Sin embargo, alertó el organismo, en el país “no existe información completa o formulada sobre el tema”.
Durante la presentación del primer informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, detalló que los datos son variados, y que tanto autoridades como organizaciones tienen sus propios registros, por ello urgió a que se realice un diagnóstico nacional sobre las personas en esta situación y pidió que se levante un censo.
La CNDH precisó que debe haber un registro nacional implementado bajo estándares internacionales.
“En México no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de personas víctimas del desplazamiento forzado interno”, reiteró el Ombudsman nacional.
“Es preciso elaborar un diagnóstico nacional y oficial sobre el desplazamiento forzado interno en México, como una herramienta fundamental para la construcción de políticas públicas y programas eficaces, abordando sus consecuencias sociales, económicas, jurídicas y políticas en el país. En este sentido, la realización de un levantamiento censal que contemple el desplazamiento forzado interno sería de gran relevancia”, agregó.
Por ello, el organismo instó a que se legisle una Ley General sobre Desplazamiento Interno.
Por su parte, el Quinto visitador de la CNDH, Edgar Corso, destacó, de acuerdo con las conclusiones del informe, que el desplazamiento forzado no ha sido visibilizado, ni las víctimas han sido atendidas de forma adecuada.
Corso señaló que además no hay una postura uniforme del Estado en este sentido, lo que dificulta las acciones implementadas, que no existe una acción coordinada de los tres niveles de Gobierno, y que esta problemática no está visibilizado lo suficiente y por ello no forma parte de la agenda pública.
El informe va dirigido a las secretarías de Gobernación, de Desarrollo Social, del Trabajo, de Salud, al Congreso nacional y a los locales, a la Comisión Nacional de Atención a Víctimas, al DIF, a los Gobiernos locales y municipales.
El organismo dio cuenta de cifras de diversas autoridades y organizaciones civiles y destacó algunos casos concretos de desplazamiento forzado.
Edgar Corso informó que la CNDH, a través de los testimonios recabados en comunidades, ejidos, rancherías y municipios, detectó a 1 mil 784 personas que dijeron haberse desplazado.
En tanto, de acuerdo con referencias de autoridades estatales y municipales, se detectó a 35 mil 433 personas víctimas del desplazamiento. Mientras, distintos organismos protectores de derechos humanos informaron de la existencia de 6 mil 685 víctimas más; la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas reportó haber dado atención a 5 mil 364 familias de personas indígenas desplazadas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit y Oaxaca, lo que equivale a 16 mil 092 personas.
El Informe Especial, detalló la CNDH, es resultado de un trabajo de muestreo basado en cuestionarios y visitas a las 32 entidades federativas. Con él, “busca exponer y visibilizar dicho flagelo, provocar la acción estatal en favor de la prevención y establecer esquemas de atención a las víctimas bajo un perfil humanitario, con acciones efectivas y soluciones duraderas, para el retorno de las personas desplazadas a su lugar de origen o su reasentamiento”.
Ayer, el Consejo Nuruego para los Refugiados reveló que en el país la violencia ha generado 330 mil desplazados por año en el último lustro. Algunas de las entidades que se han visto afectadas por este fenómeno son Sinaloa, Chihuahua y Durango.
El texto recuerda que muchas personas tuvieron que abandonar sus hogares forzadas por megaproyectos de desarrollo como presas, proyectos de renovación urbana o eventos deportivos. EN el país, los megaproyectos han dejado casos de desplazamiento principalmente en comunidades rurales o indígenas, como es el caso de Chiapas, donde según organizaciones defensores de derechos humanos, indñigenas de distintas poblaciones son amenazados e incluso asesinados para que cedan sus terrenos al paso de grandes obras.
Reciemente, en el estado de México se han visto problemas similares en zonas del Estado de México como Texcoco y Xochicuautla. En primero está pegado a las obras del nuevo aeropuerto, y en el segundo, se expropiaron terrenos para dar paso a una carretera que construye Grupo Higa, uno de los contratistas más favorecidos por el Gobierno federal.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/11-05-2016/1659183