El centro de investigación dio a conocer los resultados de la encuesta de “Seguridad y confianza ciudadana”, en la que se interrogó vía telefónica a ciudadanos de diferentes partes del país sobre su percepción en temas como seguridad, confianza en las autoridades, percepción del Gobierno, narcotráfico y crimen organizado.
Ante la pregunta “¿Usted considera que las autoridades son parte de ..?”, el 49.4 por ciento de los entrevistados respondió que las mismas “son parte de la delincuencia”, el 26.1 por ciento dijo que “hacen lo necesario”, el 16 por ciento consideró que “no trabajan o no funcionan”, sólo un 6.1 por ciento contestó que “hacen bien su trabajo”, mientras que el 7.8 por ciento dijo no saber.
La encuesta reveló que el 39 por ciento de los ciudadanos se sienten inseguros en el lugar en donde viven, mientras que el 39.2 por ciento se dijo sentir seguro. El 40.9 por ciento considera que la seguridad ha disminuido con respecto al año pasado, el 31 por ciento señaló que este rubro se mantiene igual y el 26.3 por ciento ve una mejoría.
El 11 de mayo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que en 27 entidades existe desplazamiento forzado, especialmente en Michoacán, Jalisco, Guerrero, Sinaloa, Tamaulipas y Chiapas. De acuerdo con un muestreo que realizó el organismo, en ejidos, rancherías y municipios, detectó a mil 784 personas desplazadas por la violencia, sin embargo, agregó, que tiene 4 mil 527 denuncias por desplazamiento. En tanto, de acuerdo con diversas autoridades, entre 2013 y 2015, unas 30 mil 377 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado.
Durante la presentación del primer informe Especial sobre Desplazamiento Forzado en México, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, detalló que los datos son variados, y que tanto autoridades como organizaciones tienen sus propios registros, por ello urgió a que se realice un diagnóstico nacional sobre las personas en esta situación y pidió que se levante un censo.
Mientras que el más reciente corte del Índice de Paz reveló que en 2015 la tasa de delitos con violencia y la de crímenes de la delincuencia organizada, disminuyeron en México un 8 y 10 por ciento, respectivamente. Sin embargo, esto se contrarrestó con un aumento del 6 por ciento en la tasa de homicidio, aunado al incremento de la tasa de delitos cometidos con arma de fuego y presos sin condena.
Asimismo se advierte una mayor impunidad en homicidios, que se deterioró drásticamente a partir de 2007. En ese año había cuatro condenas por cada cinco casos de homicidio, pero hacia 2013 sólo había una condena por cada cinco casos. Esto, aunado al aumento de presos sin condena, revela la saturación del sistema judicial, como también lo indican las estadísticas de sobrepoblación en las cárceles.
Respecto a la delincuencia que existencia, el 97.2 por ciento percibe que hay mucha delincuencia en el país y el 1.4 por ciento de los consultado respondió que existe poca.
El 62.1 por ciento de los encuestados han sido o conocen a una persona que fue víctima de algún delito. El 59.4 por ciento señaló que el robo es el delito más frecuente, el narcotráfico ocupa el segundo lugar con 15.1 por ciento, le sigue la corrupción, 8.2 por ciento.
Respecto a las causas que originan la delincuencia, la ciudadania consideró que el desempleo es la causa primaria, 34.1 por ciento; la falta de educación, 21.2 por ciento; la falta de vigilancia policial, 14.2 por ciento; el consumo de drogas, 11.3 por ciento.
La falta de casitigo a los responsables también contribuye a la no denuncia. El Índice de Impunidad México 2016 (IGI-MEX), elaborado por la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), encontró que el promedio de incidencia en México es “muy alto” y se ubica en 67.42 prácticamente en el último tercio de la escala de esta medida.
La misma casa de estudios destacó los resultados de su Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015) en el que México tiene uno de los peores desempeños, ubicándose en el lugar 58 con un índice de 75.7, situación similar a Colombia (75.6) y sólo por debajo de Filipinas, el país peor ubicado (80).
“La impunidad es multidimensional. Es decir, la impunidad debe ser entendida como un fenómeno que surge de varias dimensiones del quehacer de un Estado como es la responsabilidad de la seguridad ciudadana, la procuración y administración de justicia, el buen funcionamiento del sistema penitenciario así como la protección de los derechos humanos”, dice el informe.Explica que en el caso de México esta problemática es una de los diez principales que aqueja a la sociedad mexicana. Refiere además que la impunidad en el país “tiene sus raíces más profundas en los problemas estructurales y funcionales de las 32 entidades federativas”. Es por eso que, menciona, “se necesita encontrar las raíces de los problemas desde el ámbito local”.
Por otro lado, los entrevistados por el CESOP dijeron que la autoridad en la que más confían es el Ejército Mexicano, 40.8 por ciento y el 39 por ciento no sabe qué autoridad le resulta menos confiable.
En cuanto a las perspectivas que tiene los ciudadanos de que los niveles de seguridad cambien, el 33 por ciento considera que el problema de la seguridad seguirá igual, 22 por ciento, que empeorará; 19.4 por ciento cree que mejorará, y 17.9 por ciento dijo no estar enterado de alguna acción del gobierno en este tema.
La investigación señala además que que 67 por ciento de los entrevistados considera que el gobierno no ha tomado acciones firmes contra el narcotráfico y el crimen organizado, 71.3 por ciento opina que el crimen organizado provoca mucha violencia, 44 por ciento piensa que el Ejército Mexicano debe encabezar la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, seguido de la Policía Federal, con 7.6 por ciento.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://www.sinembargo.mx/18-05-2016/1660565