Forjado por el empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, sus adquisiciones se iniciaron en 2010 en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa y se dispararon a partir de 2013, el primer año de Enrique Peña Nieto en Los Pinos, una carrera que de 2010 a 2015, le hizo completar casi mil millones de pesos de la bolsa del Gobierno federal, de acuerdo con un ejercicio de este diario digital a través de solicitudes de información a las instituciones gubernamentales y la revisión de datos abiertos del Portal de Obligaciones y Transparencia (POT), la página Compranet y el buscador “zoom” del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).
Esa cantidad representa el 55.5 por ciento de los 100 millones de dólares (unos mil 800 millones de pesos) en activos financieros descubiertos en el banco Mossack Fonseca de Panamá –los llamados Panama Papers– bajo el nombre de Juan Armando Hinojosa Cantú.
Pero el monto resulta muy superior a la deuda fiscal de 86 millones de pesos adjudicada a la Constructora Teya –una de las filiales del Grupo Higa–, disculpada en 2015 por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito con el argumento de que el procedimiento había estado viciado de origen.
La nube de escándalos, por una serie de revelaciones periodísticas que llevó a la Secretaría de la Función Pública y a un grupo de diputados a investigarlo, no atemorizó nunca a este consorcio. En noviembre de 2014, el equipo de Aristegui Noticias descubrió que le había vendido, con un crédito de condiciones laxas, una casa pintada de blanco a Angélica Rivera Hurtado, esposa del Presidente Enrique Peña Nieto, de un valor de 86 millones de pesos, en la colonia Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.
Después, el rotativo estadounidense, The Wall Street Journal, dio con el hecho de que el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, también poseía una casa en Malinalco, en el Estado de México, adquirida en condiciones similares.
Pero justo en 2014, cuando la “casa blanca” fue descubierta, Higa tuvo 895 millones 499 mil 707 pesos con 12 centavos en siete contratos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y en 2015, en el momento en que era investigado por supuesto conflicto de interés, los negocios continuaron: consiguió ocho millones de pesos sólo con los servicios de taxis aéreos que Eolo Plus le prestó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para traslado de pacientes en cuatro contratos.
En el ámbito federal, el ejercicio de SinEmbargo permitió ver que los negocios del consorcio se han concentrado en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), el Banco de Comercio Exterior (Bancomext), Pemex Exploración y Producción (PEP), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Pero en 2012, al llegar Enrique Peña Nieto a la Administración federal, el Grupo Higa se impuso sobre cualquier otro ante el Gobierno: el número de convenios prosperó hasta superar los 900 millones de pesos en sólo tres años.
Tres contratos con el Gobierno federal son pocos si se considera que Higa era un consorcio de siete empresas (Constructora Teya, Concretos y Obra Civil del Pacífico, Publicidad y Artículos Creativos, Eolo Plus, Bienes Raíces H&G S.A, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, Señales y Mantenimiento S.A. de C.V.); pero en ese tiempo, Higa realizaba más obras de infraestructura en el Estado de México, donde gobernaba el actual Presidente de la República, Enrique Peña Nieto.
Si de 2006 a 2012, cuando gobernó Felipe Calderón, el Grupo Higa no era conocido a nivel federal, en el Estado de México era el principal proveedor de Productos y Servicios. Y allá, el Primer Mandatario era Enrique Peña Nieto. Más de mil 300 millones de dólares sólo en obra pública: el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango y, en sociedad con la española OHL, el Viaducto Elevado Bicentenario.
2014 fue un año bendito. Por lo menos para las empresa Constructora Teya y Concreto y Obra Civil del Pacífico, filiales del Grupo Higa, que obtuvieron entre las dos, ocho contratos para reconstruir Guerrero, Tabasco y Baja California Sur, estados averiados por los desastres naturales del año anterior.
Para muchos otros en México, ese año no tuvo nada de bendito. Se vivían los estragos de los huracanes Ingrid y Manuel que en diez estados de la República, arrancaron poblaciones enteras, dañaron las siembras y ahogaron al ganado.
Sobre ese paisaje, Grupo Higa, con sus empresas constructoras ganó 940 millones 226 mil 004 pesos con 12 centavos, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), entidad clave para su emporio de construcción, que le adjudicó contratos del Fondo de desastres naturales (Fonden).
Ese fondo, cuyo propósito legal es rescatar a las poblaciones averiadas después de un fenómeno, tuvo un total de recursos autorizados de 29 mil 308 millones de pesos, de los cuales, siete mil millones se quedaron sólo en la Reserva Especial Fondo Guerrero, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En la entidad del Pacífico Sur, Ingrid y Manuel habían sido un poco más crueles y por ello se hizo una partida especial.
De los siete mil millones de la reserva para Guerrero, Higa se llevó el 10.6 por ciento (poco más de 746 millones de pesos) con tres contratos: el 2014-632-CA-Fonden-010-W-0-2014, el 2014-632-CA-Fonden-005-W-0-2014 y el 2014-632-CA-Fonden-006-W-2014. Además, el Grupo recibió otros cuatro contratos del Fonden que fueron para Tabasco y que sumaron 149 millones 476 mil 613 pesos. Los convenios fueron 2014-27-CF-D-150-W-00-2014, 2014-27-CF-D-148-W-00-2014, 2014-27-CF-D-151-W-00-2014, 2014-27-CF-D-149-W-00-2014.
En Baja California Sur, Concreto y Obra Civil del Pacífico tuvo el contrato 3-C-CB-C-504-W-0-3 por 44 millones 726 mil 297 pesos con setenta y tres centavos para reconstrucción de vado mediante renivelación, bacheo, arrope de taludes en el tramo Ciudad Insurgentes-Loreto.
LAS RESERVAS DE BANOBRAS
Banobras –una de las instituciones crediticias más antiguas de la Administración federal con ocho décadas de operación– ha firmado seis contratos con filiales del Grupo Higa en la presente administración. Pero el emblemático banco de desarrollo mantiene “parcialmente reservada” la información que concierne a cuatro convenios y ante la solicitud de SinEmbargo, precisó sólo el monto de uno, el que firmó con Eolo Plus en 2013 por 10 millones 700 mil pesos.
Sobre los datos reservados, el argumento de Banobras es que pertenecen a un fideicomiso el cual está bajo secreto fiduciario. Así, no se sabe cuánto se le pagó a Higa por los trabajos consistentes en la ampliación de la carretera Guadalajara-Colima, la que ganó Concretos y Obra Civil del Pacífico en unión con Grupo Servicios S.A de C.V. y G. Collado. Tampoco el que se le otorgó a Publicidad y Artículos Creativos (PACSA) para realizar el “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Guadalajara-Colima” ni por el que se le dio a la misma PACSA para “estudio de sondeo a los usuarios del tramo carretero Altacomulco-Maravatío.
Los montos tampoco aparecen en el contrato de la constructora Teya para la ejecución de los trabajos consistentes en la ampliación de dos a cuatro carriles de los kilómetros 103-510 al 110-000 del tramo carretero Guadalajara-Colima.
El contrato con los taxis aéreos de Eolo Plus sirvieron para transportar a Alfredo del Mazo Maza, primo del Presidente Enrique Peña Nieto y quien fungía como Director General del organismo, y Luis Dosal, director de Proyectos.
Nacional Financiera también firmó con Eolo, en el mismo año, para transportación por 46 millones 560 mil pesos, y la SCT solicitó servicios de “taxi aéreo” por 40 millones 493 mil 085 pesos.
De su estilo en la gestión de negocios, se encuentra mucho menos. ¿A qué hora llega a trabajar? ¿Cuál es su ética para los negocios? ¿Qué comunicación entabla con sus trabajadores cercanos y lejanos? Son preguntas que se han quedado en el limbo ahora que su nombre es conocido.
El diario Nuestro Tiempo del Estado de México publicó en 2012 que es originario de Tamaulipas, pero su carrera se encuentra completa en la tierra mexiquense. A Toluca se mudó invitado por su amigo, Alfredo del Mazo González quien había sido Gobernador de 1981 a 1987. En esa época, se dedicó a realizar trabajos de impresión y serigrafía al Gobierno del Estado en su empresa Publicidad y Artículos Creativos S.A. de C.V.
Hay muy poco que ayude a describir el salto que dio de la serigrafía a la construcción. Lo cierto es que para 1999, cuando Arturo Montiel Rojas arribó al Gobierno del estado, él era dueño de Empresas Constructoras Teya, Mezcla Asfáltica de Alta Calidad, así como de Señales y Mantenimiento. Hinojosa Cantú ya abarcaba todas las áreas de la edificación.
Fue el único empresario que acudió a la casa de campaña del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a celebrar la vuelta de ese partido al poder presidencial. Fue él quien le prestó a Enrique Peña Nieto, los aviones para realizar campaña electoral, tanto en la contienda por el Gobierno del Estado de México como por la Primera Magistratura.
En 2012, cuando Enrique Peña Nieto cumplió 46 años, sus invitados fueron los de su “círculo íntimo”, según dijo él mismo. Ahí estuvo el empresario. Peña Nieto ya era candidato electo y los citó para comer en la Hacienda Cantalagua, en el Estado de México. El cariz privado de la reunión se habría mantenido si no hubiera sido por la tragedia. Al salir del encuentro, el helicóptero Augusta 109 matrícula XA-UQH se precipitó en los límites de Jiquipilco y Villa del Carbón. Viajaba ahí Juan Armando Hinojosa García, hijo de Hinojosa Cantú. La aeronave era de la empresa Eolo Plus, del Grupo Higa.
ANTECEDENTE O PARTE ANTERIOR.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR :REDACCIÓN/LINALOE FLORES, DANIELA BARRAGÁN, ALEJANDRA PADILLA.
LINK: http://www.sinembargo.mx/10-05-2016/1658318