Ciudad de México. Habitantes del municipio de Chimalhuacán, en el Estado de México, denunciaron ayer que el gobierno federal pretende despojarlos de casi mil hectáreas para construir un proyecto hidráulico que evite la inundación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM).
En conferencia de prensa anunciaron que en dos semanas protestarán en la Secretaría de Gobernación (SG) para exigir una mesa de diálogo con funcionarios de alto nivel y tratar el conflicto de los terrenos en cuestión: los Tlateles y el Moño.
Juan Loreto González Arrieta, líder del Movimiento de Propietarios de los Tlateles, precisó que no se niegan a vender sus campos, pero esperan un precio justo.
A mediados de 2014 representantes de la SG, encabezados por Irma Lorena Roa López jefa del Departamento de Control y Validación Documental de la dependencia, les ofreció “gratificaciones de 10 a 65 pesos por metro cuadrado”, aseveró.
Rechazaron la oferta y desde entonces pidieron un encuentro con autoridades del gobierno federal, pues además “nos desconocieron a los verdaderos dueños y les pagaron a otros”, reprochó.
De acuerdo con peritajes realizados por ingenieros particulares, señaló, el valor es de 6 mil pesos por metro cuadrado. Sin embargo, un perito de la Procuraduría General de la República (PGR) consideró que el precio es de 840 pesos. “No es lógico, la parte alta del cerro de Chimalhuacán la tasaron en mil 300 pesos por ese mismo espacio, y la parte baja, donde se puede construir con mayor facilidad cuesta menos”.
Hasta el momento han interpuesto 22 amparos, dos de ellos ya se resolvieron en su favor y se ordena a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y a la Presidencia de la República reconocerles la propiedad, afirmó.
“En el tema del aeropuerto hay más irregularidades que las ya conocidas en Atenco”, señaló Marco Antonio Ortiz Salas, dirigente nacional de la Coalición Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc), quien también estuvo presente en la conferencia junto con Tomas Cruz Martínez, asesor jurídico de los denunciantes.
“Sí queremos que se construya el aeropuerto, pero que se nos pague lo que vale el lugar”, insistió González Arrieta.
Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
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