A pesar de la insistencia de los oficios que emitió con carácter “extraurgente” el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), Eber Omar Betanzos Torres, las peticiones no fueron atendidas o fueron respondidas de manera parcial, pues en su informe final los cinco expertos internacionales que acompañaron la investigación durante un año -con una serie obstáculos de las autoridades y dificultades a su labor-, insistieron en que sin una explicación de lógica de las estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad en México seguirá fragmentada e incompleta.
En la tercera parte de la averiguación previa de los ataques a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, durante un operativo en Iguala, difundido el viernes en Internet por la PGR, se encuentran los documentos oficiales integrados al expediente entre estos las insistentes solicitudes de información sobre los organigramas y estructuras de los grupos criminales Guerreros Unidos, Los Beltrán Leyva, Los Rojos y La Familia Michoacana, sus zonas de influencia, miembros, actividades delincuenciales, modos de operación, así como las investigaciones que se han judicializado.
En particular la identificación de las estructuras que pertenecen a Sidronio Casarrubias Salgado, “El Mochomo”, uno de los fundadores del cartel Guerreros Unidos buscado, con otros implicados, debido a la desaparición forzada de los 43 estudiantes desaparecidos.
Además, los organigramas y análisis de las estructuras del Ejército Popular Revolucionario (EPR), del Ejército Revolucionario Popular Insurgente (ERPI) y otros posibles grupos guerrilleros que operan en Guerrero.
Esta información se solicitó al comisionado de la Policía Federal (PF), al Ejército y al Centro de Planeación y Análisis e información para el combate a la delincuencia organizada, además de a las procuraduría estatales de las entidades mencionadas, junto con el número de fosas clandestinas y los cuerpos exhumados del 26 de septiembre en adelante.
En los escritos insistieron en que “la información tendrá carácter de confidencial y su contenido no será divulgado para salvaguardar las garantías de secrecía respecto a sus actuaciones”.
Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también solicitaron las investigaciones a la Policía federal por los ataques del 26 y 27 de septiembre en Iguala, y entrevistas a las personas que estaban en esa fecha en la Dirección de Operaciones Regional: el titular del área de información, en la Dirección de Operaciones de Seguridad Nacional, el director general adjunto en la región Centro, divisiones de seguridad regional de la PF, la Coordinación Estatal de Guerrero de la Policía federal y al inspector general. En los oficios inmediatos no hay respuestas.
En ésta, la tercera etapa de la investigación, se retomó la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos hace más de 19 meses ya que se autorizaron y publicaron recompensas hasta de 1.5 millones por información que permita su localización.
Seguida de otra publicación de recompensas por el mismo monto para detener al director de la Policía Municipal de Iguala, Felipe Flores, y al juez de la Policía Municipal de barandilla, José Ulises Bernabé García, “que presuntamente entregó a policías municipales de Cocula, a personal de Protección Civil y a elementos del grupo de reacción inmediata conocidos como ‘Los Bélicos’, con la finalidad de entregarlos a Guerreros Unidos”.
Gracias a información periodística, ahora se sabe que Bernabé García pidió asilo político en Estados Unidos, que negó haber recibido a los normalistas desaparecidos en la cárcel de la Policía Municipal de Iguala o haber hablado con ellos en algún momento.
LO QUE PLANTEÓ EL GIEI
De las investigaciones de desapariciones forzadas, el GIEI señaló en su informe final, dado a conocer a finales de abril días antes de que los cinco expertos abandonaran México, que las autoridades de procuración de justicia deben tomar en cuenta, “la complejidad de este tipo de hechos y la estructura en la cual se ubican las personas probablemente involucradas”, es decir, las redes criminales y a los agentes de Gobierno.
En este sentido, “deben conocer los criterios para orientar la investigación, tomando en cuenta los análisis de contexto, el modus operandi, los perfiles de los desaparecidos y los patrones regionales de ocurrencia de los hechos (delictivos)”.
Destacaron que “a la llegada del grupo no existía en el expediente un análisis financiero de los distintos integrantes de Guerreros Unidos ni del cruce financiero entre ellos, ni de la posible cooptación de autoridades, o del uso de inteligencia para conocer la estructura y áreas de influencia del grupo, todos elementos fundamentales al analizar el contexto de la grupo criminal al cual se le atribuía la desaparición”.
Al salir del caso señalaron que la investigación estaba fragmentada en muchas averiguaciones previas relacionadas con los hechos, y advirtieron que “si las investigaciones se adelantan de manera aislada y no se buscan denominadores comunes que expliquen lógicas y estructuras delictivas, la lucha contra la impunidad seguirá siendo encarada de manera fragmentaria e incompleta”.
“La articulación de diferentes investigaciones puede permitir el diseño de una estrategia con resultados más efectivos. El análisis de contexto es una herramienta que merece ser tenida en cuenta”, concluyen.
FUENTE: PROCESO/EL SUR.
AUTOR: REDACCIÓN/ LOURDES CHÁVEZ.
LINK: http://www.sinembargo.mx/17-05-2016/1661383