Ciudad de México. Organizaciones no gubernamentales demandaron a las autoridades de Morelos garantizar que la exhumación de cuerpos hallados en el panteón de Tetelcingo se realice conforme a los más altos estándares en materia forense.
Lo anterior, después de que “al parecer autoridades habrían colocado el cuerpo de un joven, identificado por sus familiares en una fosa común, donde según registros oficiales yacían 116 cuerpos”, señalaron Amnistía Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia.
En un pronunciamiento conjunto, resaltaron que los familiares de personas reportadas como desaparecidas en el estado, además de organizaciones y/o instituciones acompañantes “temen que esta situación se repita y las autoridades no adopten las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones que se realicen protegen adecuadamente todas las pruebas forenses y periciales”.
Destacaron que es urgente que las autoridades adopten las medidas necesarias para que durante este proceso no se revictimice a los familiares de personas desaparecidas, “quienes tienen derecho a estar permanentemente informados sobre el plan de exhumación, las técnicas empleadas y los expertos forenses que hayan previsto las autoridades estatales”.
Añadieron que es crucial que todas las acciones garanticen la seguridad de las familias y de agrupaciones e instituciones que los acompañan. “Particularmente se adopten medidas para evitar que sean objeto de alguna forma de hostigamiento, intimidación o criminalización por parte de funcionarios estatales”.
Externaron su preocupación ante la posibilidad de que se utilicen el derecho penal y otras medidas administrativas para inhibir la defensa de los derechos humanos de familiares de personas desaparecidas, contra activistas y personal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Demandaron que el gobierno estatal informe sobre los procesos de investigación que se llevan a cabo por cada uno de los restos de personas hallados en las fosas, particularmente aquellos en los que se presuma que hubo alguna inhumación irregular, y se investigue también la actuación de funcionarios sospechosos de haberlas cometido.
Apuntaron que en un país donde más de 27 mil personas se encuentran desaparecidas es indispensable que se emprendan acciones enérgicas para hacer frente a la grave crisis de derechos humanos, incluyendo medidas inmediatas para garantizar el establecimiento de protocolos de actuación para la identificación de restos de personas localizados en fosas comunes.
Fuente: La Jornada
Autora: Alma E. Muñoz
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