“Cuando uno hace una asistencia técnica, quien solicita la asistencia técnica debe querer ser asistido técnicamente. El Estado nos dijo que, en realidad, ya no necesitaba nuestra ayuda”, agregó.
El caso Ayotzinapa, expresó Cox en otro momento de la charla, “muestra problemas estructurales dentro de la justicia, y pueden darle a los países una oportunidad para cambiar ciertas cosas”.
Ángela Buitrago, del GIEI, también habló de que termina su trabajo sobre Ayotzinapa con una sensación de tristeza, porque “las cosas debían haber sido de otra manera, en el sentido de la búsqueda, la investigación, y el descubrimiento de dónde están los 43 desaparecidos”.
En una entrevista previa, con el diario New York Times, integrantes del GIEI se refirieron a una serie de obstáculos que enfrentaron en México para realizar su trabajo, como la negativa del gobierno para darles acceso a entrevistas con figuras esenciales, como los militares asignados a la zona de Iguala, Guerrero, la noche en que ocurrieron los ataques contra los estudiantes.
El gobierno mexicano, en tanto, defiende que le dio al GIEI los recursos y la información necesaria, desde que comenzó su labor y hasta que concluya su periodo de trabajo, el próximo 30 de abril.
La participación del GIEI en la indagatoria se dio tras un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa.
Preocupación de la ONU
Respecto al trabajo del GIEI, el vocero del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Rupert Colville, indicó que hay preocupación por “los muchos retos y obstáculos reportados por los expertos y que pudieran haber prevenido que ciertas líneas de investigación fueran exploradas, incluyendo el papel y responsabilidad de militares y otras autoridades oficiales en el caso”.
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Se hace un llamado, agregó Colville, para que el gobierno mexicano dé un seguimiento efectivo al informe presentado por el GIEI el domingo pasado.
“También alentamos al Gobierno a comprometerse con el mecanismo de seguimiento, cuya instalación ha anunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, expresó Colville.
“Es muy importante que el Gobierno actúe decididamente sobre las recomendaciones del GIEI y garantice los derechos a la verdad y a la justicia de las víctimas y sus familias. Saludamos la voluntad expresada por el Presidente de México y la Procuraduría General de la República de considerar seriamente las recomendaciones del Grupo y les exhortamos a explorar exhaustivamente las nuevas líneas de investigación sugeridas por el Grupo, así como a fortalecer las investigaciones sobre este caso emblemático”, agregó.
FUENTE: ANIMAL POLÍTICO.
AUTOR: REDACCIÓN.
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