En la sesión del periodo extraordinario se avaló con 100 votos a favor, seis en contra y dos abstenciones, la reforma que establece la creación de dicha fiscalía, cuyo titular será nombrado por el Ejecutivo federal y deberá ser ratificado por el Senado de la República. El dictamen fue turnado de inmediato a la Cámara de Diputados.
“La Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción es el órgano con autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considera como delitos en materia de corrupción”, destaca el dictamen avalado.
En tribuna, la senadora Graciela Ortiz, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que el Artículo 102 de la Constitución establece “la facultad del Ejecutivo para nombrar y remover a los funcionarios del Ministerio Público de la Federación”.
De acuerdo con la legisladora, éste debe ser “el marco jurídico vigente sobre el cual debe considerarse el presente proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y no podemos, a juicio nuestro, asumir uno diverso”, indicó.
La reforma expone que el procurador general de la República se auxiliará para el despacho de los asuntos, también de fiscales especializados y, para tales efectos, crear la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción.
El titular de la nueva fiscalía deberá ser mexicano por nacimiento, tener cuando menos 35 años cumplidos el día de la designación, contar con 10 años de antigüedad, con título profesional de licenciado en derecho, gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso.
Dicha fiscalía se auxiliará para su funcionamiento de la unidad administrativa en materia de servicios periciales, de agentes del Ministerio Público Especializados, y estará facultada para participar como integrante en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción; así como para coordinar y supervisar la actuación de la policía de investigación.
En el régimen transitorio se establece que el decreto entrará en vigor a partir del nombramiento que el Senado de la República realice del titular de la Fiscalía Especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción, y que se faculta al Ejecutivo federal para proveer de los recursos que requiera la Fiscalía para su funcionamiento.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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