Esta mañana, un grupo de alrededor de 300 policías estatales, de acuerdo con pobladores, llegó a la comunidad con el fin de continuar la custodia de la obra que realiza la empresa Autovan-Teya, filial del Grupo Higa. Los elementos se retiraron aproximadamente a las 16:30 horas de este martes.
“Tienen prácticamente sitiado al pueblo”, dijo Nicolás Ramírez Domínguez, tercer delegado del Consejo Supremo de la comunidad, un órgano de autoridad local.
Desde ayer la población se vio alterada con el derribo de la propiedad de Armando García, primer delegado del poblado. Pese a la resistencia de alrededor de 50 personas para abandonar el hogar, elementos de la policía terminaron por desalojarlos por medio del uso de la fuerza.
Los pobladores lamentaron que alrededor de 700 elementos de seguridad fueran enviados para garantizar el derribo una sola propiedad, sin antes buscar el diálogo.
“No buscaron negociación. Hoy nos han vuelto a decir que los amparos interpuestos no detienen los trabajos. Ellos nada más muestran un oficio donde Autovan, lo que es la empresa, pide 160 granaderos para continuar las labores“, relató Sergio García, oriundo del lugar.
Esto representaría una violación al amparo interpuesto en el Juzgado Quinto de Distrito de Toluca con número 1117/2015, el cual concedió la suspensión de la obra hasta que no se resuelva un litigio sostenido por pobladores que se oponen a la expropiación de los terrenos desde hace más de siete años.
“Hoy ingresamos en el mismo Juzgado un incidente de violación [acta circunstanciada] que demuestra la violación de la suspensión. De ser confirmada por el Juzgado, acciones penales podrían recaer sobre las autoridades estatales”, dijo José Antonio Lara Duque, coordinador general del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), organización que asesora jurídicamente a la población.
Esta mañana no hubo incidentes violentos, aunque la maquinaria se iniciado los trabajos de preparación de terreno continuo donde fue demolida la casa ayer, que se encuentra sobre una colina de la localidad.
Los pobladores no sólo temen que una capilla construida hace 56 años en el área sea también derribada, sino que los trabajos continúen en contra de su voluntad.
“Son 8 kilómetros del proyecto los que atraviesan el poblado. Aún restan varios terrenos por expropiar, y algunas personas se han dicho que no les pagan o les pagan menos de lo que valen sus terrenos”, aseguró Nicolás Ramírez.
PROVOCACIONES DEL ESTADO
Las autoridades locales han visto la presencia de los elementos de seguridad como una provocación para que reaccionen violentamente: “No vamos a caer en su juego para que nos tachen de revoltosos. Hasta ahora hemos mostrado resistencia de forma pacífica”, dijo Ramírez.
Sin embargo, la problemática podría ir más allá y deberse a un asunto político relacionado con la llamada “Ley Eruviel”, de acuerdo con el CDHZL.
“Les están agrediendo para justificar que la ‘Ley Eruviel’ adquiera vigencia, precisamente con el argumento de que los pueblos tengan que ser reprimidos”, opinó Lara Duque.
La irrupción de las fuerzas de seguridad en distintos poblados podría tensar las relaciones entre ciudadanos y autoridades en el Estado de México, advirtió Lara, por lo que no descarta que las provocaciones sigan en otros lugares como San Salvador Atenco, Tecámac, Coyotepec, y San Francisco Magú.
“El Gobernador Eruviel Ávila Villegas ha usado el garrote contra los pueblos. Señalando como que son los ingobernables y revoltosos, porque todo indica que lo que pretende es desatar un conflicto de dimensiones mayúsculas en contra de los pueblos indígenas”, dijo el defensor de los derechos humanos.
CNDH EN SILENCIO
Ayer vecinos de San Francisco Xochicuautla acusaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de tener un desempeño pasivo ante el derrumbe de la propiedad.
“Sí han estado presentes, pero no hicieron nada para evitar la demolición de la casa ayer. Ni han hecho prácticamente nada”, dijo García.
Un expediente fue abierto por la CNDH hace más de un año, cuya encargada de dar seguimiento es la Cuarta Visitaduría General, de acuerdo con el departamento de comunicación de la dependencia. Sin embargo, los resultados no han se han dado a conocer.
Ante la falta de respuesta, el CDHZL inició esta mañana una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervenga en el caso de San Francisco Xochicuautla.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: JUAN LUIS GARCÍA HERNÁNDEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/12-04-2016/1647385