En un comunicado, detalló que dicha agenda debe contemplar los siguientes temas:
-Transparencia. Respeto a los principios de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y a la Ley de Transparencia local; respeto a la autonomía y decisiones del órgano garante de la trasparencia y el acceso a la información de la entidad; no politización ni partidización en la elección de los comisionados.
-Libertad de expresión. Respeto irrestricto a la libertad de expresión y protección a los periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas sociales. En los últimos años se han incrementado las agresiones y los atentados contra la integridad física de los periodistas por parte de autoridades locales, elementos de la fuerza pública y el crimen organizado.
Todo gobierno está obligado a garantizar la integridad de los informadores, iniciar averiguaciones para esclarecer las agresiones y sancionar a los responsables, de manera rápida y expedita. Crímenes recientes contra periodistas en entidades como Veracruz han activado alarmas internacionales porque existe la percepción de que en México no hay garantías suficientes y efectivas a la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas.
-Medios públicos. Cobertura informativa del actual proceso electoral como parte de su razón de ser y función social de informar a la ciudadanía. Compromiso con la independencia editorial de los medios públicos locales (radio y televisión) para que no respondan a los intereses y agenda del mandatario en turno. Que el director(a) sea nombrado por el Congreso local para garantizar una mayor independencia informativa, a partir de un perfil profesional con experiencia y conocimiento en materia de medios públicos, sin vinculaciones políticas, partidistas o amiguismos. Nombramiento de un defensor de audiencia con reconocido prestigio y experiencia profesional en los medios públicos.
Convocatoria democrática y transparente para la instalación de un consejo ciudadano plural, conocedor e independiente que vigile la pertinencia de los contenidos y el desempeño del medio público. Recursos públicos suficientes para la modernización y digitalización de sus instalaciones e infraestructura, así como para la capacitación y profesionalización de su personal. Actualización al nuevo régimen legal de concesión única.
-Gasto en comunicación social. Asignación neutral, clara y transparente de recursos a los medios impresos, electrónicos y digitales locales sin distinción de opinión o postura ideológica. El gasto para propaganda gubernamental no debe utilizarse para premiar la lealtad política o para castigar el disenso informativo, sino para informar oportunamente a la población de los temas de interés general. El presupuesto de comunicación social debe emplearse para subvencionar la pluralidad y la democracia, no para limitar indirectamente la libertad de expresión con asignaciones discrecionales.
-Radios comunitarias. Respeto y promoción de las expresiones comunitarias, indígenas, étnicas y culturales a través de los medios de comunicación. Dejar de criminalizar y de perseguir a los comunicadores comunitarios. Evitar la confiscación de sus equipos transmisores o daños a su propiedad. Apoyo económico para el crecimiento de los proyectos sociales y comunitarios a través de asignaciones equitativas de partidas de comunicación social de dependencias públicas estatales promotoras de programas sociales, educativos y culturales.
-Inclusión digital. Acciones tendientes a incrementar el acceso a servicios de telecomunicaciones, sobre todo de banda ancha, para cerrar la brecha y la exclusión digitales. Diseño de políticas públicas y de una Agenda Digital estatal para incrementar la conectividad, las oportunidades de empleo, la alfabetización digital y el acceso a servicios públicos en línea en la entidad. Coordinación con el programa México Conectado para que más espacios públicos como escuelas, hospitales y plazas proporcionen acceso gratuito a Internet. Planeación estratégica para que la futura Red Compartida conecte las comunidades más alejadas y pobres del estado.
La Amedi indicó que “tradicionalmente, los gobiernos estatales han ignorado los temas del derecho a la información y la libertad de expresión, por lo que el actual proceso electoral es un buen momento para que los candidatos(as) partidistas e independientes se comprometan con la ciudadanía a atender algunas de las ausencias más notables en materia de transparencia, impulso a los medios públicos y comunitarios, salvaguarda de los periodistas, rendición de cuentas en el gasto de comunicación social y reducción de la brecha digital”.
Los estados que elegirán nuevo gobernador el 5 de junio son: Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
La Amedi lamentó que “a un mes de que arrancaron las disputas por el voto ciudadano, ninguno de los candidatos a la gubernatura en esos estados, provenientes tanto de las filas de los partidos políticos como los candidatos independientes, han presentado una agenda en defensa del derecho a la información, la libertad de expresión, la transparencia y el acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”.
“La omisión de las candidatas y candidatos partidistas e independientes es grave porque es precisamente en el espacio local donde ocurren más atentados, violaciones y omisiones al derecho a la información. También es en las entidades del país donde se ejerce más control político sobre la prensa y los medios electrónicos locales, incluidos televisoras, radiodifusoras y portales de internet”, abundó.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
LINK: http://aristeguinoticias.com/0405/mexico/lo-que-pide-la-amedi-a-los-candidatos-a-gubernaturas/