Entre 2010 y 2015 en Veracruz se reportaron 10 mil 295 delitos sexuales contra mujeres y niñas. Ninguna pudo interrumpir su embarazo, a pesar de que la legislación lo contempla para los casos de violación, por lo que diferentes organizaciones, encabezadas por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), solicitaron otra alerta de violencia de género.
En septiembre pasado defensores de los derechos de las mujeres pidieron por primera vez ese mecanismo debido al alto número de feminicidios (la Fiscalía General del Estado reconoció mil 214 en los últimos 15 años). Cuando el gobierno federal inició una investigación para determinar si era pertinente emitir tal medida las propias autoridades locales revelaron tal cifra y admitieron que nadie pudo acceder a la interrupción legal del embarazo (ILE).
El año pasado 487 niñas veracruzanas entre 10 y 14 años dieron a luz, "la mayoría de esas pequeñas fue violada", aseveró en entrevista Rodolfo Domínguez, del OCNF. Funcionarios de salud y de procuración de justicia "con prejuicios" no les informan sobre su derecho a no continuar con la gestión o impiden que si ellas lo desean la puedan detener.
"Son embarazos forzados, lo cual constituye una forma de tortura", sostuvo el activista. Por ello en esta ocasión la petición de alerta de violencia de género es bajo la figura de “agravio comparado”, pues además de que se les niega ese derecho, el próximo jueves el Congreso local discutirá una reforma constitucional antiaborto.
Bajo la premisa de "proteger la vida desde la concepción", el gobierno local de Javier Duarte de Ochoa pretende obstaculizar totalmente el derecho a no continuar con el embarazo, explicó. Sin embargo, eso pone en riesgo la vida de las niñas, pues de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud tener a un hijo en es etapa es una de las principales causas de muerte materna.
La criminalización y discriminación de las mujeres que abortan es una constante en el entidad, agregó Araceli González Saavedra, de la organización Equifonía -otro de las que pidieron la alerta-. "Es importante que se revise la legislación vigente en cuanto a los derechos sexuales y la salud reproductiva para evitar que se violen otras garantías de las mujeres", sostuvo también en entrevista.
Algunos funcionarios actúan bajo prejuicios y otros más ante la ignorancia, señaló. En un monitoreo que realizó Equifonía al cumplimiento de la norma 046 "nos dimos cuenta que hay un gran desconocimiento del personal en las clínicas sobre cómo restablecer la salud de las mujeres que sufrieron violencia sexual"; es decir, pruebas de VIH o alguna enfermedad de transmisión sexual, darles una pastilla de emergencia para evitar un embarazo o interrumpirlo en caso de que ya haya ocurrido, explicó.
"El Estado no garantiza la seguridad de las mujeres", aseveró. Luego, ante las consecuencias de estar desprotegidas, como sufrir una violación, les niega el derecho a la justicia, pues no aprehenden o no sentencian al culpable, y les prohíben decidir si quieren seguir con un embarazo que nunca desearon, deploró.
Fuente: La Jornada
Autora: Blanca Juárez
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