CIUDAD DE MÉXICO: El choque automovilístico en el que se vio implicado Felipe Calderón en Quintana Roo, como parte de su frenético activismo político-electoral, exhibe otra vez los privilegios pagados con dinero de los mexicanos para que este personaje, que ensangrentó el país, edifique la candidatura presidencial de Margarita Zavala y reconquiste el PAN.
Este activismo de Calderón, como en el caso de Veracruz, lo desnuda también como encubridor y cómplice de delitos cuando se ostentaba como presidente de la República: Solapó el saqueo de Miguel Ángel Yunes en el ISSSTE, probado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), y sólo contempló los multimillonarios desvíos en el gobierno del priista Javier Duarte.
“¿Saben cuánto dinero retiró el gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? Tres mil 400 millones de pesos en efectivo. ¡Eso no puede ser! ¡No puede ser que un juez haya dicho que es legal!”, acusó Calderón, quien culpó al Poder Judicial de frenar la investigación, una argucia para rehuir su responsabilidad.
Pero también tras visitar Veracruz para apoyar a Yunes, quien cuando aún era priista movilizó a sus huestes para votar por él en la elección interna del PAN, en 2005 –como parte de su amasiato con Elba Esther Gordillo–, Calderón se rajó: Dijo que nunca acusó a Duarte de haber entregado el estado al narcotráfico, sino que se refería al PRI, en lo etéreo, y omitiendo –como lo hace siempre– a Enrique Peña Nieto.
Ocioso desde el 30 de noviembre de 2012, cuando le entregó a Peña la banda presidencial como parte de una alianza que inició en 2006, acreditada en mi libro “El Amasiato. El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas”, este personaje va de un lado para otro usando los recursos económicos, logísticos y militares pagados por los mexicanos para hacer campaña para su mujer y para sí mismo.
Calderón no sólo disfruta de una pensión mensual de 205 mil pesos, a razón de 6 mil 833 diarios –que millones de mexicanos ganan en tres meses–, sino que dispone de 19 funcionarios que cobran también mensualmente casi un millón de pesos y un número secreto de elementos del Estado Mayor Presidencial (EMP) que lo cuidan a él y a su parentela.
La camioneta Suburban en la que viajaba Calderón y que fue golpeada por detrás por otro vehículo sin que se aprecie el daño que sí sufrió éste, es sólo parte de la flotilla puesta a su disposición –igual que a Margarita Zavala–, quien también utiliza aeronaves para sus traslados, siempre custodiado por numerosos elementos del EMP, este ente militar que se niega a revelar cualquier información:
Alega el EMP: “(…) en el contexto actual al difundir esta información individuos y grupos delincuenciales pueden identificar a los elementos de este órgano técnico militar, quienes en su totalidad ejercen funciones operativas, menoscabando su capacidad de respuesta y haciéndolos susceptibles de cualquier atentado en contra de su integridad física, ocasionando que en determinado momento se encuentren desprotegidos y se vulnere en consecuencia su propia seguridad, afectando así la operación organizada del Estado Mayor Presidencial para cumplir con su misión (…)”
Salvo Carlos Salinas y Ernesto Zedillo, que renunciaron a la pensión, aunque gozan de personal de apoyo, Luis Echeverría, Vicente Fox y Calderón, así como la viuda de José López Portillo, gozan de privilegios que literalmente no tendrá ni Obama.
Por eso cuando los ciudadanos tienen conocimiento de los recursos públicos que absorben los exmandatarios se ofuscan, sobre todo por el contraste con los trabajadores que viven con salarios de miseria y más aún si, como Calderón –el más oneroso—, los utiliza para hacer política facciosa a favor de su mujer y de sí mismo.
En abril, el ciudadano Luigui Bavines hizo una petición en la plataforma Change.org, dirigida al Congreso, para eliminar las pensiones a los expresidentes, quienes reciben una pensión vitalicia de 205 mil 122 pesos al mes, además de seguros de vida y de gastos médicos mayores, así como elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada para su seguridad personal y la de su familia.
“Estas pensiones son inconstitucionales e ilegales. Los presidentes no pueden auto-otorgarse pensión ni utilizar elementos del Ejército para su seguridad personal y familiar”, se lee en la petición que, enseguida, hace un cotejo inobjetable:
“Si un mexicano común tiene que trabajar 25 años aproximadamente y tener 60 años para poder pensionarse con 2 mil 500 pesos mensuales aproximadamente., ¿por qué un expresidente tiene que trabajar sólo seis años para recibir 205 mil 122 pesos mensuales de por vida? ¡No es justo!”
Hasta este lunes 30, la petición de Luigui Bavines había reunido 3 mil 584 firmas, una muy pobre cantidad de adhesiones si se compara la población del país, pero que, si tuviera una difusión amplia, seguramente sería avalada por millones.
FUENTE: PROCESO.
AUTOR: ÁLVARO DELGADO (ANÁLISI).
LINK: http://www.proceso.com.mx/442309/calderon-alcahuete-yunes-complice-duarte
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