Bernardino García Francisco, Ángel García García, Florentino García Castro, Eleuterio García Carmen, Abad Ambrosio Francisco y Benito Morales Justo, autoridades comunitarias de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, pertenecientes a la Casa de Justicia de El Paraíso, en la Costa Chica, fueron detenidos arbitrariamente el 21 de agosto de 2013 y salieron libres luego de que el Juez Mixto de Ayutla de los Libres y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, Guerrero dictaminó que no existen elementos que acrediten el cuerpo del delito de secuestro del que habían sido injustamente acusados.
Sobre la liberación de los comunitarios, el antropólogo Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, dijo que Bernardino, Ángel, Florentino, Eleuterio, Abad y Benito, nunca se doblegaron ante las injusticias del sistema y que gracias a la fuerza de las organizaciones, la exigencia para que se respetara el derecho de los pueblos a tener su propio sistema normativo se hizo realidad: “esto ha sido una lucha a pulso donde ellos resistieron, donde el derecho les dio la razón y todas las argucias jurídicas que se inventaron desde hace más de dos años y 9 meses se desmoronaron. De nueva cuenta demostramos como las autoridades fabrican delitos, como las autoridades construyen una serie de acciones delictivas que no están fundadas en el actuar de la policía comunitaria, ellos han demostrado que son inocentes, así como lo son Samuel, Gonzalo y Arturo”.
El policía comunitario Ángel Garcia aseguró que el gobierno de Ángel Aguirre intentó desmantelar todo el sistema de justicia deteniendo a su compañera Nestora Salgado, liberada el pasado 18 de marzo, y a todos los que salieron libres el día de ayer; así como a los policías comunitarios que siguen presos Samuel Ramírez, Arturo Campos y Gonzalo Molina: “ellos enfrentan los mismos procesos que nosotros pero no hay que darse por vencidos, les pedimos a todos que luchemos para exigir la libertad de cada uno de ellos, hemos ganado varias resoluciones a favor, con tres resoluciones federales demostramos nuestra inocencia, demostramos la legalidad de la policía comunitaria por lo que nuestros compañeros que siguen presos no son delincuentes”.
Pidió a las organizaciones sociales que se unifiquen: “la unión hace la fuerza, pongamos el mayor esfuerzo para ponerle un alto a la represión del gobierno, que no nos ponga más trabas para que los compañeros que siguen presos puedan salir, exigimos también la justicia para los 43 compañeros estudiantes cuya desaparición fue también por causa del Estado. Luchemos para encontrar la paz, la armonía y principalmente la seguridad para nuestra gente”.
La libertad de los seis policías comunitarios se realizó luego de que Juez Mixto de Ayutla de los Libres resolviera favorablemente un incidente de libertad por desvanecimiento de datos el día 22 de abril de 2016 y la Jueza Segunda en Materia Penal de Tlapa de Comonfort, reclasificara el delito de secuestro a privación de la libertad personal en acatamiento a la resolución del amparo 133/2014, de fecha 10 de noviembre de 2015, mediante el cual el Juez Sexto de Distrito estableció que se violaron las reglas del debido proceso en agravio de las autoridades indígenas de la CRAC-PC; que el juez local omitió hacer un análisis del derecho que tienen los pueblos indígenas para tener sus propias formas de organización social y política; así como que la CRAC-PC es un órgano de seguridad y justicia legítimo reconocido por las leyes de nuestro país.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán manifestaron que una vez más se evidencian las falsas acusaciones del gobierno contra la CRAC-PC que buscaba criminalizar al Sistema indígena y que las actuaciones de la CRAC-PC se hicieron en el marco del ejercicio de sus funciones como autoridad comunitaria reconocida por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales; además de que las autoridades que los mantuvieron en cautiverio violaron las reglas del debido proceso en perjuicio de las autoridades comunitarias y se extrajeron pruebas ilícitas para inculparlos.
Por lo anterior, Tlachinollan y la CRAC-PC Casa de Justicia San Luis Acatlán exigen al gobierno Federal y Estatal: El reconocimiento pleno del proceso histórico de la CRAC-PC y su sistema de seguridad y justicia, tal y como lo ha hecho el Poder Judicial Federal; poner en libertad a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que permanecen en prisión bajos las mismas acusaciones y señalamientos infundados, pues el reconocimiento al proceso histórico del Sistema de Justicia de la CRAC-PC, obliga a las autoridades a abstenerse de seguir criminalizando a los pueblos indígenas por ejercer sus derechos; que se abra un proceso de investigación y sanción para aquellos Ministerios Públicos, Policías y Jueces que incurrieron en graves violaciones al derecho de defensa adecuada y el debido proceso de las autoridades de la CRAC-PC y que no se siga criminalizando a los dirigentes y autoridades de la CRAC-PC que procuran e imparten justicia de acuerdo a sus sistemas normativos.
Al salir libres del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ayutla de los libres, penal en el que se encontraban recluidos, Garcia García agradeció a sus familias, a las diversas organizaciones sociales que les apoyaron para lograr su libertad y al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que fungió como su defensa jurídica.
FUENTE: DESINFORMÉMONOS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://desinformemonos.org.mx/la-policia-comunitaria-de-guerrero-no-es-una-organizacion-delictiva-advierten-los-miembros-recien-liberados/
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