Recientemente el secretario de medio ambiente, ingeniero Industrial Rafael Pacciano, anunció un acuerdo con Renato Sales, responsable de la Comisión Nacional de Seguridad, mediante el cual ambas dependencias amenazan con crear un nuevo cuerpo especial de gendarmes federales, los gendarmes ambientales, que estarán dedicados a vigilar las áreas naturales protegidas y a perseguir a delincuentes ambientales en las mismas.
Si bien es cierto que existe una gran inseguridad y delincuencia en varias áreas naturales protegidas, también es cierto que en muchas de las regiones forestales en donde existen mecanismos de participación y gobernanza por parte de ejidatarios y comuneros, donde hay planes de manejo forestal comunitario en operación, el tema de seguridad por lo general es menos crítico que en las áreas naturales protegidas que han sido segregadas del territorio comunitario.
No sólo en México, sino en otros países en distintivas regiones del mundo, existe evidencia abundante de que en los territorios forestales donde la comunidad organizada ejerce control sobre su territorio, la presencia de la criminalidad es menor que en aquellos sitios en los que se pretende instaurar la seguridad por la vía de la fuerza policíaca (Bray y Merino, sobre el Balcón Gro.), además de que el estado de conservación es mayor en el primer tipo de áreas forestales (Merino y Martínez, 2015)
Paradójicamente, las instituciones responsables de promover la participación de las comunidades en el manejo de los bosques en el país, como la Semarnat, la CONANP y la Conafor, han recortado recursos, cerrado gerencias y programas orientados al desarrollo de capacidades productivas y de gestión de las comunidades, y han despedido personal que tenía la función de fomentar y fortalecer estas actividades comunitarias en los bosques.
Los recursos que se han dejado de ejercer para promover el manejo y aprovechamiento comunitarios de los bosques, la gobernanza y las iniciativas de las empresas forestales comunitarios, ahora se utilizarán para contratar y armar a los gendarmes. Es poco probable que este nuevo cuerpo policíaco tenga la capacidad, la posibilidad o la disposición de atender las causas subyacentes que provocan el cambio de uso de suelos, la deforestación y degradación forestal, la pérdida de biodiversidad y el deterioro de los bosques.
Entre las principales causas de pérdida de bosques en pocos casos destaca la tala ilegal o la cacería furtiva. Hay otras causas mucho más generalizadas y que tienen un impacto mucho más devastador sobre el territorio forestal. Entre ellas están varias causas sobre las cuales los gendarmes ambientales federales no actuarán: la imposición de concesiones mineras a cielo abierto y de explotación de hidrocarburos sobre territorios forestales, la construcción de autopistas y desarrollos inmobiliarios y hoteleros, los subsidios generalizados a la ganadería extensiva y a empresas agro industriales en áreas forestales comunitarias, muchas de las cuáles se encuentran en áreas naturales protegidas decretadas por el gobierno federal.
Subyace también la imposición de distintos controles, impuestos, normas y trabas que actúan contra las empresas e iniciativas forestales comunitarias orientadas al uso sustentable, manejo e incluso protección de los bosques. Resulta preocupante que los gendarmes ambientales, lejos de actuar contra estas graves fuentes de presión sobre los bosques, lo hagan contra las comunidades que defienden sus bosques y se oponen a este tipo de proyectos. Incluso en aquellos territorios donde la tala ilegal sí es un grave problema, es también muy dudoso que un grupo de policías federales la vaya a evitar.
Mientras no se controle el elevado número de madererías que venden madera ilegal, mientras se sigan imponiendo regulaciones absurdas que desincentivan la producción legal y promueven en los hechos la ilegalidad, mientras no se invierta seriamente en el desarrollo de capacidad y competitividad de los usos legales de los bosques, la presencia policíaca no mejorará en modo alguno el problema de la deforestación y el deterioro forestales.
A partir de la experiencia reciente de militarización y represión policiaca como estrategia para enfrentar la inseguridad, la corrupción reinante entre las distintas policías, sus constantes violaciones a los derechos humanos, y la impunidad frente a estos abusos, no es arriesgado proponer que la gendarmería ambiental, lejos de contribuir a resolver problemas ambientales, contribuirá a su agravamiento con el riesgo de favorecer nuevas amenazas y violaciones a los derechos humanos y comunitarios.
La experiencia reciente de distintos países, como Honduras y Camboya por mencionar sólo a un par, muestra que la presencia de policías armados en las áreas naturales protegidas ha sido un instrumento mediante el cual se ha despojado a las comunidades de sus tierras para destinarlas a plantaciones, minas o desarrollos inmobiliarios. Esta misma semana se entregó el premio Goldman del 2016 a Leng Ouch, de Camboya, quien ha estado documentando cómo el régimen autoritario es el principal promotor de la deforestación en ese país. Leng muestra claramente que la forma predilecta de los gobiernos autoritarios para despojar a las comunidades de sus territorios es precisamente mediante la instauración de cuerpos armados que los ‘vigilan’.
¿Qué relación se puede esperar que exista entre el cuerpo de gendarmes y el presidente del comisariado de bienes comunales, o el comité de vigilancia del ejido o la comunidad? ¿A quién le rendirá cuentas el gendarme? ¿A la comunidad, que es la legítima propietaria de las tierras según las leyes mexicanas, o a autoridades federales que como las actuales SEMARNAT y PROFEPA que han demostrado reiteradamente ignorar los principios más básicos del manejo sustentable de los bosques y el respeto a derechos comunitarios y civiles? ¿O a la Dirección Federal de Seguridad?
Hace pocas semanas observamos cómo un grupo de soldados y policías desplegaron un fuerte operativo armado para apoyar a la Profepa en un decomiso de venados dentro de una UMA de los comuneros de Tepoztlán, en el estado de Morelos, por el motivo de que había algunos papeles que no estaban actualizados, sobre todo por falta de apoyo de la Conanp y la Profepa para tal fin.
En ese operativo la policía y las autoridades se enfrentaron con mujeres y hombres de la comunidad, cuando claramente el problema se podría y debería haber resuelto sin la presencia policiaca y militar, simplemente con el diálogo con la comunidad. Y más recientemente pudimos observar la presencia y acción policiaca en los bosques que circundan a la población de San Francisco Xochicuautla, en el Estado de México, donde los gendarmes se dedicaron a proteger a una empresa constructora predilecta del régimen, e impedir que los pobladores detuvieran la devastación del bosque que la empresa llevó a cabo.
Además hay prisa. El propio presidente de la República, mediante tweets, ha prometido que estos nuevos cuerpos de policía estarán operando antes de diciembre, pues serán presentados en la reunión mundial de la Comisión de Diversidad Biológica de la ONU, que tendrá su cumbre mundial en Cancún a finales de año. Ahí, el gobierno mexicano hará patente su compromiso con la conservación de la biodiversidad mediante una estrategia basada en prohibición y la criminalización del uso comunitario de los bosques, y que por ese motivo está destinada al fracaso.
Más que crear estos cuerpos policiacos, sería indispensable que se consultara y se trabajara seriamente con los representantes y los miembros de los ejidos y las comunidades forestales para promover y apoyar la gobernanza y las iniciativas y empresas comunitarios. La presencia policiaca solo resultaría aceptable en áreas de fuerte ingobernabilidad, de manera temporal, acotada, basada en prácticas de rendición de cuentas y acompañamiento civil y comunitario.
Fuente: Animal Político
Autor: Raúl Benet
http://www.animalpolitico.com/blogueros-blog-invitado/2016/05/03/gendarmeria-ambiental-para-combatir-a-pobladores-ejidatarios-y-comuneros/