La compañía Parametría, por ejemplo, reportó en marzo que el ex Gobernador de Hidalgo era conocido entre el 60 por ciento de la ciudadanía y que este nivel de identificación pública era el más alto entre los presidenciables del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
También, que si a las opiniones negativas se le restaran las positivas, el titular de la política interna mexicana tendría en su favor una diferencia de 13 puntos porcentuales; proporción también mucho mayor, por ejemplo, que los tres puntos que tiene el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Luis Videgaray Caso.
“El candidato priísta que tiene mayor reconocimiento de nombre y que también resulta el preferido para representar al tricolor en el 2018 actualmente es el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong”, publicó en junio pasado el periódico Reforma, también con base en una encuesta.
En el PRI se perfiló así como puntera la candidatura del funcionario federal que, en teoría, debería ser el responsable de que en México no se presenten los conflictos ni los crímenes ni la crisis de derechos humanos por los que diversos organismos internacionales han cuestionado severamente al actual Gobierno federal.
Responsabilidad que, además, le fue restablecida al Secretario de Gobernación apenas en este sexenio, cuando, en enero de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto publicó una serie de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF) que regresaron a esta dependencia la misión de “garantizar la seguridad pública”, “coadyuvar a la prevención del delito”, “salvaguardar la integridad y los derechos de las personas; así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos”.
Compromiso que, dice Alberto Azis Nassif, analista y académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), está lejos de considerarse cumplido si se compara con la inseguridad, la violencia y la violación masiva a los derechos humanos que prevalece en México.
“Hay una serie de índices sobre los asesinatos y la violencia, además de información oficial de organismos internacionales que han mostrado que los problemas de violencia y de inseguridad pública se mantienen, y que además hay una severa crisis de derechos humanos”, dice el investigador.
“Indicadores que nos pueden decir que los resultados han sido negativos en términos de aplicar una política pública distinta para la inseguridad, que no ha resultado, porque se ha profundizado el problema”, agrega.
LA SUPERSECRETARÍA
Entre 2000 y hasta 2013, a lo largo de los dos sexenios de presidencias panistas, el diseño de las políticas para mantener la seguridad pública y de combate al crimen desde la esfera federal recayeron en la también entonces recién creada Secretaría de Seguridad Pública.
De acuerdo con la modificación que se hizo en 2000 a la LOAPF, a esta misma instancia le fue también atribuida la función de “proponer la política criminal en el ámbito federal”, “presidir el Consejo Nacional de Seguridad Pública” y, en general, “salvaguardar la integridad y el patrimonio de las personas, prevenir la comisión de delitos del orden federal, así como preservar la libertad, el orden y la paz públicos”.
Después de que esta dependencia vivió su periodo de mayor expansión en el sexenio de Felipe Calderón –diversos medios reportaron aumentos superiores al doble en los presupuestos para la seguridad pública en ese periodo–, el 2 de enero de 2013, todas esas atribuciones fueron transferidas, textuales, a la Secretaría encabezada desde el inicio de sexenio por el ex Gobernador hidalguense Miguel Ángel Osorio Chong.
Para ese momento, a Osorio Chong le respaldaba, entre otros servicios al Gobierno de Peña Nieto, la gestión del acuerdo con el resto de los partidos o “Pacto por México” que le permitió al mexiquense la aprobación del paquete de reformas constitucionales, como la educativa y la energética, que le ganaron los únicos halagos de la prensa internacional hasta el momento.
Las atribuciones de Osorio Chong se ampliaron entonces no sólo en materia de seguridad pública, sino que, en el mismo decreto que le delegó la “política criminal”, Peña Nieto le dejó también una responsabilidad que, desde que se redactó la actual Ley Orgánica de la Administración Pública, en 1976, no había tenido ningún otro titular de Gobernación: la de “coordinar” al resto de los integrantes del gabinete.
Tal atribución quedó establecida en el Artículo 10 de dicha Ley, que por casi cuatro décadas ordenó que “las secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna”.
El 2 de enero de 2013, sin embargo, el decreto agregó que “sin perjuicio de lo anterior, por acuerdo del Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación coordinará las acciones de la Administración Pública Federal para cumplir sus acuerdos y órdenes”.
Tal aumento de atribuciones –más de 60, de acuerdo con el artículo 27 de la LOAPF– fue considerada entonces como una marcha atrás en la búsqueda de contrapesos institucionales que, desde 2000, había previsto al descargar a la Segob de las responsabilidades de mantener la seguridad pública.
“La dotación excesiva de facultades para la Segob contradice la regla más sencilla de los gobiernos democráticos: evitar la concentración de poderes”, expuso entonces Nicolás Loza Otero, coordinador de Gobierno y Asuntos Públicos en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso México), en entrevista con SinEmbargo.
“Los gobiernos de la alternancia se distinguieron por intentar la desconcentración de facultades de la Secretaría de Gobernación; pero los resultados fueron catastróficos. Al PRI, con su nuevo desafío, se le nota la gran intención de diferenciarse del PAN [Partido Acción Nacional] y tener eficiencia en seguridad a costa de una crisis en los contrapesos”, agregó el académico.
Al cabo de tres años, sin embargo, estos súper poderes mostraron haber sido insuficientes ante la gravedad de la problemática interna que vive México, sobre todo la derivada de la impunidad con la que se han cometido en este sexenio más de 50 mil homicidios, aumento en los secuestros y, como los calificó recientemente la organización Open Society, atrocidades y crímenes de lesa humanidad contra la población civil.
“Desde el inicio del sexenio, a la Secretaría de Gobernación se le dieron facultades más contundentes para la organización de la infraestructura de seguridad pública, y uno de los más grandes flagelos es la inseguridad, la lucha con la delincuencia organizada, la delincuencia de cuello blanco”, dice Jorge Ulises Corona Ramírez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“En una rápida revisión por el trabajo de Gobernación, anotamos: la fuga de (Joaquín Guzmán Loera) ‘El Chapo’, el aumento de los secuestros, los focos de insurrección, los grupos de autodefensas, la falta de capacidad de contener la delincuencia organizada”, plantea Corona Ramírez.
El académico recuerda también que, además del combate a la criminalidad, a Osorio Chong le corresponde también, si no resolver, al menos mostrar capacidad para administrar los conflictos sociales que enfrenta la sociedad mexicana, como la imparable movilización magisterial contra la Reforma Educativa.
Trabajo que la LOAPF describe como “favorecer las condiciones que permitan la construcción de acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y de las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.
Y es que las responsabilidades del Secretario de Gobernación son tantas que, de acuerdo con la fracción XI del Artículo 27 de la LOAPF, al mismo Osorio Chong le corresponde “vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades del país”; ordenanza que, consideran los entrevistados, hace atribuible al hoy presidenciable incluso las probables corruptelas de los gobernadores Javier Duarte de Ochoa en Veracruz y César Duarte Jáquez en Chihuahua.
Aún prevenir el “el mal humor social” mencionado recientemente por el Presidente Enrique Peña Nieto, sintetiza Corona, podría ser considerado su trabajo.
“Como no ha habido capacidad de relación con los factores reales de poder en México, como la Iglesia católica, la delincuencia organizada, los estados, como no hay capacidad de contención del conflicto, el conflicto ha salido a la calle, mostrando que queda rebasada la función pública estado, que es mantener el conflicto acotado, identificado”, dice Corona.
“Pero Gobernación no logra identificar cuál es el conflicto, no se dan cuenta de que lo qué están haciendo está mal; hasta allá llega esa capacidad de no visión”, agrega.
MODELO AGOTADO
Los entrevistados coincidieron en que si bien las encuestas indicaron en el primer trimestre de este año que Osorio Chong era el priísta mejor posicionado para la elección de 2018, la serie de derrotas sufridas por el PRI el pasado 5 de junio –cuando este partido perdió siete de 12 gubernaturas; entre ellas, cuatro por primera vez– mostraron que el tricolor, en general, podría estar en problemas en la próxima contienda por la Presidencia de la República.
Y si Osorio Chong es su mejor carta, coincidieron, tendría pocos motivos para presumir en campaña.
“A finales del sexenio panista, cuando se especulaba sobre los candidatos presidenciales, en el caso de Peña Nieto como que era muy claro que había consenso, que era el modelo construido en el PRI para regresar a Los Pinos; una figura mediática, con mucho dinero público, con un tipo de personajes, discurso determinados; todo este modelo creo que ya se fracturó, lo vimos el 5 de junio, y creo que el PRI no tiene ningún modelo exitoso en estos momentos para competir en 2018, más allá de la maquinaria”, dice Aziz.
“Creo que sí están en un problema importante (…) y en ese sentido los resultados de la Secretaría de Gobernación no son como para estar orgullosos; la situación del país es muy complicada, en términos de resultados de combate a la violencia, a la penetración de estos grupos (de la delincuencia organizada); la situación está bastante deteriorada, la violación a los derechos humanos es un problema muy importante y no creo que haya nada qué mostrar”, agrega.
Corona advierte también que el electorado se mostró el 5 de junio, como han señalado otros análisis, más reflexivo, ejerciendo su capacidad de castigo. Y si bien Hidalgo fue uno de los estados que pudo retener el PRI en ese proceso electoral, plantea, los votantes lo castigaron en Pachuca, ciudad natal de Osorio Chong y donde el 5 de junio ganó el PAN después de 13 años de haber sido considerada bastión priísta.
FUENTE: SIN EMBARGO.
AUTOR: SANDRA RODRÍGUEZ NIETO.
LINK: http://www.sinembargo.mx/29-06-2016/3057696