“Nosotros sentimos que Enrique Peña Nieto se pone cada vez más rabioso cuando tocamos sus intereses y eso pasa en diferentes resistencias. Hemos escuchado de hostigamientos, asesinatos y encarcelamientos de muchos compañeros nuestros”, denunció José Luis Fernández Flores, vocero de la comunidad de San Francisco Xochicuautla, Estado de México.En el marco del foro “La lucha de Berta Cáceres, la lucha de los pueblos”, realizado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el activista subrayó las dificultades a las que se enfrentan él y sus compañeros de distintas luchas:
“Los defensores de los derechos humanos hemos vivido y seguimos viviendo diferentes agresiones. Siguen las amenazas, siguen las persecuciones, los hostigamientos, entonces es algo muy difícil”, lamentó.
Asimimo, acusó que cada frente, cada comunidad y cada organización se ve en la necesidad de crear sus propios protocolos de seguridad, ya que el Estado mexicano no ofrece garantías de protección. Y reconoció el trabajo que cada una de las anteriores ha implementado para proteger los recursos naturales: “cada quien ha puesto su granito de arena, cada comunidad ha aportado en la lucha”, comentó.
El pasado 13 de abril, habitantes de la comunidad de Xochicuautla, el Gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Gobernación (Segob), firmaron un acuerdo en el que las autoridades se comprometieron a suspender los trabajos de la autopista Toluca-Naucalpan en tanto se buscan “alternativas” para su construcción.
Sin embargo, al defender su territorio y lograr detener los proyectos del Gobierno en Xochicuautla “han sido más los hostigamientos y las amenazas que estamos recibiendo. Esa es la forma en que demuestra el Gobierno su rabia, igual que las empresas por no dejar avanzar sus proyectos”, dijo el defensor.
El pasado 9 de julio, Peña Nieto firmó un decreto para expropiar casi 38 hectáreas de uso común del pueblo otomí de San Francisco Xochicuautla, en el Edomex, para la construcción de una autopista privada, pese a la oposición de la comunidad.
Los pobladores consideran que la obra, concesionada a una empresa del Grupo Higa, violaría sus derechos como pueblo indígena, pues no se les consultó sobre el proyecto. La construcción de la obra fue cedida en abril de 2007 y desde entonces la comunidad ha mantenido una resistencia contra el proyecto, en busca de su cancelación definitiva.
No obstante, el pasado 11 de abril, maquinaria pesada, resguardada por cientos de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado gobernado por el priísta Eruviel Ávila Villegas, derribó el Campamento de Paz y de Digna Resistencia en el pueblo Otomí de San Francisco Xochicuautla instalado para frenar la construcción de la autopista.
Ayer, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado de México la adopción de medidas cautelares en favor de los 595 miembros de la comunidad indígena otomí de San Francisco Xochicuautla, Lerma, Estado de México, ante el proyecto de construcción de la autopista Toluca-Naucalpan, concesionada a una de las constructoras más favorecidas por la administración federal y de varios estados del país en el actual sexenio.
En su oportunidad, Carlos Manzo, de la Asamblea de Comuneros de Unión Hidalgo, Oaxaca, denunció que parques eólicos, concesiones mineras, hidroeléctricas, autopistas, líneas de transmisión, entre otras megaobras, han ido transformando el paisaje rural en industrial a pasos agigantados que dejan huellas imborrables en los ecosistemas.
No obstante, lamentó que la respuesta permanente del Estado mexicano al esfuerzo y ejercicio de autonomía y libre determinación, ha sido de represión, encarcelamientos, desapariciones y asesinatos.
“Hemos sentido en este último tiempo, aunado a la imposición de los megaproyectos neoliberales, el recrudecimiento de la represión por parte de los malos gobiernos, tanto en México como en la gran mayoría de países de nuestro continente, lo que nos incita emergentemente a buscar alianzas ya impostergables con los pueblos, naciones y organizaciones indígenas de nuestro propio país como en otras partes del mundo”, urgió.
Además, el defensor puntualizó que en el caso particular de Oaxaca, estado gobernado por Gabino Cué Monteagudo, y el Istmo de Tehuantepec, “la resistencia comunal se expresa en contra de megaproyectos que en su conjunto y por sus impactos, implican el más grave ecocidio que esta región haya registrado en su historia”.
Finalmente, acusó a “los representantes del Gobierno” de entregar ilegalmente grandes extensiones de tierras, bosques y aguas a las empresas extranjeras a nombre de un supuesto progreso y desarrollo. “En la actual coyuntura electoral, por ejemplo, no hay un solo candidato o partido político que repare en la perversidad de los proyectos, señaló.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: IVETTE LIRA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661608