Tres consejeros y al menos dos representantes de partidos se opusieron, pero la mayoría se impuso y aprobó el acuerdo, en tanto que uno de los opositores, José Roberto Ruiz Saldaña, anunció que renunciará como integrante de la Comisión de Quejas, para no convalidar una ilegalidad.
Por su parte, Pablo Gómez (PRD), Francisco Gárate (PAN) y Horacio Duarte (Morena) se opusieron al acuerdo y previeron que el asunto será resuelto por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Duarte señaló que su origen está en una disputa política entre los consejeros.
Rotación, en septiembre
El Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó –por ocho votos a favor y tres en contra de la consejera Pamela San Martín y los consejeros Benito Nacif y Ruiz- modificaciones al Reglamento Interior y al Reglamento de Comisiones del Instituto, a fin de que la rotación de las presidencias de las comisiones de trabajo se realice en la primera semana del mes de septiembre.
La razón que argumentó la mayoría es “cumplir a cabalidad” con las actividades referentes al calendario de los procesos electorales locales del presente año y garantizar la organización de los próximos procesos.
La consejera San Martín sostuvo que la ley es muy clara y sólo ante casos excepcionales se realizan ajustes y que en 2015 se dio una situación similar a la de este año, pero entonces no se tomó una medida semejante.
El consejero Benito Nacif Hernández destacó que entre la transición de un esquema de rotación a otro, este acuerdo no alcanza a tender un puente que sea armónico con la ley, por el contrario, nos ofrece una solución en un artículo transitorio, que va de hecho, contra el sentido de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Clara ilegalidad: Ruiz Saldaña
Al oponerse al acuerdo, el consejero Ruiz Saldaña argumentó de esta manera:
“Para mí es claro que se basa en una ilegalidad, porque contraviene el artículo 42, numeral 2, parte infine de la LGIPE, que expresamente señala que la duración de las presidencias, será rotativa en forma anual entre sus integrantes.
Y no sólo por cuestión de legalidad, también es una cuestión de constitucionalidad, el Proyecto de Acuerdo viola el principio de no retroactividad, artículo 14 constitucional, porque es evidente que se está disponiendo esta prórroga sobre integraciones ya formuladas.
Podría ser viable que se hiciera esa propuesta, pero de integraciones futuras de las comisiones. Es como si el legislador por sí mismo, quisiera ampliar su periodo de tres años de mandato, sin considerar obviamente, el tema de la reelección.
FUENTE: ARISTEGUI NOTICIAS.
AUTOR: REDACCIÓN.
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