Ciudad de México. Los padres de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo -estudiantes del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), asesinados por militares el 19 de marzo de 2010, en Monterrey, Nuevo León-, exigieron ser recibidos por la procuradora general de la República, Arely Gómez González, para que les explique el porqué no han consignado el expediente en contra de los soldados que privaron de la vida a los dos jóvenes.
Durante una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de Amnistía Internacional Capítulo México, se dio a conocer que el subprocurador Gilberto Higuera Bernal se comprometió a consignar el expediente entre el 29 de febrero y el pasado 4 de marzo, sin embargo el agente del Ministerio Público encargado del caso llamó a los familiares de las víctimas para señalarles “que se cancelaba la consignación” sin dar mayores explicaciones de por qué se tomó esa decisión.
Rosa Elvira Mercado Alonso, Jesús Arredondo Rodríguez, Patricia Varela González, Lorenzo José Medina Salazar, padre de los dos estudiantes del ITESM señalaron que Gilberto Higuera Bernal había estado en contacto permanente con ellos y él se había comprometido a consignar el expediente, inclusive les proporcionó su teléfono personal para resolver sus dudas sobre la integración del expediente, pero una vez que se les notificó que se cancelaba la consignación el subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo ya no les ha tomado la llamada ni respondido ningún mensaje.
El 19 de marzo de 2010 Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arrendondo fueron abatidos por un comando del Ejército mexicano durante un presunto enfrentamiento con integrantes del crimen organizado, y oficialmente se mencionó que los dos jóvenes abatidos al enfrentarse con los militares sin embargo se demostró que los estudiantes fueron masacrados y los integrantes del Ejército mexicano les dispararon a pesar de que ellos se habían identificado como estudiantes.
Los familiares de los dos jóvenes señalaron que ya han pedido un encuentro con la procuradora general de la República y sin embargo se les reunió con un funcionario menor que les dijo que no conocía el caso y lo único que haría era informar a sus superiores.
A seis años de los hechos los padres de las víctimas demandan la consignación del expediente y que los ocho militares que integraban el comando sean puesto a disposición de un juez federal; asimismo que las autoridades “limpien los nombres de Jorge y Javier tanto a través de los medios de comunicación como en instancias oficiales; y que se reconozca y erradique el comportamiento reiterado de la Sedena de inculpar falsamente a las víctimas de la violencia de formar parte de la delincuencia organizada”.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GUSTAVO CASTILLO.
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