Por ello, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) demandó a los senadores que discuten una iniciativa de ley general de desapariciones, que desechen el modelo de la FEBPD, ya que primero como Unidad (en 2013) y después como Fiscalía (en 2015) ha sido incapaz de resolver un millar de casos que ha concentrado desde su creación, lo que evidencia que “está muy por debajo de las capacidades requeridas para enfrentar la crisis de desapariciones”.
En un comunicado de prensa, el MNDM hizo un recuento de las carencias de esa institución frente a la prevalencia de miles de desapariciones, y cómo las limitaciones materiales y de personal han impedido el esclarecimiento de casos.
Los familiares de las víctimas recordaron que en 2014, como Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UEBPD), la dependencia recibió un presupuesto de 40.2 millones de pesos y en 2015 el monto programado fue de 14.6 millones, mientras que este año ascendió a 28.1 millones de pesos, 34% menos de lo que se destinó el año de su creación.
En cuanto al personal, resaltaron que de acuerdo con datos proporcionados por la procuradora general de la República, Arely Gómez, para la atención de mil 144 expedientes la FEBPD cuenta con 29 agentes del Ministerio Público Federal y 58 policías ministeriales adscritos, quienes no disponen “de viáticos para la realización de diligencias, ni de la tecnología adecuada”.
Peor aún, agregaron, la Fiscalía no cuenta con titular, “los ministerios públicos no tienen la capacitación adecuada y no dirigen sus actuaciones conforme a protocolos de búsqueda e investigación, de tal forma que en general conducen de manera errática las investigaciones”, en tanto que quienes tienen “mayor disposición y formación se encuentran con limitaciones que les impiden realizar su trabajo”.
Al señalar que esa dependencia ha tenido dificultades para conformar su Unidad de Análisis de Contexto, así como para coordinarse con otras dependencias de la Procuraduría General de la República (PGR), los denunciantes señalaron que hasta ahora la FEBPD ha realizado 734 cuestionarios de identificación Ante Morten.
Sin embargo, “no han sido cruzados con la base de datos de restos de personas no identificadas, por lo que no se ha producido ninguna identificación, con lo cual es claro que no se ha implementado el Sistema AM/PM para la identificación de personas desaparecidas”, apuntaron.
Por si no fuera suficientemente grave, de enero a abril de este año “los agentes del Ministerio Público suspendieron todas las diligencias en todos los casos para atender una capacitación sobre el nuevo sistema de justicia penal”.
Esta situación de parálisis en la búsqueda y la investigación, añadieron, explica que los familiares de personas desaparecidas inicien, por sus propios medios, las búsquedas de fosas clandestinas en diferentes estados el país. Y ante ello la FEBPD “sostiene una actitud general pasiva frente a los hallazgos de fosas clandestinas y restos humanos”.
Luego de apuntar que todo lo anterior demuestra que la FEBPD “está muy por debajo de las capacidades requeridas para enfrentar la crisis de desapariciones en México”, los integrantes del MNDM aseguraron que la PGR tiene “cada vez menos voluntad para dar seguimiento a las mesas (de trabajo), como muestra la reiterada ausencia del encargado de la FEBPD en las reuniones planificadas”.
Asimismo, acusaron a la dependencia de dar un trato discriminatoria a los familiares de las víctimas, porque “aplica un criterio político y no técnico para definir su competencia”.
Recordaron que recientemente se les informó que las averiguaciones previas abiertas en la FEBPD serán remitidas a las Procuradurías estatales, “a excepción de aquellos casos que participan en las mesas de seguimiento como parte de organizaciones o colectivos de familiares”.
Luego de señalar que los familiares de víctimas de desaparición acuden cada mes a la FEBPD para dar seguimiento a las investigaciones, dejaron en claro que se acercaron a la dependencia federal porque en sus estados “no existían las condiciones técnicas, políticas, ni de seguridad para impulsar las investigaciones”, además de que han sido blanco de amenazas y asesinatos.
Ante ello, consideraron “irresponsable” la conducta de la FEBPD frente a los familiares, y manifestaron su condena a la impunidad, además de calificar como inaceptable “el trato diferenciado de la Fiscalía hacia los familiares que acuden a título personal y que no disponen de los medios para ejercer presión política”.
La situación actual de la dependencia federal, insistieron, “refleja la falta de reconocimiento del Estado frente a la magnitud de desapariciones y desapariciones forzadas en México, y convierte los mecanismos de seguimiento a las investigaciones”, creados a petición de los familiares de las víctimas como parte de su derecho a la verdad, “en espacios de simulación”, al igual que el Estado mexicano “simula el cumplimiento de sus obligaciones internacionales mediante cambios cosméticos”.
Frente a este panorama, las organizaciones de familiares que integran el MNDM alertaron a los legisladores a “no reproducir mediante el proyecto de ley general sobre desaparición forzada y desaparición por particulares este modelo de Fiscalía que ha probado ser ineficiente”.
Para el MNDM, el compromiso con la verdad y la justicia “implica reconocer el fracaso de la estructura existente y la necesidad de una reingeniería institucional”, tal como lo recomendó al Senado de la República y al Ejecutivo, para “garantizar un mecanismo de búsqueda efectivo con la participación de los familiares”.
Las organizaciones que integran el colectivo exigieron a la PGR una respuesta “seria y a la altura de su responsabilidad en la búsqueda e investigación de las desapariciones y desapariciones forzadas, y una política de Estado que garantice el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas”.
Entre las organizaciones que forman parte del MNDM y que firmaron el documento destacan el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador; la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos Víctimas de Violaciones a Derechos Humanos; Unidos por los Desaparecidos de Baja California; Bordamos por la Paz; Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desparecidos Veracruz; Colectivo 21 de Mayo; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y Asesinados de Guerrero; Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México “Alzando Voces”; Desaparecidos Justicia; Deudos y Defensores por la Dignidad de Nuestros Desaparecidos; Colectivo el Solecito de Veracruz; Colectivo por la Verdad y la Justicia; Eslabones Nuevo León, y Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos.
También firman Familias Unidas de Piedras Negras; Familiares en Búsqueda María Herrera; Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México de las regiones Centro, Laguna y Saltillo; Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad; Red de Familiares de Desaparecidos de Ciudad Juárez; Red de Madres Buscando a sus Hijos; Víctimas por sus Derechos en Acción Grupo VIDA; Unión de Madres y Familiares de Desaparecidos de Sinaloa de los años 70; como los centros de derechos humanos Fray Juan de Larios, de las Mujeres y Paso del Norte; Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Fundar y Centro de Análisis e Investigación, y a título personal: Carolina Robledo Silvestre, Darwin Franco, Javier Sicilia y Teresa Sordo.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: GLORIA LETICIA DÍAZ.
LINK: http://www.proceso.com.mx/440823/denuncian-inoperancia-la-fiscalia-especializada-en-busqueda-personas-desaparecidas